Mesa del Congreso reclamó al Comité reincorporar a negrista

La mayoría que conduce De Loredo intervino en un asunto abierto por el mestrismo, que en diciembre pasado suspendió a De Ferrari de la vicepresidencia 1° del Comité Central

Por Alejandro Moreno

La Mesa del Congreso de la UCR, que preside Rodrigo de Loredo, resolvió ayer indicar al Comité Central (cuyo titular es Ramón Mestre) la reincorporación de la vicepresidente 1°, Patricia De Ferrari, quien fue suspendida por integrar el bloque de Juntos por el Cambio, y no el del radicalismo, en la Legislatura provincial.
La decisión es un nuevo capítulo en el duelo que vienen protagonizando De Loredo y Mestre por el control de los pasillos de la Casa Radical, mientras todos tejen y destejen pensando en la elección interna del 6 de diciembre (esta fecha surgió, precisamente, de otro tironeo entre ambos en el que se impuso el actual concejal). Los miembros mestristas de la Mesa no votaron.
La Mesa tomó el asunto luego de que Morena, el grupo que lidera Mario Negri, reclamara al Comité Central por la reincorporación de De Ferrari, quien se encuentra suspendida desde el 12 de diciembre del año pasado, pero respecto de su sanción la Justicia Federal, en marzo, falló que la sanción no correspondía que fuera establecida por el Comité Central.
Por ello, la Mesa se dirigió ayer al Comité planteando que habiendo una resolución de la Justicia, corresponde que De Ferrari regrese a su silla.
De Ferrari había escrito una carta al presidente del Comité Central, Ramón Mestre, y al secretario general, Alberto Zapiola, en la que subrayara: “teniendo en cuenta lo resuelto por el juez federal con competencia electoral, declarando la nulidad de la resolución ilegítima del Comité Provincia, resolviendo mi suspensión en el cargo, como también considerando las posiciones políticas determinadas por el Comité Provincia, dictando resoluciones como la 6/20 que llama a elecciones internas, que marcan absolutamente un camino de renovación, privándome de participar de las deliberaciones a pesar de contar con la decisión de la Justicia, y aún más grave, no citándome como secretaria del Comité, cuando estoy habilitada para ello, es que solicito la inmediata reincorporación al Comité Central del partido”.
Luego, sostuvo que “entendiendo que, si preocupa mucho a las autoridades el debido respeto a la Carta Orgánica, mayor preocupación les debe generar cercenar mis derechos políticos partidarios y ejercicio de mi actividad política, cuando debieron cumplir con las decisiones de la Justicia electoral a la cual se están dirigiendo con la resolución tomada sin mi participación”.
“Corresponde sea inmediatamente reincorporada, para ejercer el cargo al que fuera elegida, más aún cuando debe también respetarse la igualdad de oportunidades con igualdad de género, hoy la presidencia y vicepresidencia están en manos de varones, violentando, nuevamente, la igualdad de género”, concluyó, mezclando una cuestión de agenda políticamente correcta que seguramente no viene al caso.
Cabe recordar que en marzo, en uno de los últimos días antes del dictado de la cuarentena, el juez federal con competencia electoral, Ricardo Bustos Fierro, concluyó que “surge en el presente caso que el accionar del Comité Central excede a todas luces el ámbito de su competencia, al disponer la suspensión de la vicepresidenta 1° Patricia de Ferrari Rueda, siendo dicha atribución propia y exclusiva del Tribunal de Conducta, como resultado de un debido proceso, esto es acusación, audiencia, prueba y sentencia”.
El artículo 28 de la Carta Orgánica de la UCR faculta al Comité Central “a resolver en el ámbito de su competencia las divergencias o conflictos que puedan plantearse en o entre los organismos partidarios”, pero Bustos Fierro apuntó que “la facultad a que hace mención el artículo citado, tiene como objeto regular las relaciones en y entre los órganos partidarios; dirimir las cuestiones internas de ninguna manera puede interpretarse como la facultad de dictar sanciones disciplinarias, como se pretende”.
Además, recordó que el artículo 50 de la Carta Orgánica determina que al Tribunal de Conducta “corresponde instruir y juzgar de oficio o por denuncia que reciba de afiliados, la inconducta o indisciplina, faltas graves en el desempeño del cargo que ocupa” un determinado dirigente. En conclusión, “el Comité Central carece de facultades para imponer sanciones disciplinarias”.