El miedo a la libertad y a los sospechosos de siempre

Las reuniones sociales y sus protagonistas son los sospechosos de siempre en la cuarentena, los subversivos del aislamiento.

Por Pablo Esteban Dávila

Juan Schiaretti debe estar asombrado: sin que el presidente hubiera dicho nada al respecto en su conferencia de prensa del viernes pasado, ahora se prohibirían las reuniones familiares en todo el país. Ayer lo había anunciado Carla Vizzoti, secretaria de Acceso a la Salud. Hoy se conocerá el DNU que así lo dispone. Córdoba, que había sido una de las provincias pioneras en la liberalización de la vida social, corre el riesgo de que, desde la Nación, se le obligue a dar marcha atrás en este aspecto tan sensible.

Las reuniones sociales y sus protagonistas son los sospechosos de siempre en la cuarentena, los subversivos del aislamiento. Alberto Fernández ha comenzado a entender que ni el comercio ni la industria constituyen focos de contagio, como lo demuestra el caso de los supermercados que, pese a no haber cerrado nunca, no tuvieron problemas ni con sus clientes ni con sus empleados. Quedan, por lo tanto, los ciudadanos a secas, cada uno con sus decisiones individuales, como el último segmento que necesita ser “protegido” desde el Estado.

El gobierno nacional ya había lanzado, hace un mes atrás, la célebre tesis de que el AMBA estaba contagiando al resto del país. En consecuencia, mandó a endurecer el aislamiento en aquella región. Luego convalidó cierta apertura ante las presiones de comerciantes e industriales, pero siempre con reticencia. En forma concomitante, se dispararon los contagios y las muertes por Covid-19. Dado que ya es imposible retroceder masivamente de Fase (en el conurbano bonaerense los incumplimientos son masivos y a la luz del día), para el presidente y sus infectólogos es menester encontrar explicaciones que racionalicen la contradicción de continuar en cuarentena y verificar, no obstante, el incremento de los casos positivos.

Esta no es otra que las susodichas reuniones. En ellas, sostiene el relato oficial, los controles se relajan y la cercanía física de sus partícipes permiten que el virus se propague entre los infortunados asistentes. Fernández señaló a los casos de Córdoba y Mendoza como ejemplos de lo que ocurre cuando se permite oficialmente este tipo de encuentros. Pero, de haber convocado a los argentinos “a no contagiarnos y no contagiar, y que lo hagamos por decisión propia”, ahora se propone a obligarlos por la fuerza, apenas 72 horas después de aquel pedido.

Es una guerra de escaramuzas contra el Covid-19 que no arroja un ganador claro ni, mucho menos, una estrategia coherente. La Casa Rosada dispuso el confinamiento cuando el país apenas contaba con muy pocos casos confirmados y apenas un puñado de muertos. Argumentaba, para justificar la precoz medida, que había que ganar tiempo para adecuar el sistema sanitario. Cuatro meses después, el discurso ha mutado. Ahora se trata de evitar su colapso para no tener que decidir que paciente recibe -y cual no- un respirador.

Por lógica, esto supone prolongar ad aeternum las restricciones a la espera del pico de contagios que, conforme a los análisis oficiales, nunca termina de producirse. Mientras tanto, se sigue considerando que todos los seropositivos son pacientes de riesgo, justificando de tal suerte la continuidad de la vigilancia estatal sobre aspectos de la vida social que, en rigor de verdad, pertenecen a la esfera de la libertad y las decisiones personales.

La presunción gubernamental no es correcta. La enorme mayoría de los pacientes con coronavirus presentan síntomas leves cuando no ninguno en particular. Algunos cursan la infección en sus domicilios, unos pocos en terapias y, los menos, requieren de un respirador. Salvo en el gran Buenos Aires, los hospitales del país no tienen ocupación significativa de camas críticas, una realidad que en Córdoba se aprecia perfectamente. La letalidad, asimismo y pese a la mecánica difusión de muertes en los partes del Ministerio que conduce Ginés Gonzalez García, es muy baja.

No obstante, se continúa con las dudas y con las amenazas a lo que comienzan a resistir la cuarentena. Para muchos, “retroceder de fase” se ha convertido en una suerte de condena económica, la diferencia entre subsistir a duras penas o quebrar definitivamente. Pero de lo que no hay dudas es que los retrocesos son cada vez más nominales e imposibles de controlar. La población, que supo aceptar con estoicismo y llamativa responsabilidad las restricciones iniciales, se encuentra definitivamente hastiada del totalitarismo light del “yo me quedo en casa”. En su lugar, el nuevo talante es desafiar la consigna con tenaces intentos de regresar a la anterior normalidad a pesar de los riesgos.

Porque, en definitiva, todo esto se trata de manejar el riesgo de contagios sin cancelar la vida social ni económica. No se puede vivir para siempre de cuarentena y, especialmente, de una cuya razón de ser se establece en forma unitaria y desde una realidad demográfica que no es la de la mayor parte del país. El Panal, aunque no se lo haya dicho expresamente, decidió llevar adelante una lucha foquista, aislando barrios o localidades con brotes y permitiendo que las demás continúen retornando su vida anterior al ritmo ya establecido. Todo esto corre el riesgo de cambiar a partir de hoy con el flamante -e inconsulto- DNU.

¿Habrá solidaridad con la reciente decisión presidencial? ¿Colaborará la población con el mismo grado de mansedumbre que lo hizo a finales de marzo? Todo sugiere que no será así. Habrá una rebeldía silenciosa, una estrategia de zapa en contra de las autoridades. La incipiente vida social que se había advertido en los últimos tiempos pasará a la clandestinidad, pero no se detendrá. La gente parece haber aceptado el riesgo de contagiarse y está dispuesta a hacerle frente. El temor por enfermar parece ser de menor cuantía que el de no poder trabajar o de perder los afectos.

Esta sospecha, por supuesto, no es ignorada por el presidente. Sin embargo, Fernández prefiere continuar con la fantasía de que sus decisiones son acatadas. Este desacople entre lo que se decide y lo que efectivamente ocurre sólo puede explicarse por la convicción, tan arraigada en el kirchnerismo, de que el Estado es la encarnación del virtuosismo colectivo y de que, libradas a su suerte en una situación como la actual, las personas sólo pueden dañarse recíprocamente. Es otra de las versiones del “Miedo a la libertad”, aquel fenómeno que describiera con tanta precisión Erich Fromm en 1941.

¿Es esto realmente cierto? ¿Necesitamos que el Estado nos siga “cuidando” de la misma forma con que lo hizo al principio de la pandemia, con las evidencias acumuladas y los efectos a la vista? La respuesta es no. Quizá no sea políticamente correcto sostenerlo, pero deben encontrarse salidas hacia el futuro, no hacia el pasado. Uruguay es un ejemplo de una sociedad que encaró el problema desde otro abordaje, con buenos resultados. Suecia, pese al berretín presidencial, logró una cierta inmunidad de rebaño sin renunciar a sus libertades y aceptando los peligros inherentes a esa decisión. Desandar el camino que habilitaba las reuniones sociales puede que sea una molestia aceptable, pero es una señal de que el gobierno continúa intentando regular las relaciones humanas bajo el pretexto sanitario y sin analizar otras alternativas también razonables. No hay que dejar que se acostumbre a hacerlo.