Controles camineros más recaudatorios que sanitarios

Automovilistas de Río Cuarto denuncian que la Policía Caminera está apostada en lugares que no son para evitar riesgos por potenciales contagios de coronavirus. El Gran Río Cuarto no es reconocido como una conectada demografía interurbana. Los uniformados desinformados aplican normativas que no están actualizadas. El interés recaudatorio se impone hasta en la pandemia.

Por Guillermo Geremía
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Mientras la política vernácula hace de los controles y descontroles de los accesos un tema de discusión preelectoral, los ciudadanos padecen la inexplicable acción de la Policía Caminera, que en lugar de establecer puntos de observación en los accesos al conglomerado urbano están apelando al talonario y a la lapicera con fines recaudatorios. No tiene ninguna justificación razonable que en plena crisis sanitaria se dispongan controles más urgidos por encontrar infractores obligados a un resarcimiento monetario antes que contribuir a la prevención de la pandemia.

Ariel  Ferreira es un vecino de la ciudad que se vio sorprendido por un control de tránsito en el acceso noreste a la ciudad desde la localidad de Las  Higueras, integrante del Gran Río Cuarto. Aproximadamente a las 16 del miércoles 17 de junio fue sorprendido por un retén de los guardianes de las rutas provinciales. El operativo fue montado a 200 metros de la rotonda Seminario. A esa hora, largas filas de motos, autos y camiones se acumulan a la espera de un control instalado en cercanías de asentamientos urbanos donde viven centenares de familias. Tenía el carnet de conducir vencido y las dilaciones de la cuarentena le impidieron renovarlo. Terminó pagando una multa de $ 594,90 a la Dirección General de Rentas de Córdoba.

En su descargo ante el juez de faltas para sentar su malestar como ciudadano, dejó escritas las irregularidades que para Ferreira acumuló el operativo. “Lo inadecuado de la ubicación hacía que los vehículos esquivaran el control por las calles de tierra aledañas aumentando el riesgo de siniestros viales en una zona de intenso tránsito,  el personal a cargo no tenía puesto el barbijo obligatorio y no había en su poder ningún elemento para la toma de la temperatura ante posibles casos de Covid-19, no respetaban la distancia social y maltrataban a los infractores. Además, dejaban a los conductores esperando en la banquina durante prolongados lapsos de tiempo sin que el trámite estuviera relacionado con fines preventivos por la pandemia”, detalló en su presentación.

Desde hace un par de años, la ciudad de Río Cuarto y las localidades de Holmberg al sur y Las Higueras al norte están adecuando su legislación y poniendo en sintonía las políticas públicas, en virtud de que el crecimiento demográfico ha hecho que cada vez se conecten más a partir del avance  de sus respectivas manchas urbanas. Es de fácil inferencia pensar que el control cuestionado no respondía a evitar que rodados provenientes de zonas rojas ingresaran a una zona blanca en términos del aislamiento social. “Un claro interés recaudatorio, en lugar de cuidar a los ciudadanos. El objetivo no era controlar en la ruta a la gente que viajaba de un lugar a otro sino multar a los vecinos que circulan frecuentemente por el lugar donde viven”, expresó el indignado vecino de Banda Norte.

La Policía Caminera de Córdoba es frecuentemente cuestionada porque sus operativos de control no están instrumentados con un sentido de prevención y/o educación vial, sino más bien son “atrapa infractores” por sorpresa. Puede que se argumente que si se viaja con todas la de la ley no hay porqué preocuparse. Pero el razonamiento puede ser inverso: los hombres de chaleco fosforescentes están para evitar que se produzcan infracciones o sólo quieren contribuir al fisco provincial. Ya no se trata de una sospecha instalada sino también hay investigaciones judiciales en curso.

En un juicio oral y público realizado en los Tribunales de Río Cuarto en marzo pasado y en donde fueron absueltos tres policías acusados de provocar una accidente que motivó  la muerte de una joven que viajaba en moto; los integrantes de la caminera, donde se produjo el siniestro vial, acusaron a sus superiores de exigirles hacer una determinada cantidad de multas por día en los controles vehiculares.

Según “órdenes que venían de Córdoba”, tenían que hacer unas 100 multas por jornada de controles. Esta denuncia derivó en una nueva causa judicial que ahora investiga el Fiscal de Instrucción Javier Di Santo. El coronavirus hizo pasar a un alejado plano esa escandalosa situación pero no evitó que cesaran las multas de tránsito a aquellos que incumplen con las normativas. No hay covid que valga a la hora de recaudar.

El problema de los controles tiene también otro aspecto ligado a normativas no aprendidas por los propios controladores. En las últimas horas el Juez de Paz de Las Higueras le dio la razón a un vecino de la localidad que fue sancionado por no circular con las luces bajas en su automóvil. La infracción fue labrada semanas antes de la pandemia pero los uniformados no tuvieron suerte. El  sancionado fue el ex camarista Oscar Testa que apeló la multa y con fundamentos que le dieron la razón. Según la normativa aplicable para estos casos, es la Ley Provincial de Tránsito 9.169 que en el artículo 74, inciso 1 y 47 referidos a la ley nacional 24.449, sobre la obligatoriedad de uso de la luz baja  en rutas nacionales o provinciales en sus tramos interurbanos, ley provincial 9.878 de adhesión de la provincia a la ley nacional y la ley nacional 27.245 en su art. 4, que equipara las luces bajas a las luces diurnas de los vehículos así equipados. Policías desinformados de las propias normativas y con órdenes de labrar infracciones. Pero si pasa, pasa.

En tiempos en donde el humor social está atravesado por los desafíos de la pandemia y los bolsillos extenuados por la economía destrozada por el coronavirus, resulta un despropósito que el Estado provincial no ponga lo sanitario como prioridad en los controles y siga con la ambición recaudatoria como principal razón de apostar agentes públicos a la vera de la ruta. Empero siguen sin mejorar muchas de las rutas provinciales y los comportamientos de quienes manejan sometidos a la lógica de la billetera. El que puede y quiere pagar comete las infracciones que se le antojan. Mientras tanto, quienes cuentan sus monedas para llegar a fin de mes, son obligados a pagar so pena de quedarse sin el carnet de conducir. Así son las cosas.