¿Reformar la justicia o reformar las prácticas?

La justicia es la responsable de garantizar la impunidad de la más amplia gama de delitos. ¿Alcanza con sólo cambiar las reglas?.

Por Javier Boher
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Los argentinos tenemos un problema que nos cuesta aceptar y del que no nos podemos desprender. Por nuestra herencia colonial española (que, como decía Milcíades Peña, significó incorporar formas feudales y precapitalistas de organización política) somos como las familias de prosapia, que recuerdan las grandes historias y conquistas del pasado, aunque el presente los tenga empobrecidos.

Así lo vivimos en todos los ámbitos posibles, tal vez para no aceptar la humillación y la derrota contemporáneas. Pasa con el fútbol, que aún contando con el mejor jugador del mundo nos la pasamos enfrascados en recuerdos de hace más de 30 años. Lo hacemos con los premios Nobel, que llevamos medio siglo sin una distinción en ciencias, pero inflamos el pecho porque nuestros vecinos tienen aún menos reconocimiento que nosotros. Siempre tenemos el brillante pasado para esconder el turbio presente.

La propuesta para la reforma judicial es otra clara muestra de ello. Aunque todos sabemos que la justicia es (casi siempre) una cloaca infecta, preferimos hablarle al mundo sobre el orgullo de que nuestros tribunales alguna vez hicieron punta en el mundo condenando a sus propios genocidas.

Ese pasado glorioso de compromiso con el sistema democrático y los valores republicanos hace tiempo se desvaneció. La justicia se fue corrompiendo cada vez más, al punto tal en que la legalidad está más definida por las excepciones que por la norma. ¿Puede una sociedad considerarse libre, si sus normas son tan opacas y su aplicación tan arbitraria?.

Ciertamente el poder judicial es un poder político, y así lo reconoce nuestra propia Constitución. Sin embargo, ese hecho fundamental no habilita a que sea partidista, donde los intereses sectoriales de los partidos interfieran en una labor mucho más delicada.

La política del poder judicial no significa que pueda ser una palanca más a la hora de hacer política chiquita, a nivel micro, sino que debería ser un condicionante más estructural o ideológico, a nivel macro.

Desde aquel pasado para el bronce, hasta este presente de latón, el poder judicial ha conocido numerosos intentos de reforma. Algunos han triunfado y otros no. Sin embargo, lo único claro a lo largo de este tiempo es que la ley se ha debilitado cada vez más, mientras la impunidad (en todos los órdenes) se muestra rechoncha y rozagante.

No todo puede ser sujeto de politización. Las instituciones son un ejemplo. Aunque de an modificarse y adaptarse al paso del tiempo, no se puede aceptar como una nimiedad que cada gestión intenté armar un reglamento a su medida, convencidos de que por ser los dueños de la pelota van a decidir cuáles van a ser las normas que regulen la competencia.

 Desde 1983 el peronismo gobernó 25 años, y de esos años, el kirchnerismo lo hizo en la mitad. Arrancó el proceso con el pacto de impunidad denunciado por Alfonsín, reconociendo en la negociación previa una autoamnistía que luego fue volteada por los verdaderos poderes del Estado, envalentonados por la figura de Alfonsín.

Con Menem se amplió la Corte Suprema, y se organizó una mayoría automática que nunca fue un contrapeso al poder ejecutivo.

El kirchnerismo achicó el número de jueces del máximo tribunal, calculando que -con menos gente en las bancas- iba a ser más fácil arreglar voluntades.

Ahora ese mismo espacio pretende ampliar el número de jueces de la corte y de juzgados federales, sin mayores preocupaciones que asegurarse una respuesta política de parte de ciertos espacios estratégicos para la política del día a día.

Durante los 37 años de democracia, el Senado (responsable de nombrar a los jueces) ha sido siempre dominado por el peronismo. Sin embargo, hoy encuentran objeciones a los perfiles de los que deben impartir justicia, sosteniendo la necesidad de reformar aquello que tanto rédito le ha dado.

El problema de la justicia tiene que ver con aquello de sostener en el tiempo las reglas y las instituciones, que dan un marco de previsibilidad a la acción humana a la vez que fungen como incentivos para que se respeten todas las pautas de convivencia.

Pese a los numerosos cambios sufridos en estas tres décadas, la gente cada vez confía menos en todos esos personajes que viven alejados de la realidad y las necesidades de la gente, impartiendo justicia etérea mientras los beneficios los cosechan los amigos que les allanaron el camino para llegar.

El camino de la reforma ya se probó varias veces y no funcionó. ¿Y si prueban con cumplir normas, tiempos y procedimientos?. Tal vez ese sea el único cambio necesario.