Por Felipe Osman
El vínculo que hoy une al Centro Cívico con la Casa Rosada nació trastocado o, mejor aún, así se gestó. Desde la campaña electoral previa a las PASO el peronismo cordobés fue renuente a respaldar la fórmula Fernández-Fernández, y se mantuvo firme en su decisión incluso a precio de llevar una boleta mutilada a los cuartos oscuros en un turno electoral dominado por la polarización. En rigor, era el mal menor.
Ya con los nuevos inquilinos del poder asentados en Balcarce 50, empezó un largo minué de acercamientos y repliegues que comenzó a estabilizarse, primero, con la decisión del PJ cordobés de reintegrarse al PJ nacional, asistiendo al congreso de Ferro a principios de marzo, y con la apertura del diálogo entre los conductores del justicialismo local y la diputada nacional kirchnerista Gabriela Estévez. Y luego, tras la llegada de la pandemia al país, manteniendo una actitud de colaboración plena con el Gobierno Nacional.
Pero desde entonces mucho ha cambiado. Si durante las primeras semanas de la cuarentena la imagen positiva de Alberto Fernández llegó a tocar, según algunos sondeos, el olimpo de los 80 puntos, el desgaste generado por las restricciones que impone el distanciamiento, sumado al affaire Vicentín y la proyectada reforma judicial han hecho descender esos números drásticamente.
La explicación es sencilla: en los momentos de mayor popularidad del presidente, con su vice permaneciendo alejada de las primeras planas, la idea de que el Frente de Todos era una síntesis superior al mero kirchnerismo tomó vuelo. La imagen de A.F. excedía largamente a la de su mentora, e imaginar la unidad de Hacemos por Córdoba con el Frente de Todos era imaginar la integración del espacio a uno mayor en el que, llegado el caso, debería convivir con el cristinismo, y no subordinarse a él.
Pero pasados los primeros meses de la cuarentena la agenda cambió de manos y empezó a ser impuesta por el cristinismo. Allí surgió el proyecto de expropiación de Vicentín, que naufragó antes de llegar al Congreso, aunque no sin antes minar buena parte de los respaldos que A.F. había cosechado en los meses previos. Este asunto en particular llevó a los gobernadores que deben cuidar de su relación con el campo a una situación sumamente incómoda, de la que Juan Schiaretti salió postergando cualquier toma de postura, aunque advirtiendo que, llegado el caso, no traicionaría a su electorado.
Tras este episodio llegó otro, una mega-moratoria ideada para beneficiar, entre otros, al empresario oficialista Cristóbal López. Este proyecto fue respaldado por los diputados de Hacemos por Córdoba por una sencilla razón: no es un tema sensible para el común de la gente. Pero la seguidilla no se detuvo allí, y el oficialismo nacional siguió (y sigue) empecinado en llevar adelante una reforma judicial que es percibida por gran parte de los cordobeses como un ardid para garantizar la impunidad de la vice presidenta, sin atender al más mínimo criterio de oportunidad, sin ir en busca de un consenso amplio, sin dar participación a todos los sectores en la redacción del proyecto, y sin justificar serias contradicciones entre los objetivos expresados y los medios elegidos para alcanzarlos.
En resumen, lo que se percibe es un copamiento de la agenda gubernamental por intereses propios del kirchnerismo duro, y un A.F. -al menos en apariencia- subordinado a ese sector.
Una composición del oficialismo nacional de esta naturaleza resulta muy diferente a la que empezaba a vislumbrarse entre marzo y abril, cuando un acercamiento completo, o casi completo, entre Hacemos por Córdoba y el Frente de Todos parecía muy cercano.
El presidente no logró consolidar su liderazgo dentro del Frente de Todos, Schiaretti ratificó su alianza con el campo, y la preeminencia de CFK en el oficialismo nacional impide al peronismo de Córdoba acercarse a la Casa Rosada.
Si se interpreta todo este escenario desde Córdoba lo que salta a la vista es que si el gobernador decidiera iniciar un acercamiento completo con el Gobierno Nacional, dando la espalda a buena parte de su electorado, abriría una hendija sobre la cual la oposición podría trabajar con comodidad. (Nota: en ese sentido puede ser interpretado el experimento lanzado por las usinas del PRO semanas atrás, jugando con la idea de una candidatura de Mauricio Macri a una senaduría cordobesa en 2021).
Por otro lado, también cabe atender a dos circunstancias: la primera, el acuerdo con los bonistas internacionales dejó preparado el terreno para que la Provincia reestructure su propia deuda en dólares, distendiendo, en alguna medida, las urgencias financieras que atraviesa el Centro Cívico. La segunda, la impresión de cuasi moneda es un recurso de “última ratio”, que buscará ser evitado, pero no deja de ser un recurso para ganar en autonomía si, puesto a decidir, el peronismo local decidiera mantenerse cerca de su electorado incluso a precio de desairar al presidente.
Analizadas las circunstancias extremas en las que podría desembocar la relación entre El Panal y Balcarce 50, cabe abordar una alternativa diferente, que por estos días puebla las conversaciones de muchos peronistas cordobeses: la unidad partidaria, aunque no electoral. Una unidad del PJ Córdoba con un PJ Nacional, probablemente presidido por Alberto Fernández, mediante la cual el peronismo local mostraría su respaldo al presidente, sin caer en una integración electoral con el Frente de Todos que le hiciera pagar los costos de unirse el kirchnerismo duro, objeto de justificada aversión por parte mayoritaria de los cordobeses.
