El IFE, un beneficio unitario

La condición para recibir el beneficio excluye prácticamente a toda la Argentina, con excepción, claro está, del AMBA y, a modo de colonia distante, del Chaco. La fundamentación se basa en que, habiendo sido flexibilizado el confinamiento en el resto de las provincias, la economía en aquellos distritos ya debería ser capaz de generar el volumen de negocios necesario para poder cumplir con los salarios y el empleo sin asistencia estatal. Lamentablemente, la presunción tiene una falla insalvable: las actividades pueden que se hayan flexibilizado, pero la economía no ha tomado nota de esta novedad.

Por Pablo Esteban Dávila

Quedan pocas dudas que estamos frente a un gobierno nacional de corte unitario, bien a tono con las anteriores administraciones del kirchnerismo. La imagen de Alberto Fernández, rodeado por Horacio Rodríguez Larreta y de Axel Kicillof en los sucesivos anuncios de prórroga de la cuarentena, son una editorial en sí misma.

La estética del presidente entornado por los mandatarios que rigen los destinos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense es consistente con las medidas que se toman y se anuncian cada quince días desde el pasado 20 de marzo. La Casa Rosada piensa y gobierna como si la Argentina estuviera reducida al AMBA. Las últimas menciones al Chaco, deslizadas como si aquella provincia fuese una extensión de las preocupaciones metropolitanas, fueron esporádicas, casi displicentes. De hecho, se desconoce si Jorge Capitanich fue invitado a acompañar los anuncios del jueves pasado.

A tono con este relato centralista, los grandes medios nacionales han hecho hincapié en el endurecimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio en aquel conglomerado y expresado la condigna preocupación por las consecuencias psicológicas, espirituales y económicas que este conlleva. No obstante, han mencionado solo tangencialmente la nueva distribución geográfica del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) informada por Fernández. En adelante, este beneficio se brindará únicamente a las regiones del país que no se hubieran flexibilizado.

La condición excluye prácticamente a toda la Argentina, con excepción, claro está, del AMBA y, a modo de colonia distante, del Chaco. La fundamentación del decisorio se basa en que, habiendo sido flexibilizado el confinamiento en el resto de las provincias, la economía en aquellos distritos ya debería ser capaz de generar el volumen de negocios necesario para poder cumplir con los salarios y el empleo sin asistencia estatal.

Lamentablemente, la presunción tiene una falla insalvable: las actividades pueden que se hayan flexibilizado, pero la economía no ha tomado nota de esta novedad. El consumo no es el mismo que antes de la pandemia y tampoco los nuevos hábitos urbanos. Además, existen rubros importantes (gastronomía y entretenimiento, por ejemplo) que continuarán vedados por un buen tiempo. ¿Por qué no continuar extendiendo, por lo tanto, el IFE a todo el país, tal como lo fue hecho en sus versiones anteriores?

Hay algunos datos que Fernández debería conocer antes de homologar la flexibilización con reactivación. En abril, la caída interanual de la actividad fue del 25.7%, en tanto que mayo verificó unos 23 puntos negativos. Para junio las cosas tampoco pintan bien. Ni siquiera en la debacle de 2001 y 2002 la economía cayó tanto. Las dimensiones de la catástrofe tal vez varíen según la jurisdicción de que se trate, pero sin dudas es una pandemia nacional, que está lejos de discriminar los límites interprovinciales.

El asunto preocupa, ciertamente, a todos los gobernadores. Sin el IFE, numerosas personas todavía impedidas de trabajar o que directamente han perdidos sus fuentes laborales, deberán arreglárselas como puedan. Los gobiernos provinciales no podrán hacerse los desentendidos frente a una situación para la que, simplemente, no tienen los recursos suficientes. Al igual que lo que ocurre con los subsidios al transporte, la Nación economiza con el interior lo que no se atreve a racionalizar en el AMBA.

Es posible que sea este otro aporte al distanciamiento político (y que en absoluto estaba determinado) entre Juan Schiaretti y el presidente. A la inconsulta decisión de expropiar Vicentin, se le suman ahora las restricciones en el IFE, que apenas se morigerarían si no se excluyese, como alguna información especula, a la ciudad de Córdoba. Es inevitable leer el mensaje en clave de incentivo inverso: las jurisdicciones que mejor avanzaron contra el Covid-19 son castigadas con el retiro de los paliativos de emergencia… ¿de qué vale el haber hecho las cosas bien?

Las perspectivas locales no son, por consiguiente, halagüeñas. Más allá de que el humor social mediterráneo parece esta mejor que el de porteños o bonaerenses, el panorama general dista de presentar atisbos de normalidad pese a las liberalizaciones dispuestas por el COE en semanas recientes. Forzoso es concluir que tanto las finanzas como la gestión del Centro Cívico se encontrarán más exigidas, en adelante, a raíz de la desagradable discriminación anunciada. El Ministerio de Desarrollo Social, por su parte, deberá extremar los recaudos para contener los probables brotes de enojo.

En este punto las miradas se dirigen hacia Juan Carlos Massei, el ministro del área. Seguramente sin saber de lo que significaría el coronavirus en 2020, Schiaretti tuvo el acierto de designar un político con experiencia para el mandato inaugurado el 10 de diciembre pasado, en lugar de ensayar otras variantes. Massei se había desempeñado como Ministro de Gobierno en su gestión anterior -un período de calma infinita en comparación con el actual- y, de momento, parece estar cumpliendo con las urgencias de la hora.

¿Por cuánto tiempo podrá hacerlo? Su legitimación funcional depende de los fondos que pueda aplicar a la contención y a la oportunidad con la que actúe. Utilizando el lenguaje de las guerrillas de los ’70, deberá concentrarse en un “foquismo social”, identificando los lugares más candentes y entretejiendo las delicadas mallas territoriales que sirven de micro embalses a problemas mayores, sin que nadie repare en sus tejedores. Vale recordar que la tarea de la acción social, cuanto menos se nota, es cuando más rédito genera a sus coroneles.

Si, como le gusta pontificar al presidente para justificarse, “el problema es la pandemia, no la cuarentena”, las decisiones que se toman tienen que ser acordes con la magnitud de aquella. Sin dudas que una de las caras de la peste es el coronavirus, pero la otra es la crisis económica que se genera para combatirlo. Dejar el IFE sólo para las áreas en cuarentena es un gran error con previsibles consecuencias sociales y también políticas. Puede que, urgidos por otras clases de ayuda, los mandatarios del interior callen tácticamente ante esta nueva inequidad pero que, en un futuro próximo, probablemente facturen este nuevo desaire a quien que se había comprometido a gobernar con ellos y que, hasta el presente, lejos está de haberlo hecho.