Espionaje interno: una deuda eterna

La red de espionaje macrista vuelve a sacar a la luz el rol -al servicio partidario de los gobiernos- de la agencia de inteligencia.

Por Javier Boher
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La política, como actividad, existe más allá de la existencia del Estado o de un gobierno. Es, básicamente, un rasgo característico del ser humano, que se expresa en los más diversos ámbitos.

La ciencia política, por su parte, no solamente estudia a aquella actividad inherentemente humana que le da nombre, sino también a los Estados, ya que son estos los que poseen el poder y la autoridad sobre las sociedades.

Sin embargo, no toda la biblioteca politológica se pone de acuerdo a la hora de definirlo en sus particularidades. Básicamente, hay una idea que dividió desde siempre a los politólogos, referida a la autonomía del Estado.

La autonomía del Estado no hace referencia a la libertad frente a otros Estados, sino a la capacidad del sector público y la burocracia para actuar y tomar decisiones más allá de quién ocupe el gobierno o cuáles sean los sectores dominantes de la sociedad. Algunos ven en el estado una simple herramienta. Otros, un organismo vivo.

La polémica por el espionaje macrista tiene mucho que ver con esta autonomía del Estado. Es ridículo pensar que un gobierno que llega después de doce años de un signo político opuesto puede montar un aparato de inteligencia propio. Simplemente se sirvió -o entró en relación- con la autónoma estructura de espionaje interno argentino.

Siempre se pueden esgrimir razones de seguridad nacional para justificar los avances del Estado sobre los individuos, que aunque tengan la garantía del hábeas data reconocida desde hace un cuarto de siglo, siguen sin poder saber efectivamente cuánta información sobre ellos tiene ese organismo autónomo que domina sobre todos.

El espionaje es ese ser vivo engañoso y escurridizo que se asegura su supervivencia más allá del cambio de gobiernos. Sabe cuánto debe ceder para ponerse al servicio de su nuevo amo, pero también sabe de qué manera puede condicionarlo para que sea un amo bueno.

De no ser así, no se hablaría del rol de los servicios de inteligencia en los mayores escándalos políticos de los últimos treinta años, que incluyen dos atentados antisemitas, la voladura de una fábrica militar, espionaje sostenido a opositores y periodistas y la muerte dudosa de un fiscal de la nación que acaba de denunciar a la presidenta. No es un currículum corto para los que deberían hacer gala de un accionar sigiloso.

Todas estas denuncias sobre la red de espionaje macrista (que deberá probar a su momento la justicia) reivindican, en algún punto, a Elisa Carrió. La chaqueña fustigó desde el primer día a Daniel Angelici, radical de Nosiglia, ex presidente de Boca, amigo de Macri y operador judicial.

Carrió supo señalar desde el primer día cuál era el límite que debía manejar el gobierno que integraba, para evitar caer en las redes de espionaje como la que se está descubriendo ahora.

Es llamativo, a su vez, la forma en la que Oscar Parrilli -ex jefe de la AFI- se horroriza de la existencia de estos operativos, que si se rascan más allá de la superficie desnudan lealtades que exceden las banderías políticas.

Los servicios de inteligencia en Argentina son una deuda pendiente de la democracia, esto dicho no como un eufemismo para evitar hacerse cargo, sino que efectivamente son una arista irresuelta en el sistema político, que se vale de sus servicios cuando los necesita (aunque eso convierta a los partidos necesariamente en cómplices).

El debate debe darse de manera sería, no sólo como un ataque político a un espacio político que ya no gobierna. Se debe avanzar sobre toda una estructura autónoma, viva, con intereses y objetivos propios, que pone en riesgo la convivencia democrática. No se puede coexistir en una sociedad en la que los derrotados (o los que pueden poner en riesgo la hegemonía de los que ganan) sean espiados y despojados de su libertad.

¿Hasta dónde llegan las redes? Nadie sabe. En una sociedad que va reafirmando su compulsión delatora a medida que pasa el tiempo, es difícil asegurar que la red no nos cubre.

Sin embargo, hay algo que nos puede dejar tranquilos, una garantía más fuerte que las del texto de la Constitución. Si ese Estado que tiene autonomía relativa, no puede hacer lo básico -como que se vacunen los chicos, no se amontonen los jubilados para cobrar la jubilación o los desocupados que van a cobrar el IFE- podemos estar más o menos tranquilos de que en algún momento nuestros espías van a quedar en evidencia, porque en el fondo no pueden escapar a su naturaleza de empleados públicos.