Concejo “autoprorrogado” y a media máquina

La extensión “per se” de los cargos planteó un gran desafío para el Concejo Deliberante y el tratamiento de la agenda legislativa. Sus acciones se definen entre las dificultades de la pandemia y la cercanía del proceso electoral.

Por Gabriel Marclé

Las cosas no salieron según lo planeado. Está claro que, de no haber existido la pandemia del Covid-19, Río Cuarto ya habría elegido a su nuevo intendente, el cual se encontraría trabajando para cumplir los compromisos asumidos durante su campaña y con un cuerpo legislativo renovado que se ocuparía de trabajar proyectos que mejoren la calidad de vida de los riocuartenses.

Pero, claro, el Coronavirus llevó primero a extender los mandatos, para luego definir una nueva fecha de elección y demorar los planes de la representación política. Mientras el intendente Juan Manuel Llamosas se acerca al final de su mandato con inauguraciones y controles sanitarios, el poder legislativo asume su “tiempo prestado” entre las dificultades de la pandemia y la inminente ida a las urnas.

El interrogante que surge respecto a las acciones del Concejo Deliberante tiene que ver con la forma en la que encarará los meses que restan hasta la asunción de un nuevo cuerpo deliberativo. Los antecedentes inmediatos hacen suponer que los roles del oficialismo y la oposición responderán al impacto electoral que se desprenda de sus acciones, pero ¿qué ocurre con la labor legislativa?

El análisis que surge de las bancadas opositoras parece coincidir en la necesidad de hacer la diferencia en tiempos de dificultades y demandas. “No podemos quedarnos de brazos cruzados y depender íntegramente de las decisiones que tome el Gobierno de Córdoba”, advirtieron desde el radicalismo.

Aun así, la bancada peronista sostiene que la importancia de sus definiciones benefició a la ciudad, más allá de las críticas por una supuesta especulación electoralista. Con una gestión que hubiera finalizado el pasado 2 de julio, los concejales oficialistas destacan como logro el haber debatido cuestiones que definen como “fundamentales”.

“Entre varias cuestiones, hicimos un trabajo muy importante para lograr la prórroga de los mandatos, logrando darle una densidad argumental que luego fue retomado por el fallo del Tribunal Superior de Justicia. Esto elevó la calidad del cuerpo legislativo”, expresó el edil de Unión Por Córdoba, Armando Chiappe.

Desde su perspectiva, la pandemia marcó la cancha e impuso su agenda, pero “los concejales seguimos trabajando y el Concejo logró dar discusiones que enriquecieron el debate, que no fue faccioso y logró acuerdos”.

Desde la oposición se plantearon visiones que contradicen lo descrito por los referentes del peronismo. “El Concejo podría estar mucho más activo, pero creo que hay una definición del Ejecutivo local y también provincial para que el legislativo pase a un segundo o hasta tercer plano”, afirmó un representante de la primera minoría.

En ese marco, el antecedente más cercano para el debate parlamentario se dio con la situación del transporte y la prórroga del vencido contrato con la empresa prestataria. Desde la oposición marcaron que se trataba de “una necesidad política del oficialismo para manejar la impericia que tuvieron en el tema”.

“Les vino como anillo al dedo que este debate se haya dado en el contexto de la pandemia, porque la extensión del contrato con la SAT pasó desapercibida”, indicó un edil de Cambiemos respecto a la prórroga votada a finales de junio.

Con cierta ironía, el concejal Chiappe les respondió a sus colegas opositores: “Al contrario de lo que dicen, abrimos la discusión y hasta logramos que la oposición hiciera su campaña política en base a ello”. Las palabras del edil peronista resuenan en la memoria inmediata del radicalismo, puesto que por aquellos días de junio el tema del transporte sentó las bases de la estrategia electoral del candidato Gabriel Abrile.

Por fuera del ida y vuelta que caracteriza a la política partidaria, el tema que se pierde entre las chicanas es el referido a la productividad legislativa. Más allá de la cuarentena, el Concejo Deliberante sesionó pocas veces y cuando lo hizo estuvo enfocado en controvertidos temas de agenda, como lo fueron el proyecto de prórroga al contrato con la SAT, la extensión de mandatos y la nueva fecha de elecciones.

Para la oposición, esto se debió a que el foco del oficialismo “está puesto en la campaña” ya que “usaron el legislativo en base a lo que creía conveniente para su estrategia”. En respuesta a esas críticas, desde el peronismo sostienen que el escenario actual no es el propicio para el electoralismo y aseguran que la marcada caída en la cantidad de encuentros legislativos se produjo por el claro efecto de la pandemia.

Por su parte, los representantes del partido Respeto se sumaron al debate por la actividad del Concejo señalando que, a pesar de no llevar con normalidad la agenda legislativa, “cuando se trabajó fue porque había una orden del intendente para tratar un proyecto en particular”. Así lo indicó la edil Patricia García, quien agregó que “hay proyectos que quedan estancados en comisiones porque no se están reuniendo”.

Entonces, ¿cómo es? ¿Un proyecto se trata dependiendo del impacto político que tenga? Muy difícilmente algún representante del oficialismo reconozca el carácter “especulador” de la agenda legislativa, pero lo que se trata y lo que se deja de tratar también habla mucho de la calidad institucional y el real interés por solucionar las problemáticas de la población.

En varias oportunidades, las voces de analistas que circulan por fuera de la política partidaria han considerado que los tiempos legislativos no se corresponden con el principio de la independencia de poderes. Por esta razón, el “timing” suele variar de acuerdo a los intereses políticos detrás de ellos, pudiendo convertir a un proyecto “urgente” en “intrascendente”.

Lo cierto es que la forma en la que el legislativo transite los próximos meses sentará un antecedente claro para el Concejo Deliberante municipal, con la oportunidad de usar el tiempo a favor para producir un real impacto y que esta prórroga de cargos no sea solo una antesala hacia la nueva -o misma- gestión municipal. Después de todo, los costos operativos y el sueldo de sus trabajadores siguen corriendo por cuenta del Estado y sus contribuyentes.

“Nosotros tenemos que trabajar hasta el 2 de octubre, como lo indica la prórroga que aprobamos. Temas como la higiene urbana, el transporte o la planta de tratamiento de efluentes son de mucha importancia y requieren de nuestra atención”, comentó la concejal Patricia García sobre el tiempo que se viene para el Concejo Deliberante.

Los días que pasen hasta la asunción de las nuevas autoridades municipales definirán si la extensión de mandato sirvió para profundizar los debates y enriquecer las normas de la ciudad, o si se trató de un mero trámite burocrático que terminó por postergar el abordaje de problemáticas claves.