El G6 busca acuerdos pos pandemia con la CGT

Las cámaras empresariales de Córdoba quieren seguir los pasos de AEA y acordar puntos de trabajo con la central obrera cordobesa. Avanza articulación con la Mesa de Enlace y rechazo a reforma judicial. Sin saludos por el acuerdo con los bonistas.

Bettina Marengo

Con el modelo de las reuniones de AEA con la conducción de la CGT nacional, el Grupo de los 6 (G6) que nuclea a las seis principales cámaras empresariales de la provincia, quiere generar encuentros con la CGT Regional Córdoba, para llegar a “consensos” en el escenario laboral pospandemia. Todavía en estado embrionario, la iniciativa goza del acuerdo de todos los sectores de la entidad empresarial, que hasta ahora ha tenido trato distante con las organizaciones de los trabajadores. Un funcionario del gobierno de Juan Schiaretti oficiaría de puente.

El último cruce no fue feliz. El G6 aplaudió el recorte del intendente capitalino Martín Llaryora sobre los empleados municipales, y la central obrera que encabeza el legislador peronista José Pihén dijo que los empresarios carecen de “autoridad moral” para pedir ajuste de gastos, cuando son los principales beneficiarios de la ayuda del gobierno nacional.

“Condiciones más flexibles para trabajar en la nueva realidad”, adelantó un empresario a Alfil, que admitió que las leyes marco del trabajo, y muchos convenios colectivos de los sectores representados en la CGT son de orden nacional. Como la ley de teletrabajo, recientemente sancionada por el Congreso, para la cual la Bolsa de Comercio de Córdoba pidió el veto presidencial con una carta dirigida a Alberto Fernández, aunque el reclamo fue impulsado también por las otras cámaras del Grupo: UIC, de la Construcción, Fedecom, de Comercio y de Comercio Exterior.

La línea del G6 está calcada de la AEA, la asociación empresaria nacional con menos sintonía con el gobierno de Frente de Todos: la reactivación pospandemia vendrá del sector privado, sostienen. “Sin empresas no hay industrias y sin industria no hay trabajo”, afirman los más habladores. En tanto, la Regional Córdoba tiene pocos vínculos institucionales y políticos con la CGT nacional y con los “gordos”, y parte de su conducción está alineada a Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner y es crítica de Schiaretti, como el caso de los secretarios adjuntos Juan Monserrat e Ilda Bustos.

Justamente lo contrario al G6, que fue una de las pocas entidades empresariales que no se congratuló con el gobierno nacional por el acuerdo con los bonistas extranjeros, alcanzado a inicios de esta semana. Sí lo hicieron la AEA, la UIA y muchos empresarios nacionales a título personal, casi sin grieta.

A partir del fallido anuncio presidencial de intervención y expropiación de Vicentin, la entidad profundizó su articulación con la Mesa de Enlace del sector rural. La idea es seguir en esa línea de acercamiento con las organizaciones del campo. En la última reunión, resolvieron salir con un documento de rechazo al proyecto de reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo. Como en el posicionamiento por Vicentin, podría ser en forma conjunta con los ruralistas. El acuerdo para fijar posición macro siempre está, aunque al interior de algunos sectores critican la falta de foco del G6 en los temas de interés directo para las diversas actividades económicas.

La oposición al gobierno nacional por parte del empresariado cordobés de distintos tamaños apenas tiene matices, pero en general no se blanquea como entre sus pares nacionales. En el G6 la mayoría es anti K, y por extensión, anti AF.

En cambio, ponderan la “excelente” relación con Schiaretti y sus funcionarios, desde el titular de Industria y Comercio, Eduardo Accastello, hasta el de Ciencia y Técnica, Pablo de Chiara, pasando por secretarios y subsecretarios, muchos de los cuales provienen de filas empresariales. Y al schiarettismo acuden cuando buscan intervenir en proyectos de ley del Congreso, como sucedió en estos días con la modificacion de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS): un delegado empresarial se reunió con el delegado de una diputada para manifestarle el rechazo del G6 a la regulación del régimen de las SAS, impulsada por el Frente de Todos, que tiene media sanción del Senado y está en agenda en la cámara baja.