La necesidad de un nuevo pacto social en torno a la Policía

Podría especularse con que la Policía no ha sido reformada, hasta el momento, porque dista de asemejarse el contra modelo de la bonaerense y tal cosa no ha sido un imperativo absoluto. Es posible. Pero esto no significa que sea un dechado de virtudes.

Por Pablo Esteban Dávila

El asesinato del joven Blas Correas a manos de un policía de la provincia de Córdoba tomó al gobierno desprevenido, sin un plan de acción claro. La estrategia, claramente reactiva, fue subordinar el episodio al ámbito de los tribunales, procurando que haya una investigación contundente para que el hecho se ventile, cuanto antes, en un juicio oral y público.

El abordaje puede que sea correcto, pero existe la sensación de que la expectativa pública está lejos de ser satisfecha. El hecho ha interpelado a la Policía como institución y, por carácter transitivo, a su jefe máximo, esto es, al gobernador. Es esta demanda, precisamente, la que se encuentra pendiente de respuesta política.

Semejante silencio es ajeno a la tradición que ha permitido al oficialismo mantenerse en el poder desde hace más de veinte años. En 1998, el entonces candidato José Manuel de la Sota venció al radical Ramón Bautista Mestre prometiendo una rebaja del 30% de los impuestos provinciales. Cumplió su compromiso en el momento mismo de asumir, firmando el decreto correspondiente ante el pleno de la asamblea legislativa y pronunciando un recordado discurso de apenas 15 minutos.

A la rebaja de impuestos le siguieron otros hitos no menos memorables. La reforma constitucional de 2001 -que estableció la Legislatura unicameral sin otras tentaciones hegemónicas-, la ley de reforma del Estado (aunque de aplicación trunca), el boleto educativo gratuito o las sucesivas reformas a la ley de jubilaciones, entre otros. Más recientemente, le cupo a Juan Schiaretti domesticar al insaciable gremio de Luz y Fuerza y, junto con el intendente Martín Llaryora, ponerle un límite impensado al SUOEM, la quinta columna de las sucesivas gestiones municipales. Ni que decir del extenso plan de obra pública llevado adelante en los últimos 10 años, que ha transformado la geografía del distrito.

Aquellos fueron auténticos pactos con la sociedad cordobesa, establecidos mediante dosis justas de innovación conservadora, tan del gusto mediterráneo. Fue la capacidad de Unión por Córdoba para renovarlos la clave de su continuidad, amén de los indudables méritos administrativos de sus diferentes administraciones.

¿Porqué no aplicar aquella fórmula a la actual coyuntura de la Policía de Córdoba? No es un territorio desconocido para el Panal. En 2015, tras un escándalo con la división de Drogas Peligrosas, De la Sota supo establecer la Fuerza Provincial Antinarcóticos, con una organización totalmente novedosa y dependiente del Ministerio Público Fiscal. Desde entonces, la FPA se ha desempeñado razonablemente, sin que su accionar haya despertado mayores controversias.

Schiaretti también supo introducir su impronta en la institución. La Policía Caminera, reestablecida en 2008, se convirtió en una suerte de paradigma nacional, destacándose por su profesionalismo y la casi inexistencia de casos de corrupción entre sus filas. Puertas adentro, sus efectivos tienen fama de ser diferentes a sus colegas de seguridad “tradicional”, un hecho que les ha conferido prestigio y confiabilidad.

Podría especularse con que la Policía no ha sido reformada, hasta el momento, porque dista de asemejarse el contra modelo de la bonaerense y tal cosa no ha sido un imperativo absoluto. Es posible. Pero esto no significa que sea un dechado de virtudes. Por el contrario, hace tiempo que no genera buenas noticias para el gobierno ni -lo que es más preocupante- para la ciudadanía.

El caso Blas Correas bien podría haber sido el disparador de una política disruptiva y no de un simple cambio en la cúpula policial, que es el expediente tradicional para calmar las aguas. No obstante, desde el poder se insiste en encapsularlo como un tema penal, dilatando las definiciones de fondo, si es que existen. Este silencio entraña un riesgo, como se adivina; el electorado podría facturarlo en la primera oportunidad.

¿Hay margen para construir un nuevo pacto con la sociedad en torno a la Policía, así como el oficialismo efectivamente pudo hacerlo en otras cuestiones? Definitivamente sí. Sin entrar en detalles excesivamente técnicos, aspectos tales como la formación de los nuevos policías, las edades de retiro o los efectivos realmente vinculados a tareas de seguridad merecen una reflexión más profunda.

Por de pronto, la institución necesita repensar como instruye a sus agentes. Es un tema demasiado importante como para dejárselo exclusivamente a la Policía, toda vez que sus integrantes portan armas y, con ellas, la posibilidad de decidir entre la vida y la muerte. ¿Cuántas veces se han revisado sus programas de estudio? ¿Se ha reflexionado suficientemente sobre el tiempo que transcurre entre el ingreso de un aspirante y su alta como servidor público? ¿Es suficiente el entrenamiento físico (y también el psicológico) para hacer frente a los desafíos del delito y de la seguridad en una sociedad compleja?

En cualquier empresa privada, el concepto “formación” ocupa buena parte de la agenda de RRHH. Las corporaciones invierten cada vez más tiempo y dinero en mantener entrenado a su personal porque existe la convicción de que el riesgo de obsolescencia en el conocimiento entraña un grave riesgo para la competitividad en los negocios.

Esta convicción tendría ser sagrada en una fuerza de seguridad. Por tal razón, la instrucción no debería ser privativa del momento de ingreso, sino representar un continuo durante toda la vida del policía, incluyendo su desempeño profesional en el sentido amplio y el mantenimiento de sus habilidades psicofísicas. No ayuda a tal cosa, claro está, el hecho de que muchos uniformados pasen años en tareas administrativas -que podrían ser ejecutadas perfectamente por civiles- o tratando de juntar algunos pesos cumpliendo funciones adicionales en bancos u organismos públicos.

En definitiva, lo que se requiere es una fuerza profesional, un valor que se adquiere con el adiestramiento permanente, los equipos correctos y una rígida adhesión a códigos de conducta. Supone concentrarse, y esto no es menor, en las funciones específicas de la seguridad, sin distraer personal policial en cuestiones burocráticas o brindar servicios a otras organizaciones en sus momentos de franco. Y, también, deshacerse de los viejos preconceptos, entre otros, el que manda a retiro a sus integrantes a los 45 años, dilapidando capacidades individuales y agregando mayores costos a un sistema jubilatorio suficientemente colapsado. Sólo rompiendo paradigmas del pasado el gobernador podrá satisfacer el masivo deseo de justicia y de contar con una Policía a tono con las exigencias de la época.