Angustias y rabias de los que sostienen la cuarentena

El regreso a la normalidad parece cada vez más lejano, con pocos incentivos para hacerlo entre aquellos que no se han visto perjudicados por el encierro.

Por Javier Boher
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No hay dudas de que la pandemia ha dejado en evidencia las desigualdades. Lo dijeron el presidente y el jefe de gabinete. El coronavirus ha expuesto a los ganadores y a los desfavorecidos del sistema.

Por supuesto que todos podemos entender distintas cosas para esas categorías vacías, que por sí solas no dicen nada. Seguramente cuando hablamos con los mismos términos tenemos en mente a víctimas muy distintas.

Nadie sabía cuánto iba a durar todo al empezar. De hecho, seguimos sin saber hasta cuando se prolongará esta situación.

En los últimos días se fueron sumando cada vez más actividades a la lista de permitidos. Seguramente las que tienen que ver con los reencuentros con los seres queridos y las actividades habituales son las más celebradas por todos.

Sin embargo, poco se habla de la vuelta a la normalidad de las actividades productivas que van desperezando a distintas ramas de comercio, servicios e industria. Queda muy en evidencia la desigualdad entre públicos y privados, pero también entre trabajadores en blanco y precarizados.

Los tironeos en época de aguinaldo dejaron a la vista la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Los empleados públicos encabezan los reclamos, pese a que casi no recibieron recortes, que si los recibieron siguen cobrando al menos seis jubilaciones mínimas o que no tuvieron que trabajar porque el virus asesino está al acecho.

Se olvidan de la angustia de los que no saben cómo van a hacer para mantener abierto su negocio, cómo van a hacer para pagar sueldos o cómo van a hacer para aliviar o evitar los problemas con el fisco, que no aflojó su voracidad pese a la imposición estatal de cerrar los negocios.

Pero no solo los empleados públicos -reyes del egoísmo, el cinismo y la indiferencia- han buscado la forma de aumentar sus beneficios transfiriendo sus costos a terceros.

No son pocos los empresarios (sea que tiene un pequeño local o una cadena con decenas de empleados) que deben lidiar con la negativa de los empleados en blanco de volver al trabajo.

No existen incentivos en ese sentido: sin desempeñar tareas, cobrando 75% del sueldo, con la certeza de que no los pueden despedir, cubiertos por la protección gremial y esgrimiendo las mismas razones que dan los políticos para quedarse en su casa, poco se puede esperar a futuro.

Esa situación es desesperante: el trabajador en blanco no evita volver al trabajo por miedo a la muerte, sino que lo hace porque puede. El trabajador en negro -que muchas veces está en esa situación más allá de su voluntad- no tiene muchas herramientas para negarse a volver a trabajar. Desigualdades de un país de reglas desparejas.

Sin dudas eso es un disparo en el pie: no retomar la actividad económica privada puede significar -para ese empleado que no quiere volver a trabajar- que la empresa quiebre y no lo indemnice, abriéndose una etapa judicial que no favorece a nadie (menos hoy, que en tribunales están en su feria de facto).

Los beneficiados por esta cuarentena perpetua son aquellos que creen ver logro y progreso individual en las ventajas que obtienen desde el estado en múltiples formas. Esos beneficios que defienden como derechos sólo pueden sostenerse porque alguien los paga a través de impuestos, a los que les pueden hacer frente cuando su actividad no se ve sentida.

El sociólogo Manuel Mora y Araujo dividió a la Argentina en tres segmentos, que en plena cuarentena se ven claramente.

El primero es el de los empresarios y los trabajadores competitivos, que piden abrir la cuarentena para volver a generar ingresos.

El segundo es el de los empleados de productividad media, empleados públicos o empleados privados sindicalizados. Estos no quieren volver a trabajar, porque tienen a quién reclamar y quien los defienda.

El tercer segmento es el de los trabajadores en negro, de baja productividad, sin sindicalizar. Acá llega la acción social, el IFE, la tarjeta Alimentar y demás ayudas. El grueso de esta franja tampoco quiere volver.

Políticos, sectores medios subsidiados en especias o sectores bajos sostenidos directamente por el Estado no tienen incentivos para retomar la actividad. Mientras tanto, los que no pueden elegir se debaten entre la angustia por ver cómo se diluye su esfuerzo de años y la rabia porque a ninguno de los otros parece importarle.