Las consecuencias de la nueva normalidad: todos somos delincuentes en potencia

El caso del adolescente asesinado por la policía es una consecuencia de convertirnos en delincuentes en potencia bajo la excusa de proteger la salud pública.

Por Javier Boher
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Para muchos resulta fácil achacar todos los males a la cuarentena o a la pandemia, según de qué lado de la grieta lo agarró el coronavirus. Sin embargo, hay cuestiones que van más allá de esa dicotomía, ancladas más profundamente en el funcionamiento de la sociedad.

Pese a ello, la situación atípica de los últimos meses ha ido perturbando la tranquilidad de todos, alterando la forma de ver las cosas. La criminalización de la vida cotidiana ha sido, probablemente, lo peor que nos ha tocado vivir hasta ahora.

Por las disposiciones de las autoridades, todo lo que hasta marzo era normal, hoy ya no lo es. No se puede visitar a la familia, practicar deporte o reunirse para contemplar una exhibición artística. Hemos sido deshumanizados de golpe, arrancados de aquellas cosas que los convierten en personas.

Por supuesto que eso alcanza a todos los miembros de la sociedad. Así como el grueso de los ciudadanos hemos sido despojados de nuestras libertades más elementales, los políticos que deciden por nosotros lo hacen ante el temor de perder elecciones futuras, condicionando con su falta de aplomo y coherencia a las instituciones responsables de la aplicación de las normativas.

Las idas y vueltas en los protocolos, los cambios de fase a confusos grises de difícil interpretación y el hartazgo por una situación que nos afecta más allá de las ocupaciones, han convertido a cada ciudadano en un delincuente en potencia. Esto, que parece una exageración, es la consecuencia de la improvisación. A esta altura, nadie sabe a ciencia cierta si está transgrediendo una norma, o incluso peor: da por sentado que lo está haciendo.

Ese agotamiento mental de los ciudadanos y las fuerzas de seguridad terminó desembocando en el lamentablemente suceso sobre el que tanto se cronicó ayer, por el que un adolescente fue asesinado por una bala policial.

Aunque los hechos de tales características no son parte del repertorio de este medio, las implicancias sociales y políticas sí lo son. El hecho es de una gravedad inobjetable, con una pérdida que no puede ser compensada de ninguna forma por las autoridades. Aunque los responsables sean juzgados y condenados -si efectivamente se comprueba su culpabilidad en el incorrecto uso del arma- la ausencia de un hijo, un hermano o un amigo no se cubre con años tras las rejas para los responsables.

La situación es un desenlace de alguna manera esperado por todos los que hace meses venimos hablando de los excesos de las fuerzas de seguridad en su tarea de sostener un estilo de vida artificial, contradictorio con los valores de una sociedad libre y democrática.

Los protocolos sobre el uso de armas de fuego no están claros, pero tampoco está claro que los policías reciban contención en un contexto tan delicado como el de los últimos meses, en donde se los ha empoderado por encima de lo habitual con la excusa de proteger la salud pública.

El caso no es el primero, así probablemente tampoco sea el último. Lo que sí debe ser, es una oportunidad para debatir las formas y alcances de una cuarentena que progresivamente va enloqueciendo a las personas, que desean volver a algún tipo normalidad, sin tener que estar contando muertos por la televisión ni recibiendo comunicaciones sobre retenes policiales, calculando qué días se puede salir a caminar, evitando las reprimendas por llevar a los chicos a la plaza o soportando ataques por ser personal de salud de una institución complicada con el manejo de la pandemia.

Saber que cualquier cosa puede ser delito es casi lo mismo que decir que nada lo es, porque no sabemos qué está bien, qué está mal o quién nos va a decir cuál es la diferencia entre una y otra cosa. Hasta que en medio de esa locura, todo termina en un muerto por gatillo fácil, que nos recuerda lo lejos que ha quedado la normalidad.