La politización del COVID en la ruta 9

Visto en retrospectiva, los primeros veinte días de cuarentena parecen una etapa idílica. Convocados por el presidente de la Nación a hacer frente a una emergencia inédita, millones de argentinos se encerraron en sus casas para evitar la propagación del esquivo coronavirus.

Por Pablo Esteban Dávila

Visto en retrospectiva, los primeros veinte días de cuarentena parecen una etapa idílica. Convocados por el presidente de la Nación a hacer frente a una emergencia inédita, millones de argentinos se encerraron en sus casas para evitar la propagación del esquivo coronavirus. La clase política, sin distingos, depuso cualquier conducta facciosa y apoyó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Durante aquel tiempo, el país se mostró unido a enfrentar la amenaza invisible.

Superados aquellos tiempos primordiales, hoy sólo se escuchan lamentos por la prolongación de este estado de cosas. El gobierno de Alberto Fernández ingresó decididamente en la cuarentena sin saber como haría para salir de ella. Las consecuencias están a la vista: la economía por el piso, desempleo galopante, inseguridad por todos lados y miles de quebrantos a lo largo del país, esto sin contar las consecuencias psicológicas del aislamiento.

Tampoco quedan rastros de la inédita concordia política inaugurada el 20 de marzo. La oposición volvió por sus fueros cuando fue evidente que Cristina y Alberto pensaban utilizar la coyuntura para llevar adelante decisiones controversiales, como lo fue el caso de la expropiación de Vicentin. Adicionalmente, comenzaron a escucharse múltiples voces preguntando si, acaso, tenía sentido mantener el confinamiento por tanto tiempo, dadas las consecuencias a la vista. La consigna vida versus economía -con la que el presidente intentó galvanizar el respaldo popular en los primeros tiempos- se transformó en un cliché pasado de moda con el decurso de las semanas. En su lugar, comenzó a tomar forma un creciente consenso sobre que esta dicotomía, en definitiva, no era tal; sin una economía viable, la vida corre también peligro.

La inevitable relativización del peligro de la pandemia derivada, paradójicamente, de las continuas prórrogas de la cuarentena, ha generado otro tipo de polémicas, ahora centradas en las medidas que toman las autoridades sanitarias en el terreno. Distritos conceptuales que, históricamente, eran dominio del intendente, el gobernador o la legislatura se encuentran, en la actualidad, bajo el poder del COE, acrónimo del Comité de Operaciones de Emergencia. Este organismo, constituido al solo efecto de enfrentar las amenazas del virus, se ha transformado, en los hechos, en una suerte de gobierno no electivo y dueño de inéditas facultades, tales como, por ejemplo, decidir quiénes pueden trabajar, cuantas personas deben reunirse, disponer clausuras diversas o, como lo ha hecho recientemente, continuar separando a las familias ya distanciadas por las restricciones en vigor.

Estas acciones, soportadas con comprensible estoicismo en los primeros tiempos, caen también dentro del terreno del hartazgo social. De haber sido considerado la quintaescencia de la racionalidad sanitaria, el COE se encuentra ahora en la mira de mucha gente, especialmente de los opositores.

Algún indicio se ha visto de este fenómeno con la insurgencia de los intendentes Pedro Dellarossa y Carlos Brinner, de Marcos Juárez y Bell Ville respectivamente. El primero dispuso la reapertura de los comercios clausurados por el COE a inicios de julio, mientras que el segundo informó que no pensaba aplicar el régimen de multas establecido para quienes violaran algunas de las prohibiciones en curso. Algunos otros están dispuestos a considerar la rebeldía si el comité llegara a inmiscuirse con la vida social y económica de sus ciudades.

No es casual que tanto Dellarossa como Brinner sean opositores, ni que ambos gobiernen localidades que se encuentran sobre el corredor de la ruta 9. El Covid-19 se mueve con mayor fluidez a lo largo de las vías que conectan la ciudad de Buenos Aires con el resto del país. Esto determina que los intendentes situados a lo largo de este corredor se encuentren profundamente preocupados por posibles brotes en sus jurisdicciones y, quizá todavía más, por las consiguientes medidas del COE.

Como a toda acción le sigue una reacción, en las ciudades opositoras comienzan a velarse armas ante la posibilidad de correr la misma suerte que Oliva o Marcos Juárez, por mencionar dos ejemplos recientes. En ellas comienza a advertirse una desconfianza popular sobre la pertinencia de regresar de fase y causar, mediante este retroceso, mayores males que los que se pretende evitar. El antecedente de Dellarossa, sucesivamente vivado por sus ciudadanos e imputado por la justicia, es visto por muchos de sus colegas como un sacrificio válido para recuperar la iniciativa perdida en cuatro meses de excepción.

Es claro que el panorama político ha perdido homogeneidad y que ya comienzan a estructurarse las estrategias para las elecciones de medio término del próximo año y que, dentro de ellas, las secuelas instituciones y económicas de la cuarentena jugarán un rol importante. Sin embargo, y a diferencia de otras elecciones, en estas los intendentes tengan, probablemente, más que decir que legisladores o autoridades partidarias respecto a asuntos tales como la libertad o el avasallamiento de las autonomías locales.

Esto se explica fácilmente. Cuando el coronavirus infecta a una ciudad, el intendente pierde, casi que automáticamente, su poder sobre el distrito, a menos que se allane a las instrucciones del COE. Pero esto tiene su precio, como se ha advertido en Marcos Juárez. En ese contexto, las actitudes de resistencia pueden tener su correlato de fama y, con ella, la posibilidad de jugar en ligas mayores.

Las represalias no constituyen variables de peso. El gobernador no puede ser más papista que el papa en materia de restricciones, dado que comparte electores con muchos de los intendentes que están dispuestos a desafiar las instrucciones de los sanitaristas. Esto limita, de alguna manera, escaladas inmanejables en los posibles conflictos, algo que también podría aplicarse a las relaciones entre la Nación y las provincias que, por cualquier motivo, se muestren menos proclives a mantener rígidas interdicciones. Aunque parezca prematuro, el Covid-19 infectará la política futura, en proporciones que, de momento, son impredecibles.