Federalismo: la actual coparticipación ¿desalienta a las provincias?

Las provincias recaudan una parte menor del total del país pero como la mayor parte de los servicios están a cargo de esas jurisdicciones se produce un desbalance importante. Se termina cubriendo con transferencias por fuera de la coparticipación y subsidios de reparto arbitrario. Transporte y energía son sólo algunos ejemplos de las inequidades.

El federalismo, la Argentina más equilibrada y equitativa son conceptos permanentes en el discurso de la Casa Rosada pero están más en el ámbito de las palabras que de los hechos. El domingo, sin ir más lejos, los gobernadores se enteraron por los medios de la decisión presidencial de reducir actividades en la cuarentena. Unitarismo sanitario sin mirar lo que pasa con los casos más allá del Amba, Buenos Aires y Caba. Días más atrás fueron los subsidios para el transporte urbano: el interior terminó con $9500 millones frente a $25.000 millones para Amba.

En ese debate en comisión, los diputados cuestionaron el monto de la ayuda nacional, pero el debate de fondo sigue ausente: ¿es pertinente que la Nación se involucre en un tema local, como es el transporte urbano e interurbano? No es en lo único que la administración central se inmiscuye, ya que sostiene a Aysa (la empresa de agua), subsidia a Edenor y Edesur (cuyo traspaso a la provincia no se hizo) y a la Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

La teoría sobre el federalismo fiscal señala como buena práctica organizacional asignar las potestades tributarias entre jurisdicciones en línea con las responsabilidades. De esta forma, el ciudadano tiene en claro qué servicios está recibiendo por los impuestos que paga y cuál es la jurisdicción responsable por rendir cuenta en la calidad de dichos servicios. Esta es la base de la organización de países federales desarrollados, como Estados Unidos.

¿Cómo está estructurado el federalismo en Argentina? Según datos del Ministerio de Economía correspondientes al 2019, la presión impositiva total fue de 28,5% del PBI. Su distribución fue la siguiente: el Estado nacional recaudó 23,7% del PBI y se quedó con 16%; los restantes 7,7% los manda vía coparticipación a las provincias las que, por sí mismas, recaudan el 4,8% del PBI.

Un trabajo de la consultora Idesa señala que el Estado nacional se encarga de recaudar la mayor parte de los impuestos (82%) y se queda con una alta proporción de ellos (67%); las provincias recaudan una parte menor (18% del total) pero como la mayor parte de los servicios están a cargo de esas jurisdicciones, se produce un “enorme desbalance”. Ese desequilibrio se cubre con transferencias automáticas a través de la coparticipación (en promedio aporta el 62% de los recursos de las provincias), transferencias discrecionales y gasto del Estado nacional en funciones que son provinciales.

Para la consultora el esquema genera incentivos “perversos”: los dirigentes provinciales no están inducidos a desarrollar la competitividad de sus provincias para así tener una base sustentable de recursos fiscales. La provincia que prospera engrosa la recaudación nacional que mayoritariamente es apropiada por la Nación y por el resto de las provincias. En otras palabras, “el incentivo no es agrandar la recaudación sino rapiñarla”, dice el texto.

La distribución de recursos a través de la coparticipación es arbitraria e injusta, pero al menos es automática. Peores impactos generan las transferencias discrecionales y los gastos que hace la Nación en servicios a cargo de las provincias. En el 2019, los subsidios a la energía y al transporte representaron 1,6% del PBI y las transferencias a provincias de los programas nacionales (salud, educación, desarrollo social, seguridad, medioambiente, vivienda y urbanismo) otro 0,8% del PBI. Estas transferencias, que en la actualidad son muchos mayores a las relativamente bajas del año pasado, son más nocivas que la coparticipación. Para los funcionarios nacionales es irresistible la tentación de usarlas para doblegar voluntades políticas en el interior. Mientras que para las dirigencias provinciales resulta más fácil andar mendigando migajas del poder central en lugar de ponerse a gestionar como corresponde los servicios que debe brindarle a la gente.

Para Idesa el actual esquema de distribución de recursos fiscales “desalienta el esfuerzo, la creatividad, la innovación y el desarrollo productivo. Pero premia la mediocridad. Esto no cambia reformando la coparticipación. Mucho más conducente es eliminarla y que cada provincia recupere potestades tributarias para autofinanciarse”. Para las provincias del norte, que por su rezago relativo pueden no autofinanciarse, agrega el informe, se debe contemplar un fondo de convergencia que cubra las brechas de financiamiento y las induzca a acelerar su desarrollo.