Con dos cordobeses en la cancha (y Schiaretti callado) avanza DNU

A diferencias de sus pares del PJ, el gobernador no opinó del decreto que declara servicio esencial a la telefonía, internet y TV paga. Pablo Carro, del Frente de Todos, fue vocero de la medida que ayer tuvo dictamen en la bicameral. El radical De Loredo integra la comisión de Juntos por el Cambio que saldrá con una posición crítica a la iniciativa.

Bettina Marengo

A diferencia de otros gobernadores del PJ, como el santafesino Omar Perotti o el entrerriano Gustavo Bordet, o el peronista K Axel Kicillof, de provincia de Buenos Aires, que apoyaron públicamente la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar “servicio esencial” a la telefonía, internet y TV cable, el cordobés Juan Schiaretti mantuvo silencio sobre el DNU 690 difundido el viernes, al menos al cierre de esta nota. Este diario intentó conocer la opinión de El Panal sobre la iniciativa, que tiene puntos de contacto con el plan Conectividad lanzado por la Provincia en marzo de 2018, con la idea de “garantizar el servicio de conectividad a costos razonables”, según dijo el mandatario en su momento, al anunciar una inversión de 77 millones de dólares para el despliegue de fibra óptica.

Según la CABASE (cámara que reúne a las empresas proveedoras de servicios de acceso a Internet, telefonía, soluciones de Datacenter y contenidos online, entre otras), un 37% de los hogares argentinos no tiene conexión a Internet. En Córdoba, un estudio de la Uepc, elaborado hace dos meses, señala que uno de cada tres estudiantes del secundario carece de conectividad en su casa. En ese sentido, la medida presidencial establece una suerte de “tarifa social” de los servicios comunicacionales, que se instrumentaría en la reglamentación, para facilitar el acceso.

Ayer, la Comisión Bicameral del Congreso Nacional de Control de los DNU emitió dictamen favorable al decreto presidencial, en un plenario que no contó con la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio. El presidente de la comisión, el santafesino Marcos Cleri (Frente de Todos) confirmó que los legisladores del principal bloque opositor pidieron impugnar la convocatoria, al argumentar que no se habían cumplido las 48 horas hábiles de anticipación y que el protocolo de funcionamiento virtual no estaba vigente.

Dos cordobeses tienen juego en este tema. Por un lado, el diputado cordobés Pablo Carro, del Frente de Todos, titular de la Comisión de Comunicaciones de la cámara Baja, fue designado vocero de la iniciativa a nivel parlamentario, aunque el DNU seguramente será refrendado por el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría cómoda (solo necesita el aval de una cámara). Además, el cordobés integrará la mesa de redacción de la reglamentación del decreto, donde vendrá la discusión fina con los operadores y las cámaras empresariales.

Por otro lado, el concejal radical y extitular de Arsat durante el gobierno de Maurico Macri, Rodrigo de Loredo, integrará una comisión propia que creó Juntos por el Cambio para analizar en detalle el DNU referido a los servicios de telecomunicaciones, establecer su postura definitiva y redactar un documento para su difusión. En ese grupo participará, además, la extitular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Silvana Giudici, Héctor Huici, exsecretario de TIC de la Nación, y el exministro de Modernización, Andrés Ibarra. Durante el gobierno de Macri, y mientras duró su gestión, De Loredo tuvo buenas relaciones con el actual vicegobernador y ex ministro de Conectividad de Córdoba, Manuel Calvo. Según le dijo el radical a este diario, la posición de la comisión se conocería en breve.

Carro calificó el DNU del gobierno de “decisión muy acertada” que “no afectará las inversiones del sector” porque, a diferencia del gas o del agua, no hay monopolios. Además, destacó la contradicción de la oposición, donde muchos radicas han presentado diferentes proyectos de accesibilidad de la comunicación digital. “Lo que se hizo con este decreto es declarar servicios esenciales a la telefonía, el cable e internet, lo que era ley desde 2014 con la Ley Argentina Digital, que daba facultad al Estado para regular precios y tarifas”, señaló el legislador del Frente de Todos. “Este decreto no será problema para las inversiones, ya que estas grandes empresas seguirán invirtiendo porque ponen plata donde tienen sus ganancias, y el resto del sistema comunicativo es de cooperativas o PyMEs que llegan a lugares donde a estas grandes empresas no les interesa”, acotó.