Una crisis que destapa que todo está atado con alambres

La situación de la Argentina no es comparable a la de otros países; ingresó a la pandemia en recesión, en default y sin fondos para reaccionar ante el ciclo de baja. La ayuda estatal es insostenible en los actuales niveles. Es ilógico abrir frentes de batalla que compliquen más la gestión.

Por Gabriela Origlia

Cualquier decisión que tomen los gobiernos tienen un costo. El equilibrio entre economía y salud es sólo aspiracional. En todo el mundo el segundo trimestre presenta una caída fuerte de la actividad, la diferencia para la Argentina empieza a marcarse a partir de esa fecha. Ya la economía venía golpeada, en recesión y en default y de ahora en adelante no sólo tiene que salir de la crisis sanitaria sino de la profundización de la crisis económica. El bolsillo argentino no es comparable a ningún otro país por eso las discusiones en otras naciones sobre cómo es la salida no pasan por el mismo lado y no hay comparación posible.

Por ejemplo, mientras la Argentina lleva siete meses de discusión y negociación de la deuda, en la región los vecinos colocan deuda a un promedio del 2,5% para paliar la pandemia del coronavirus. Los problemas no nacieron con este Gobierno, sólo se van sumando. La incapacidad de generar ahorro –fondos anticíclicos- es estructural. Por décadas y décadas se gasta más de lo que ingresa. Esa conducta condiciona cualquier salida de la crisis.

Según datos de Hacienda, el déficit fiscal en mayo llegó a $ 251.287 millones. El resultado financiero -contabilizando intereses de la deuda- alcanzó a un déficit de $308.219 millones. Esto equivalente a 8 veces más el resultado financiero del mismo mes del año pasado. Mientras el gasto público prácticamente se duplicó los ingresos tuvieron una caída de 28,6% en términos reales. Del incremento del gasto ese mes, el 27% fue Covid-19 (IFE, ATP, Programa Alimentar, $160.800 millones adicionales).

Las “Transferencias a las provincias” subieron 740% respecto de igual mes de 2019 y 250% en los primeros cinco meses del año; los “subsidios económicos” a las empresas de servicios públicos saltaron 179% interanual por el congelamiento de las tarifas que seguirá hasta fin de año según anuncio del Gobierno. Si se mantienen en ese porcentaje de aumento, el rubro acumulará  $780.000 millones en este año, el 2,6% del PBI según estimaciones del economistas Amílcar Collante.

¿Puede seguir la ayuda estatal en estos niveles? Esa es la diferencia de la Argentina con el resto, su margen de maniobra fiscal es inexistente. El déficit primario terminó en 2019 en 0,4% del PBI y este año rondaría 6% según estimaciones privadas. Es claro que los aportes estatales deberán empezar a focalizarse, porque para ningún nivel del Estado es posible sostener los actuales. La emisión, única fuente de financiamiento, no puede seguir como hasta junio porque el riesgo es alto.

La gestión cobra importancia en este contexto: para focalizar hay que hilar fino, tener bases de datos, cruzarlas con todos los niveles. Si no pasa que todos ponen y ni siquiera está claro quiénes reciben y de quiénes. De la pobreza se sale con empleo genuino no con ayuda estatal. Las experiencias de todo el mundo lo demuestran. Los subsidios deben entrar y salir y no sacar residencia permanente como pasa en la Argentina desde hace muchas administraciones.

El acuerdo por la deuda traerá algo de oxígeno pero no soluciones. El plan hacia adelante que el presidente Alberto Fernández aseguró varias veces tener sigue siendo una incógnita; quienes pueden generar trabajo con inversión no recibieron hasta ahora ninguna señal en ese sentido. O peor, recibieron unas que horas después quedaron aplastadas por decisiones tomadas por los propios funcionarios que las habían descartado.

El FMI –con el que el Gobierno negociará una vez que termine de acordar con los bonistas privados- estimó que este año la economía argentina caerá 9,9%; los economistas locales creen que será más pronunciada la baja. Así la crisis sería peor que la de 2002, cuando el PBI se derrumbó 10,9%. En lo que hay consenso es que la salida será más compleja que en ese entonces. En este contexto, es ilógico que se abran frentes de batalla innecesarios que sólo suman más ruido, más incertidumbre y alejan a quienes podrían ayudar a salir.