Por Bettina Marengo
Fortalecido políticamente y con el Frente de Todos sintonizado por el acuerdo con los bonistas extranjeros, el presidente Alberto Fernández defendió el proyecto de reforma judicial que envió al Congreso, y dijo que el país “no tiene tiempo para perder” en las reformas estructurales que necesita.
Sin embargo, en un mensaje más destinado a los dudosos y a la comunidad jurídica que a los opositores, sostuvo que la iniciativa está al debate. “Que corrijan, si hay que algo que corregir, si lo pueden hacen mejor”, manifestó, aunque el aspecto de la reforma vinculado a los posibles cambios en la Corte Suprema no es parte del proyecto de ley girado al Parlamento.
En declaraciones al periodista Gustavo Silvestre, del Canal C5N, Fernández aseguró que el texto en debate “está hecho con total objetividad” y mencionó que su gobierno tomó aportes del proyecto Justicia 2020 del PRO para ampliar los juzgados federales del interior, y de integrantes del Consejo de la Magistratura para la unificación de los, fueros Civil, Comercial y Contencioso Administrativo. La primera parte es la fusión de los juzgados federales de Comodoro Py con otros fueros penales de la Ciudad, con creación de nuevos juzgados.
A diferencia del proyecto Vicentin, donde AF abrió las puertas a un “plan superador” a la intervención y la expropiación de la cerealera, con este proyecto parece estar dispuesto a aceptar cambios, pero no a resignarlo ni a modificarlo estructuralmente. “La justicia federal afecta a la gente común, no solo a los funcionarios públicos”, ciudadanizó el mandatario.
Con la dispersión de votos aliados al oficialismo en Diputados (en el Senado la aprobación está allanada), los jefes del Frente de Todos en la Cámara Baja van a necesitar política, precisión y acuerdos para reunir el número salvador de 129 legisladores para el quorum. Los bloques más grandes del andarivel del medio, el Interbloque Federal y Unidad Federal, tienen votos “situados” en cada caso. Por ejemplo, los diputados Beatriz Ávila y Antonio Carambia, del sector que preside el mendocino José Luis Ramón, que venían acompañando al gobierno nacional, dejaron “a pie” a Máximo Kirchner, presidente del bloque Frente de Todos, en la sanción la ley de la moratoria fiscal, previsional y aduanera. Lo mismo sucede al interior de Federal que preside Eduardo Buca, donde está el PJ cordobés.
Desde la bancada de Córdoba Federal, con los cuatro diputados que responden a Juan Schiaretti, hablan de “prudencia” y de no apurarse a definir posición, sobre todo cuando quedó claro que AF se mostró dispuesto a abrir el juego para modificaciones. “Consenso generalizado en el ámbito parlamentario y en el mundo jurídico”, es la regla donde hoy se plantan los PJ cordobeses como condición para acompañar y que pone la pelota en la cancha del oficialismo. La ambigüedad del “generalizado” puede ir desde un improbable voto transversal (Juntos por el Cambio amenaza directamente con no aceptar la renovación de las sesiones remotas, pese a los varios casos de Covid 19 que se produjeron en Diputados), a algo más vinculado al apoyo del mundo judicial-jurídico.
La estrategia legislativa no será develada por ahora, pese que los PJ cordobeses saben que son clave para un quorum que, en palabras del senador Carlos Caserio a este diario, el peronismo no le negó al gobierno de Mauricio Macri.
En cualquier caso, todo dependerá del momento y del juego de tensiones entre la opinión y el sentir de las bases electorales del schiarettismo, fuertemente anti K, y las necesidades económicas del gobierno provincial, que luego del acuerdo nacional con los bonistas tendrá más soga -renegociación mediante de su propia deuda subsoberana.
Con el debate recién iniciado en el Senado, faltan por lo menos tres semanas para que el proyecto ingrese a la cámara baja. Fuentes judiciales que hablaron con este diario indicaron que a El Panal no le preocupa lo que está escrito en el proyecto sino lo que no está escrito, y que es lo que se resolverá en el marco de la comisión de juristas: el número de miembros de la Corte, cambios en el Consejo de la Magistratura, el acceso a la Corte vía recurso extraordinario y, y en menor medida, la incorporación del juicio por jurados que en la Justicia provincial ya existen. Con respecto al recurso federal extraordinario para acceder a la Corte, el propio AF hizo foco en el tema en la nota periodística mencionada arriba. Afirmó que se trata de una ley muy antigua (data de 1863) que fue superada jurisprudencialmente y que hoy la llegada al máximo tribunal se volvió “discrecional”. “Pero lo que proponga el consejo asesor serán leyes que el Congreso tendrá que discutir”, insistió.
Más allá de los acuerdos y el entendimiento político entre Nación y Provincia, fortalecidos en la pandemia, las desconfianzas existen. En Córdoba resaltan que, en el proyecto de ampliación presupuestaria aprobado en estos días en Diputados, tuvieron que pelear los mayores fondos para el transporte del interior, cuando los subsidios para Buenos Aires estaban contemplados.
