Bettina Marengo
El acto que reunió al intendente capitalino Martin Llaryora y al presidente Alberto Fernández a través de una videollamada en el Cabildo, para declarar patrimonio de la ciudad a las actas del histórico juicio por La Perla, es muestra de una “gestación de relaciones” entre ambos, que no excluyen, pero no necesariamente incluyen, al gobernador Juan Schiaretti. El mandatario provincial fue invitado a participar vía Zoom a la actividad que organizó el área de Cultura del municipio, pero no asistió, pese a que estuvo en la sentencia de esta megacausa, en 2016. Tampoco fue el vicegobernador Manuel Calvo, de alta visibilidad desde que comenzó la pandemia, lo cual sorprendió a los presentes. La Provincia estuvo representada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López.
Aunque el llaroyrismo habla de emisarios propios con Nación y se menciona al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, como articulador concreto de la videollamada, la presencia de la legisladora Natalia de la Sota, quien durante la campaña electoral del 2019 fungió de vínculo local de Alberto F, le dio tono delasotista al evento. Tampoco hubo primeras líneas del viguismo en el escenario pese a que la jefa del PJ Capital, Alejandra Vigo, tiene funcionarios que le responden en el Palacio 6 de Julio.
Cerca del intendente admiten que, desde no hace mucho, hay un vínculo en construcción con AF, luego de la pelea que planteó por los subsidios nacionales al transporte. Los llaryroritas recalcan que al presidente le sirve mostrarse con el jefe comunal (“se legitima en Córdoba”, indicaron), en el marco de su inestable relación con el gobernador, y en una ciudad que no votó al Frente de Todos, con poca construcción albertista, y donde el expresidente Mauricio Macri (y ahora, el porteño Rodríguez Larreta) tienen fuertes imágenes. “A ellos le sirve para la política, a nosotros para la gestión”, sostienen, con la cabeza puesta en obras anunciadas o prometidas, que la ciudad y la Provincia no podrían costear.
Llaryora, junto a Calvo y el viceministro de Obras Públicas de la Nación, el albertista Martín Gill, son tres de los integrantes de la (no tan) nueva generación del peronismo cordobés que quieren pelear la sucesión de Schiaretti, que se reserva su rol de gran elector para después del 2021. El alcalde aspira a contar con el respaldo del gobernador y del presidente. Por ahora, hace equilibrio y no se despega del gobernador ni de Vigo, y si bien no desconfía, busca ampliar sus espaldas. Así lo entendieron a nivel nacional.
Lo cierto es que no es un dato menor que Alberto F haya participado de un acto como el del martes, con una temática -Memoria, Verdad y Justicia- donde Llaryora no es fuerte, que no integra la agenda típica de un gobierno municipal. “La relación es bastante directa con Martin, no hay grupos peronistas K, ni camporistas, ni peronistas albertistas, ni nadie”, aseguran las fuentes, aunque hay funcionarios de todos ellos en la gestión. Algunos de los interlocutores-puente son Juan Fernández, amigo presidencial y uno de los creadores del partido Parte, que encabeza el presidente, y al secretario de Salud municipal, el llaryorista sanfrancisqueño Ariel Alexsandroff.
En los últimos días hubo anuncios nacionales generosos con la Capital, como el financiamiento del 100% de la planta depuradora de aguas cloacales de Bajo Grande (y no del 66%, como estaba previsto). Además, Llaryora quiere ser el intendente que haga el Ferrourbano, una megaobra que la Nación anunció en 2007. “Lo va a hacer”, se esperanzan en el municipio. Dicen, además, que quiere construir cinco centros de salud de mediana complejidad, para lo cual necesitará plata y avales de la Nación. Por ahora, promesas en el marco del ajuste.
