Más servidores urbanos y menos bonificaciones, el próximo paso

El Ejecutivo prepara dos medidas para continuar su plan de reconquista del municipio: ampliar el programa de Servidores Urbanos y limitar las bonificaciones por mano de obra especializada (las más extendidas y onerosas).

Por Felipe Osman

Después de retirar prolongaciones de jornada y horas extra, reducir la jornada municipal, desactivar chapas de inspectoría y remover interinatos designados durante la pasada gestión, el peronismo estudia el siguiente paso a dar en una avanzada contra el sindicato que busca redefinir la caótica estructura de costos que heredó (cuyo principal artífice fue, por lejos, el juecismo) y reconquistar el poder que durante décadas ejerció el Suoem, que a todos supo imponer su cogobierno.
En vista de ambos objetivos ha encontrado en la actual coyuntura una oportunidad y un imperativo. No reducir el peso de las erogaciones es insostenible. Hacerlo ahora, durante el imperio de la cuarentena, ofrece en cambio algunas ventajas. Ha decidido aprovecharlas.
Para eso el municipio ha montado una estructura de contención que le permita sobrellevar un conflicto de largo aliento con el sindicato sin desatender por completo las necesidades y demandas de los vecinos. Y allí es donde entran los Servidores Urbanos, el programa que gerencia la Secretaría de Asuntos Sociales, Inclusión y Convivencia que tiene por fin munir a la Municipalidad de la fuerza de trabajo necesaria para llevar adelante un abanico de tareas en el territorio que incluye desde trabajos de desmalezamiento y limpieza hasta pequeñas reparaciones y mantenimiento de espacios públicos.
Los servidores urbanos son hoy una pieza clave para la gestión, que ya habría tomado la decisión de ampliar el programa llevándolo a cerca de 2.000 agentes, aumentándolos en más de un 50 por ciento.
El movimiento deja entrever que desde el Palacio 6 de Julio se preparan para prolongado período de rispideces con el sindicato, ya que el ensanchamiento del programa tiene en miras lograr que éste tenga la extensión necesaria para poder atender a las necesidades que surjan en todo el territorio de la ciudad. En resumidas cuentas, ampliar la cantidad de servidores urbanos implica una mayor independencia de la Municipalidad respecto de las Áreas Operativas del Suoem, el brazo más beligerante del gremio.
Con estos refuerzos, el municipio también busca reafirmarse para lanzar otra iniciativa que ponga coto al gasto salarial: la limitación de bonificaciones por tareas que requieran mano de obra especializada. Estas bonificaciones, reguladas en el inciso 2, artículo 8 de la Ordenanza de Remuneraciones (7974), establece: “Las tareas que requieran mano de obra especializada que por sus características técnicas sea de difícil cobertura, podrán percibir una bonificación de hasta cuarenta por ciento (40%) del sueldo básico del cargo”.
El avance sobre estos conceptos complementarios del salario es una de las preocupaciones centrales del Suoem desde que el PJ desembarcó en el Palacio Municipal por más de una razón. En primer lugar, porque son las más extendidas por la fórmula extremadamente abierta empleada en la redacción del inciso. En segundo término, porque a su concesión acompaña un beneficio más que significativo, nada menos que el 40 por ciento del salario básico.
Ahora bien, ¿qué necesita el Ejecutivo para remover estas bonificaciones? Desde el sindicato plantean que no puede hacerse, ya que se trata de “derechos adquiridos”. Especialistas en Derecho Administrativo piensan que han estudiado el tema piensan, sin embargo, muy distinto.
Apuntan que, por la laxitud en la redacción de la norma, se trata de una “cláusula abierta”. Es decir, que es necesaria una tarea interpretativa a realizarse por la Administración para determinar qué debe ser juzgado como “mano de obra especializada”, que tal exégesis es discrecional, y que puede variar junto al contexto. Ilustran con el siguiente ejemplo: al momento de redacción de la norma (1984) alguien capacitado para realizar tareas informáticas debía ser juzgado como mano de obra especializada pero, ¿debe subsistir tal interpretación 36 años después?
Finalmente, explican que el quid de la cuestión está en el verbo empleado. El inciso 2 habla de que “podrán” recibir tal bonificación los agentes que desempeñen tales tareas. No existe un deber de la autoridad, sino una facultad. Ejercer esa facultad es todo lo que el peronismo necesita para echar por tierra las bonificaciones que considere indebidas. Más aún en tiempos de emergencia.