Por Felipe Osman
Tomar el control de los Centros de Participación Comunal sigue siendo una tarea pendiente para el peronismo, que si bien ha desplegado en las direcciones y subdirecciones de los CPC a dirigentes propios, no logra romper el cerco que el Suoem ha tejido alrededor de los mandos medios, sin cuya colaboración se torna prácticamente imposible gestionar estas delegaciones del Palacio 6 de Julio.
Esto, desde luego, se suma a los obstáculos planteados por las internas propias, que cunden en el seno del PJ, y que varias veces enfrentan a los propios directores con sus segundos. La explicación más habitual: en varios CPC director y subdirector provienen de la misma seccional. En otras palabras, trasladan las disputas del territorio a las oficinas.
Pero más allá de las tensiones intestinas que existen en toda fuerza política, la mayor dificultad está dada por una circunstancia obvia: la municipalidad ha sido gobernada los últimos 16 años por el juecismo y la UCR, y si se desagrega el periplo de Germán Kammerath al frente del Palacio Municipal, las administraciones radicales se suceden desde el regreso de la democracia. En resumidas cuentas, la abrumadora mayoría de los empleados municipales son juecistas o radicales, y difícilmente se avengan, de buenas a primeras, a cooperar con una administración peronista.
Y menos aún con una que desató un profundo conflicto con el Suoem que, aún perdidoso, conserva un considerable poder para apuntalar en puestos de mando a alfiles propios. Nada extraño a la lógica de un sindicato que siempre ha apuntado a imponer un cogobierno a las gestiones que se lo permitieron y hacerse de veedores que le provean de información de primera mano y estén, llegado el caso de que resulte imprescindible, dispuestos a traspapelar un expediente.
Varios directores señalan lo siguiente: en pasadas gestiones, la mecánica para conseguir el pase de un empleado de una repartición a un Centro de Participación Comunal o de un CPC a otro resultaba bastante sencilla. El empleado solicitaba al director “X” su traslado al CPC del director “Y” por razones de servicio. El primero aceptaba, el segundo confirmaba y el superior jerárquico de ambos simplemente tomaba conocimiento del traspaso. Escrita o no, esa era la práctica. Así, cada director podía gestionar junto a colaboradores de su confianza o empleados munidos de tal o cual pericia que resultaba necesaria para desempeñar una determinada tarea.
Esta operación, sin embargo, está ahora vedada.
Algo similar pasa con los mandos medios interinos, cuya designación solía competer a los directores de cada CPC, que así podían armar los equipos de trabajo que creyeran convenientes para su gestión. Potestad que, por otro lado, parece indispensable si se tiene que gobernar rodeado de partidarios de otras fuerzas y sin quedar atrapado entre los intereses de un sindicato con amplia ascendencia en cada repartición.
Sin embargo, y según apuntan varios directores de CPC, esto tampoco resulta posible, al menos hasta ahora.
Con la anunciada reapertura de algunas oficinas en cada Centro de Participación Comunal a partir del próximo lunes se abre además otra interrogante: ¿Qué pasará con los cargos anulados por el Palacio 6 de Julio sin los cuales dichas oficinas no pueden funcionar? Si no ha habido traspasos, lo más probable es que vuelvan a ser ocupados por quienes solían detentarlos.
Ahora bien, los CPC no son una repartición más dentro de las tantas que integran la Municipalidad, sino que tiene dos particularidades que los hace estratégicos: en primer lugar, tiene frondosos organigramas en los que, algunas veces, hay más jefes que subordinados. Es decir, acumulan muchísimos cargos jerárquicos, con los mayores costos que esto trae aparejado. En segundo lugar, son muy importantes para el juego territorial, ya que -emplazados en las distintas seccionales- están en contacto permanente con los centros vecinales, la primera piedra en la construcción político-territorial de cualquier partido y un “recurso” elemental en las campañas electorales.
