Tarifas congeladas: los subsidios terminarán en 2,7% del PBI

La decisión del Gobierno de mantener el freno hasta, por lo menos, diciembre implica usar unos $681 millones diarios sólo en electricidad. Ya se superó el presupuesto estimado para todo el año. No hay señales de cómo se resolverá el tema hacia adelante si el objetivo es reducir el rojo fiscal.

La pandemia y la cuarentena agravaron la situación de las finanzas públicas argentinas, ya que hay menos actividad e ingresos a la vez que crecen los gastos. En el primer semestre el déficit alcanzó el 3% del PIB y, en ese marco, cobran importancia los subisidios destinados a mantener congelados los precios de la energía (gas y luz) y el transporte. La decisión del Gobierno fue mantener sin cambios los valores de esos servicios y ese plazo se fue ampliando, primero vencía el 20 de junio y después pasó hasta el 17 de diciembre de 2020. La Nación destina $681 millones por día a que no suba la factura de electricidad.

El dato se desprende del programa “Formulación y aplicación de la política de electricidad”, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Ya se usaron $152.000 millones, 108% más que en la estimación original. Al ritmo actual, el gasto total sólo en subsidios de electricidad ascendería a unos $240.000 millones.

Aunque es obvio, vale repasar que lo que se congela es el precio que pagan los usuarios residenciales, no obstante, el costo del servicio se sigue moviendo al ritmo de variables como la inflación y el valor del dólar en los casos en los que se requiere de insumos importados. La diferencia es pagada por el Estado.

Un trabajo del Iaraf señala que un ejemplo de esta dinámica se da en la comparación entre la evolución reciente del índice de precios al consumidor (IPC) y el de precios regulados. Hasta julio de 2019, las tarifas crecían por la inflación para reflejar la evolución del verdadero costo de servicios como la energía y el transporte, y con la finalidad de reducir el déficit fiscal asociado a la cobertura de las diferencias. A partir del primer congelamiento de 2019 –resuelto por la administración de Mauricio Macri-, el índice de precios regulados queda prácticamente fijo y su variación interanual cae por debajo de la variación interanual del IPC. La diferencia entre ambos es de 20 puntos.

En junio se gastaron $63.516 millones para cubrir subsidios económicos, de los que $48.685 millones corresponden a subsidios a la energía y $14.736 millones a transporte ($95 millones para el resto de funciones). Así, ese ítem creció 89% interanual. La variación real de los subsidios económicos fue del 32,5%.

En el acumulado de los primeros seis meses de este año hay una variación del 120% respecto al mismo período de 2019. En términos reales, el crecimiento de los subsidios es del 50%. Tanto los destinados a la energía como al transporte, tuvieron un alza nominal en junio: 114,8% y 37,9%, respectivamente.

Por sexto mes consecutivo, en su totalidad el incremento nominal interanual estuvo por encima del 75%. Los subsidios a la energía registraron una tasa de crecimiento muy por encima de la de los del transporte, que incluso en junio tuvieron una leve caída en términos reales (lo mismo que en enero). En junio, a pesar de que las variaciones son altas, se observan tasas de crecimiento que son casi la mitad de las observadas en abril y mayo.

La suba del dólar y el shock del COVID-19 desencadenaron cambios en la política fiscal en general y en la de subsidios en particular. El Iaraf advierte que este año traerá un alza real de los subsidios económicos y, por lo tanto, una mayor participación en relación al PIB. En el primer semestre ya acumularon 1% del PIB y, para lo que resta del año, hay dos cuestiones que harían aumentar el gasto en subsidios. En primer lugar, al tener tarifas congeladas por los próximos seis meses, la porción subsidiada de la factura de energía será cada vez mayor a medida que los costos aumenten (en dólares o en pesos).

Por otro lado, debe considerarse que la segunda mitad del año suele ser estacionalmente una etapa de más aportes: si se toma una proyección inflación anual del 40%, los subsidios económicos podrían escalar a valores cercanos al 2,7% del PIB, superando así a lo observado en 2017, 2018 y 2019 (años en los que se fueron actualizando las tarifas). Con todo, quedarían 0,9 puntos porcentuales del PIB por debajo de la relevancia que tuvieron en 2016.