Guiño compensador: Schiarettistas a favor de la comisión Vicentin

Luego de mandar mensajes anti ley de expropiación, los diputados de Hacemos por Córdoba apoyarán la creación de la comisión bicameral investigadora de la deuda de la cerealera. Tiene media sanción del Senado. En la cámara baja, los 4 del PJ Córdoba otra vez son clave.

Por Bettina Marengo

Mientras prende velas para que finalmente no haya ley de expropiación de Vicentin, el schiarettismo se dispone a acompañar al Frente de Todos en Diputados en dos iniciativas que no son propias de su naturaleza: la comisión bicameral investigadora de la deuda de la cerealera, que ya se aprobó en el Senado, y el demorado proyecto de impuesto a las grandes fortunas. Son dos temas impulsados desde el entorno cercano a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la pata de la coalición gobernante con la que menos cómodo se siente el gobernador Juan Schiaretti y su gente.

La expectativa es que estos proyectos ocupen el lugar simbólico de la expropiación de la firma vaciada, una medida que en El Panal confían esté caída y que le traerá muchos dolores de cabeza si avanza. Canje dos por uno, sería en este caso.

“Difícil con esta pandemia”, sostuvo una fuente del núcleo duro del oficialismo provincial respecto a que avance en Congreso la estatización de Vicentin. Llegado el caso, todo dependerá de qué tipo de ley presente el Ejecutivo nacional.

La explosión de Covid 19 en el AMBA y la vuelta a la cuarentena dura en esa zona, hasta el 17 de julio, con la consiguiente irritación social en franjas porteñas y conurbaneras, son noticias que juegan a favor de los tiempos schiarettistas. La mirada de los peronistas cordobeses está puesta en Santa Fe, en lo que haga el gobernador santafesino Omar Perotti y en lo que suceda en el juzgado federal de Reconquista, donde el juez de la quiebra, Fabián Lorenzini, podría ser recusado por el Banco Nación porque trabajó durante 18 años en esa entidad crediticia, la principal acreedora de Vicentin. Lorenzini, que se opuso a la intervención de la firma dispuesta por el presidente Alberto Fernández y repuso al directorio original, ahora espera la propuesta “blanda” que elabora Perotti, un salvataje no estrictamente expropiador. Si el juez queda apartado, la causa entraría en una madeja judicial de tiempos improbables.

Todo eso lo sabe el schiarettismo cuando sus representantes afirman “que se sepa la verdad, sin revanchismos”, para confirmar que votarán la constitución de la comisión investigadora de la deuda, proyecto del senador neuquino Omar Parrilli, un dirigente cristinista puro con el que el PJ Córdoba no tiene una historia de amistad.  El objetivo es investigar el destino de los 18 mil millones de pesos que el Banco Nación prestó a la empresa agroexportadora durante el gobierno de Mauricio Macri.

Desde el punto de vista de sus aliados, votar la comisión no le será gratis a gobernador. El sector rural cordobés no solo no quiere intervención ni expropiación sino tampoco investigación más allá del juzgado de Lorenzini. Pero, en cualquier caso, es un costo menor que el que implicaría darle la espalda en Diputados.

La comisión ya pasó por el Senado, donde el Frente de Todos maneja una cómoda mayoría. Allí, la oposición denunció que el oficialismo aprobó el proyecto por mayoría simple, cuando se necesitaban los dos tercios, según su interpretación del reglamento de la cámara alta.

En Diputados, donde hasta el viernes el proyecto no había entrado, al gobierno nacional se le complican los números y los cuatro diputados del PJ cordobés vuelven a ser clave para la aprobación.

La otra iniciativa del gobierno del Frente de Todos que Hacemos por Córdoba está dispuesta a votar es el impuesto a las grandes fortunas que ingresaría en dos semanas a Diputados. Se trata de una iniciativa del Carlos Heller, el banquero de Credicoop y presidente del Partido Solidario, que Máximo Kirchner valoró e impulsó. Aunque la primera impresión del schiarettismo fue que “afecta a la clase media” y por lo tanto a sus bases electorales, lo real es que aplica a 11 mil personas físicas que tengan un patrimonio superior a los 200 millones de pesos. A groso modo, el gravamen único podría alcanzar a mil cordobeses, aproximadamente y la recaudación prevista sería de tres mil millones de pesos.