El Panal, entre la calle y la academia por la reforma judicial

Schiaretti busca ganar tiempo sin introducir a Córdoba en el debate por la iniciativa presidencial. Mira los datos que vienen de la opinión pública y espera la movilización opositora del sábado. Aseguran que la comisión asesora sin representación doctrinaria cordobesa es un malestar clave.

Bettina Marengo

El gobernador Juan Schiaretti busca quedar al margen, todo lo que pueda, de la discusión pública sobre la reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández, que ayer ingresó al Senado de la Nación. “Hay tiempo hasta que se discuta en Diputados”, dicen en el entorno del mandatario. Hasta entonces no blanquearán la posición parlamentaria. El proyecto ingresó por el Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría, y pasará por las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales. En la cámara baja, el oficialismo no tiene mayoría propia y los cuatro diputados de Hacemos por Córdoba, bajo el nombre de Córdoba Federal, tendrán un papel clave para la sanción de la ley.

Por ahora en el Panal siguen de cerca los números de la opinión pública cordobesa, sabiendo que el tema va a provocar rechazo conceptual entre los cordobeses, que lo consideran una iniciativa del kirchnerismo. Así lo dicen los primeros indicios no formales: percepción mata información. “La gente” no sabe bien de qué se trata, pero se opone “porque es K”.

Puede no ser vinculante para la posición a tomar por Schiaretti, pero juega.

En ese marco, el gobierno provincial observará atentamente lo que pase en la calle mañana sábado. Parte de sus votantes de mayo de 2019 se movilizarán para rechazar la reforma judicial con el argumento de ser un supuesto “avance contra la República”. La movida se armó y difundió nacionalmente desde las redes sociales (aunque habitualmente hay un sector opositor al Frente de Todos que las fogonea), y en Córdoba tendrá epicentro en el Patio Olmos.  La situación tiene semejanzas con el escenario opositor por derecha que se armó con el tema Vicentin, donde el argumento de rechazo fue el “avance contra la propiedad privada”.

El schiarettismo, que tiene más contadores que juristas, no despejó dudas sobre su opinión frente a los cambios en el fuero penal federal, que incidirán sobre todo en el sistema político-judicial porteño, ni sobre la implementación del régimen acusatorio (similar al que rige en la Justicia provincial desde los años 90) en todo el ámbito federal, ni sobre el fortalecimiento de los fueros federales del interior (para lo que se tomó un proyecto del gobierno de Mauricio Macri), ni sobre la eventual ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Que es la parte de la reforma por la que se toma el todo.

Pero lo que se sabe es que al gobierno no le cayó bien la integración de la comisión asesora de once juristas que se abocarán a analizar los cambios en la Corte Suprema. No sólo porque falta representación de Córdoba sino, y ese sería un tema de fondo, porque Córdoba responde a una escuela de constitucionalistas distinta a la de quienes integran la comisión, según comentó un dirigente que habla seguido con el gobernador. ¿Algún enviado solicitará un lugar?

Tampoco gustó que el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, integre el cuerpo. “Siguen sin entender que las formas hacen a la política”, manifestó la fuente. Viejo reclamo al kirchnerismo.

Más allá de la presencia de algunos jueces de cortes provinciales, como el mendocino Oscar Palermo, la fueguina Maria Battaini, y la tucumana Claudia Sbdar, la comisión tiene mayoría porteña, quizás porque el foco de la reforma, integralmente hablando, punta a desarticular el porteño Comodoro Py.

Con todo, la presencia del diputado Carlos Gutiérrez en el Zoom de la Presidencia para escuchar el sumario del proyecto de boca del propio jefe de Estado, y el hecho de que Schiaretti haya avalado su presencia virtual, es considerado un dato político de peso en la decisión sobre el proyecto. Fuentes del PJ aseguraron a Alfil que a Gutiérrez lo convocaron directamente desde el círculo cercano a AF. En forma presencial, en la Casa Rosada estuvo el bonaerense Eduardo Buca, presidente del Interbloque Federal al que pertenece Hacemos por Córdoba, aunque la referencia política de Gutiérrez estaba en el Panal.

En el Frente de Todos aseguran que el compromiso de Schiaretti con la Nación es acompañar en todo, aunque no pudo comprobar el acuerdo con la estatización de Vicentin, que nunca llegó al Congreso. Sin embargo, las necesidades financieras de la provincia no le dejarían margen para poner en riesgo el proyecto más anunciado del presidente. Referentes del oficialismo nacional, como la diputada Gabriela Estévez, ayer postearon en redes los números de los aportes y del auxilio nacional a Córdoba, vía directa a los beneficiarios de IFE y APT o a través de fondos para el estado.

Acostumbrado a gobernar con compartimentos estancos, Schiaretti dejó el manejo del tema en manos de Gutiérrez, quien ayer se llamó al silencio como el PJ cordobés esperó cautelosamente a que se cayera el tema Vicentin, sin ponerse en riesgo ante su electorado ni tensionar con Alberto Fernández.