Vivienda social: sale más barato una empresa formal que una organización social

El análisis incluye la recuperación de recursos por parte del Estado si la ejecución la encaran firmas inscriptas. Sin tener en cuenta esa dinámica, los números quedan a favor de las organizaciones. La clave es generar empleo en blanco. Cinco por ciento menos en una evaluación integral y sino, tomando lo estrictamente presupuestario, 52% más una compañía.  

viviendaEl Gobierno nacional se prepara para relanzar la obra pública; un primer paso fue la presentación del nuevo ProCrear pero ahora se esperan más líneas en un intento de reactivar la economía. En ese contexto es un tema en análisis el rol que tendrán (o no) las organizaciones sociales; la Cámara Argentina de la Construcción delegación Córdoba, junto a los sindicatos Uocra y Uecara del interior presentaron una investigación que muestra que en la evaluación final de costos, conviene ejecutar las viviendas sociales con empresas formales.

Un estudio del Foro de Análisis Económico –a cargo de la consultora Economic Trends de Gastón Utrera- sobre la construcción de vivienda social con empleo formal señala que cuando se computan correctamente todos estos costos, incluyendo los de asistencia sanitaria y ayuda social que terminan cubriéndose con fondos públicos cuando los trabajadores son informales, trabajar con empresas sale cinco por ciento menos.

Las principales diferencias están en los costos sanitarios, en las contribuciones patronales al sistema previsional, el aporte al régimen de asignaciones familiares y el aporte al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados que se abonan en el caso de la empresa, pero no si la construcción está a cargo de una organización informal. Además, los gastos administrativos, impuestos, margen de utilidad, cobertura de imprevistos, entre otros, son contemplados sólo con una constructora.

El costo total por metro cuadrado en el caso de la empresa es de $ 48,632.16, mientras que en una organización informal es de $ 32,081.41 si el análisis es estrictamente presupuestario, lo que implica que una firma es 52% más cara pero si se hace una evaluación integral de costos de una vivienda social, es decir, teniendo en cuenta todos los impactos económicos, independientemente de quién los erogue, el costo total por metro cuadro sería de $ 35,695.40 en el caso de la empresa y de $37,540.18 en el caso de la organización informal, quedando la contratación de una compañía cinco por ciento abajo.

Desde el Foro indican que el Estado entiende que puede lograr una optimización presupuestaria en el sentido de construir con el mismo dinero más viviendas a través de organizaciones sociales que a través de las empresas pero que esa conclusión es porque el estudio “no analizan costos que terminan siendo transferencias de recursos públicos a las compañías, que luego son recuperados por el erario público en la forma de recaudación tributaria”.

En el informe se mencionan otras investigaciones sobre la precariedad de las ocupaciones generadas por las organizaciones sociales y la  dificultad para construir viviendas con un mínimo de eficiencia y calidad. Hay un reporte de María Cristina Cravino (CONICET), Viviana Moreno (Universidad Nacional de General Sarmiento) y Valeria Mutuberría Lazarini (Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini), quienes estudiaron el Programa Federal de Emergencia Habitacional por Cooperativas de Trabajo (PFEH), conocido como “Techo y Trabajo”, que funcionaba bajo la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con el objetivo de “hallar una solución para la emergencia habitacional y laboral a través de la participación de los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar y Desocupados” organizados en cooperativas de trabajo.

Las organizaciones sociales debían llevar adelante la construcción de las viviendas, la distribución y conexión domiciliaria de las redes de agua potable, las redes de cloaca y conexión domiciliaria que podía sustituirse con pozo absorbente o digestor, la construcción de vereda y la instalación de pilares de electricidad y gabinetes de gas y cordón cuneta.

En la evaluación las investigadoras plantean que algunas de las organizaciones sociales “fracasaron en su intento de construir viviendas, en buena medida por la escasa capacidad de gestionar recursos de tal envergadura y por falta de apoyo técnico. Debemos recordar que el programa no contemplaba el pago de arquitectos u otros profesionales que orientaran la obra”.

También indican que los entrevistados relataron los problemas que tenían “para cumplir con las metas con el escaso presupuesto con que contaban, de las dificultades en las rendiciones cuando se intentaban hacer compras por un conjunto de cooperativas, cuando la rendición era una por una. Es decir, tuvieron que asumir diversos aprendizajes en la marcha de la ejecución de las moradas. En este sentido, nos expresaron las dificultades de mantener la obra cuando las gestiones entre los niveles nacionales, provinciales y municipales no estaban ‘aceitadas’”.