La Justicia usada como disciplinador social en la pandemia

Litigio entre provincias resuelto con dos fallos que circulan por la misma vía pero en sentido contrario. La colisión de intereses deja en la incertidumbre a los verdaderos afectados por el conflicto judicializado. El Poder Judicial utilizado según la conveniencia de los gobernantes de turno y las situaciones que atraviesan. La pandemia bajó las defensas de instituciones fundamentales de la democracia.

Por Guillermo Geremía
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Dos fallos distintos en un mismo Poder Judicial a 200 kilómetros de distancia por un único objeto de litigio. El juez federal de Río Cuarto y su par de San Luis emitieron casi en simultáneo dos resoluciones que hacen de entendimiento imposible cómo la Constitución Nacional puede justificar  argumentos en contrario en torno de un conflicto: las medidas restrictivas de circulación en rutas y caminos rurales que conectan la Provincia de Córdoba con San Luis. Pero no fue la única novedad de este tiempo de excepcionalidad pandémica que le suma una mancha más al tigre de la Justicia. La utilización de condenas expres a quienes no respetaron la cuarentena o la elevación a juicio de causas de burladores de los controles son en Córdoba muestras  de cómo los funcionarios judiciales tienen premura cuando el poder de turno baja la orden.

La Justicia Federal de Río Cuarto hizo a lugar a la medida cautelar interpuestas por los abogados de las entidades rurales y los transportistas afectados por los controles extremos para ingresar a la provincia de San Luis. “Ante la ausencia de caso sospecho o confirmado, deberá abstenerse la autoridad local de restringir el ingreso, permanencia y egreso de los ciudadanos –de los departamentos en los que el suscripto posee jurisdicción y que provengan de las denominadas “zonas blancas” –que acrediten condición para circular en el marco de la norma nacional vigente y en tanto demuestren puntos de conexión con la vecina localidad referidos a propiedades, razones laborales, relaciones familiares y/o actividades exceptuadas que requieran circulación hacia la vecina provincia”, fundamentó el magistrado Carlos Ochoa,  en una resolución adoptada en menos de 48 horas tras la presentación realizada por los abogados Antonio María Hernández y Javier Quiroga. Una celeridad celebrada por los denunciantes en un ámbito judicial que para asuntos similares suele tomarse otros tiempos.

Con un reflejo digno de un arquero de elite, otro juez federal pero ahora de la provincia de San Luis le dio la razón al gobernador Alberto Rodríguez Saa.  El magistrado Juan Esteban Maqueda hizo a lugar una acción declarativa de certeza que había presentado el titular del Ejecutivo puntano. Desde la provincia vecina aseguraron que si bien no tenían ninguna denuncia sobre las medidas adoptadas igualmente requirieron por las dudas la correspondiente aclaración judicial. “Se ha dicho que San Luis tenía prohibido el ingreso; jamás estuvo prohibido, simplemente reglamentado por la emergencia sanitaria que estamos viviendo”, afirmó el fiscal de Estado puntano, Eduardo Allende, en declaraciones periodísticas.

Los criterios contrapuestos en un espacio geográfico común desnudan los límites difusos de nuestro federalismo en materia de federalismo. Las constituciones nacionales y provinciales adolecen de un grave déficit de precisión a la hora del reparto de las competencias entre Nación, Provincia y Municipios. Si bien las provincias tienen consagrados el deber de cuidar la salud pública, para hacerlo debe avanzar sobre derechos consagrados en la Carta Magna Nacional. El conflicto de competencias terminará resuelto por la Corte Suprema de Justicia seguramente con un criterio coyuntural, político y puntual para salir del paso. Evidentemente las constituciones no dicen lo que los jueces quieren que digan sino que sus manifiestos responden a las conveniencias del poder de turno. Los habitantes de los límites de ambas provincias siguen sin poder trabajar o producir y no hay un fundamento que lo habilite o lo impida definitivamente hasta que pase la crisis sanitaria.

Rápidos para condenar

Si hay mochila pesada con la que carga el Poder Judicial es la de la morosidad de sus decisiones. Aunque en esta hora a muchos magistrados provinciales la admiración por el velocista Usain Bolt los ha dotado de una rapidez nunca antes vista antes de la pandemia. Diez días atrás para condenar con prisiones en suspenso a quienes violaron la cuarentena en plena fase roja en el territorio cordobés. En los juzgados de La Carlota y Laboulaye se sustanciaron las primeras medidas punitorias y las primeras elevaciones a juicio de casos de indisciplinados ante el aislamiento obligatorio.

Gracias a las redes sociales un ciclista de Río Cuarto se hizo tristemente célebre por anunciar en un video que había burlado los controles policiales y violado la estricta cuarentena en un raid en biciclo que lo llevo –según el mismo anunciaba- hasta una localidad vecina de Río Cuarto. “En el video dice que se trasladó hacia una vecina localidad y eso no existió. Lo que sí hubo fue movimiento interno en la ciudad pero él tenía permiso para hacerlo porque tenía que atender a los padres”, justificó en declaraciones a 102.9 La Gospel su abogado defensor, Sergio Saleme. Lo hizo al conocer que el fiscal de la causa, Fernando Moine, había elevado las actuaciones a juicio en la jornada de ayer.  “La intervención del personal policial y el informe de elementos existentes dentro del teléfono establecieron el recorrido efectuado e, independientemente del argumento del imputado acerca de lo que hizo o no hizo, se concluyó con la investigación de la fiscalía: ese recorrido que no estaba permitido sino se poseía la autorización correspondiente”, estableció el Fiscal derrumbando la coartada del letrado representante de Cristian Pandolfi, que se expone con su conducta provocadora a una pena de 6 meses a 2 años de prisión.

 El coronavirus ha provocado en el Poder Judicial el comportamiento que habitualmente es esperado en el resto de los procesos que tienen para resolver. Puede que la simplicidad de los delitos juzgados y la aplicación de sanciones ejemplificadoras que disciplinen a la sociedad en la pandemia sean los argumentos que justifiquen esa celeridad. Pero las instituciones de la República no fueron pensadas para ser manipuladas según el antojo de las circunstancias sino más bien para garantizar que las bases fundamentales de la vida en sociedad sean principios inamovibles. El Poder Judicial tiene que ser garantía de ese debido proceso en todas las oportunidades y no el patíbulo al que se apele en determinados momentos según la conveniencia. Así son las cosas.