Por Felipe Osman
Mientras la mayoría de los intérpretes de las señales y movimientos que pueblan relación Córdoba-Nación leen en la postura localista del gobernador Juan Schiaretti un desaire a las pretensiones de Alberto Fernández, hay también quienes se animan a una segunda interpretación, un tanto más rebuscada, pero no ajena a la lógica de las maquinaciones políticas.
Los que así razonan entienden que si bien el mandatario provincial ha dado la espalda a la Casa Rosada en más de una ocasión al no acompañar en la Cámara de Diputados iniciativas propuestas por el Ejecutivo Nacional, estos “desaires” siempre han ido dirigidos a proyectos impulsados desde el kirchnerismo duro, aunque hayan sido presentados por el presidente como de interés propio.
Ejemplifican, llegado el caso, con dos episodios irrefutables: el caso Vicentin y la pretendida Reforma Judicial, a la que los diputados de Schiaretti ya han declarado su oposición por inoportuna, avisando que no facilitarán el quorum para su tratamiento.
Irrefutables, decimos, porque es de público conocimiento que el trunco proyecto de expropiación de la cerealera surgió de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, muy cercana la vice presidenta, y porque nadie duda tampoco de la incidencia de la presidenta del Senado en el proyecto de Reforma Judicial.
Ninguna de estas iniciativas conlleva un beneficio político para un Alberto Fernández que quisiera construir un capital político propio hacia el centro del electorado. Por el contrario, embanderarlas lo encapsula cada vez más en el cristinismo, alejándolo de la posibilidad de construir una base de sustentación propia en la cual afirmarse para dirimir las tensiones internas que existen en el seno del Frente de Todos.
Ahora bien, si en su fuero más íntimo el presidente alberga aún la esperanza de mostrar, llegado el momento, una esencia propia distinta de la que Cristina Fernández imprime al gobierno, el hecho de que existan limitaciones ajenas a él mismo que impidan el éxito de estas iniciativas (léase, la expropiación de Vicentin, la Reforma Judicial, y las que a su turno pudieran venir) tendría el efecto impedir que el propio Fernández perfeccione una trasmutación completa hacia el kirchnerismo duro sin que éste le pueda reprochar desatenciones hacia la verdadera dueña de los votos.
(Abonaría esta teoría, a entender de sus defensores, un dato: Córdoba no ha sufrido represalias -hasta el momento- por no prestar el oficialismo local su conformidad a estos proyectos. He ahí una diferencia sustancial con lo sucedido entre 2007 y 2015).
Llegado este punto, cabe preguntarse si un regreso a la moderación por parte de Alberto Fernández resulta todavía posible o si, por el contrario, el presidente ya ha dinamitado los puentes que hacia allí conducen.
Hay quienes entienden que resultaría muy difícil ahora, después de que el oficialismo ha mostrado la incidencia capital de la vicepresidenta en el Ejecutivo, retomar un discurso que apele al centro del electorado. Quienes así lo entienden señalan el Decreto de Necesidad y Urgencia del viernes último, que declaró servicios públicos esenciales a Internet, la telefonía celular y la TV paga en todo el país, como un punto de no retorno, por representar una “declaración de guerra” en contra del Grupo Clarín, el mayor conglomerado mediático del país.
Cuesta sin embargo sostener esa hipótesis por una sencilla razón: el kirchnerismo avanzó, antes de 2011, en contra del multimedios en dos oportunidades, con la creación del programa Futbol para Todos y con la sanción de la Ley de Medios, y llegadas las elecciones de 2011 obtuvo su mejor performance histórica, cosechando el 54 por ciento de los votos.
Sin embargo si hay una objeción incisiva hacia el razonamiento que ve en la posición del gobernador una actitud que, sin ser funcional al kirchnerismo, podría serlo al propio Alberto Fernández, y es que un gobierno no puede mostrarse incapaz de llevar adelante las iniciativas que se propone sin que esto repercuta directamente en la figura del presidente.
Por lo demás, cabe ensayar una última interrogante: ¿Qué hará el kirchnerismo duro si Alberto Fernández, puesto en la Presidencia como una prenda de gobernabilidad, no puede garantizarle el éxito de las iniciativas que lleva al Congreso? Y en ese escenario, ¿de qué margen gozará Fernández para incidir en el armado de las listas que se presenten en las próximas elecciones legislativas?
