Tres de cada diez empresas con hasta 800 empleados tiene riesgo de cierre

Un estudio privado indica que hay una estrecha relación entre el riesgo de conflicto por el cambio de las condiciones de trabajo y el que las firmas dejen de operan; a su entender son dos caras de la misma moneda que deben ser resueltos simultáneamente. Las del sector agropecuario y de recursos naturales son las menos riesgosas y con mejores perspectivas. Por zona geográfica, las de la región Centro están mejor paradas.

Por la crisis del coronavirus, el 31% de las empresas con hasta 800 empleados -aproximadamente 170.000 en el país- enfrentan un riesgo potencial de futuro conflicto laboral. Será necesario que el Estado, las organizaciones empresariales y los sindicatos trabajen conjuntamente para establecer una regla que equilibre todos los intereses en juego para evitar más cierres de empresas. La Fundación Observatorio Pyme plantea que hay una estrecha relación entre el riesgo de conflicto por el cambio de las condiciones de trabajo y el que las firmas dejen de operan; a su entender son dos caras de la misma moneda que deben ser resueltos simultáneamente.

Ambos riesgos pueden ser analizados por tamaño de empresa, por sector de actividad y por región geográfica. Hay grandes diferencias y muestran la diversidad de situaciones, estadísticamente bien documentadas por el Programa de Investigación. Desde el punto de vista del tamaño, aquellas con mayor riesgo simultáneo son las de hasta 50 ocupados; el 10% entiende que podría dejar de operar. Por el contrario, las menos riesgosas son las medianas (51-250 ocupados) que muestran menor difusión del riesgo de cierre (3%) y también menor difusión del riesgo potencial de conflicto laboral futuro (29%).

Las del sector agropecuario y de recursos naturales son las menos riesgosas y con mejores perspectivas. Entre ellas, sólo el 4% corre riesgo de cierre y sólo el 15% enfrenta riesgo de conflicto laboral futuro. Viceversa, las empresas más riesgosas (por cierre y conflicto) son las de comercio, construcción e industria manufacturera. La región con mejor desempeño es Centro, donde sólo el 5% de las compañías corre peligro de cierre y el 24% posibilidad de conflicto laboral futuro. El AMBA muestra que el 8% podría no sobrevivir y 38% tiene chances de problemas con sus empleados. Se contrapone el NOA, con 18% de riesgo de cierre y 27% de potencial conflicto por intentos fallidos de concertación laboral y no homologación de los acuerdos sí logrados.

El 13% de las empresas que mantienen las condiciones laborales, a pesar de haber intentado infructuosamente establecer un acuerdo con sus trabajadores para modificar las condiciones laborales, atraviesan una situación particular. La falta de acuerdo pone de manifiesto que la crisis del coronavirus abrió un espacio de tensión en las relaciones laborales. La estadística muestra que los fallidos intentos por modificar las condiciones laborales se verifican mucho más frecuentemente en las firmas con problemas. En efecto, el frustrado intento de acuerdo se verificó en el 30% de las no operativas (contra el 7% de las operativas), en el 26% de las que tienen todo el personal inactivo (contra el 8% de la que tienen toda su gente trabajando) y en el 17% de aquellas que realizan actividades no esenciales (contra el 11% de las que realizan actividades esenciales).

Según el informe, el riesgo potencial de conflictos laborales futuros aumentó en las empresas que han intentado sin éxito modificar las condiciones laborales para sobrellevar el impacto de la pandemia. Entre las que sí lograron concertar con sus trabajadores, es importante diferenciar entre las que homologaron ante el Ministerio de Trabajo y las que aún no lo hicieron, lo cual podría acarrear en el futuro una ola de reclamos ante la Justicia laboral. Este riesgo, por ausencia de homologación del cambio de las condiciones de trabajo, está presente en dos tercios de las compañías que lograron acuerdos.

Esta proporción se mantiene constante, independientemente de la condición de operatividad, proporción de personal activo y condición de actividad esencial o exceptuada. Es decir, aún en las con menos problemas relativos, dos tercios de los acuerdos logrados contienen el riesgo de un reclamo laboral futuro por el cambio de condiciones, que podría ser acogido favorablemente por la Justicia Laboral.

Por ejemplo, una encuesta realizada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) arrojó que el 78,8% de las empresas tendrá problemas para pagar el aguinaldo, poniendo así cifras concretas a una problemática que muchos empresarios deberán afrontar en los próximos días.

Es que en algunos casos, tienen contemplado cancelar la primera mitad del Salario Anual Complementario (cuyo plazo legal, en realidad, concluyó ayer) en cuotas, pese al rechazo de los sindicatos. Desde otros sectores, en tanto, piden por más financiamiento para mitigar el impacto de la pandemia en el consumo y la producción.

Según el relevamiento llevado a cabo por la CAC en empresas de diversos tamaños (desde nueve empleados, hasta más de 200), el 29,5% no podrá abonar el medio aguinaldo, mientras que el 49,3% lo hará parcialmente o en cuotas. A raíz de las complicaciones que se suscitaron con la llegada de la pandemia, desde la cámara sostuvieron que plantearon al Gobierno la necesidad de ayuda y que, ante la negativa, contemplaron la posibilidad de cancelarlo en cuotas.