Llaryora criticó; ahora, hace: avanza recorte docente

Tomó estado parlamentario en el Concejo Deliberante el proyecto oficialista que pretende modificar el régimen municipal del personal de escuelas y jardines. El municipio difundió que el 20% de los educadores cobran sus salarios sin trabajar.

Por Yanina Passero
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Ya no queda lugar para las dudas: el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, desenvainó su espada para cortar progresivamente beneficios –a la gestión peronista le gusta llamarlos “privilegios”- del personal municipal. El objetivo medular de esta semana se enfocó en los docentes de las escuelas primarias y jardines de infantes que dependen del Palacio 6 de Julio.

La avanzada que encerraba una clara intención de reordenar los recursos invertidos dolió en doble sentido. El primero: atacaron el bastión político de la exdocente Beatriz Biolatto; y, el segundo: los educadores y el Suoem no imaginaron que serían los protagonistas de la tijera de Llaryora. Parece ser políticamente incorrecto atreverse a hablar de “recorte” en materia de educación pública.

Sin embargo, los alfiles del intendente se encargaron de plantear un estado de situación que invita a pensar si el presupuesto para la Secretaría pertinente no podría dividirse de una forma más equitativa y que redunde en una mayor calidad educativa y beneficios directos para sus protagonistas, los estudiantes. De $25 000 que la Municipalidad eroga mensualmente por cada matrícula, $21 000 son para pagar el sueldo docente.

Para no encerrarse, el Ejecutivo no cuestionó el nivel salarial del sector, pero plantó la duda sobre el rendimiento de los educadores al advertir que los chicos y chicas se ubican en un nivel de performance académica por debajo de los establecimientos provinciales, incluso aquellos de la misma zona.

Como se había anticipado, el recorte se venía venir y se aplicará en los recursos que llaman “ociosos”. Es decir, los maestros en tareas pasivas que no cumplen ningún servicio, pero cobran su sueldo sin prestar servicios. Como adelantó este medio, el proyecto que ayer tomó estado parlamentario en el Concejo propone reconvertir a otra categoría del escalafón al docente que sea impedido de cumplir con su función. Esto sucederá con los agentes con menos de 20 años de antigüedad.

Por otra parte, la norma propone limitar los adicionales del 20% por ubicación de la escuela, universales por supuesto. Aunque eleva al 30% el plus a los educadores que efectivamente se desempeñen en zonas vulnerables de la ciudad.

El régimen de suplencias también se verá afectado para evitar pagar dos o tres sueldos por el mismo cargo. También, restringe el concepto de “docente” alcanzado por el régimen laboral vigente. Quitan de la normativa a aquellos “colaboradores” que no actúan de manera directa en los procesos formativos de los alumnos.

Rechazo y defensa

Naturalmente, el Suoem desmintió la información que puso en circulación el Ejecutivo. Pero la reacción no tardó en asomar en las filas de la UCR. El diputado nacional Diego Mestre defendió el sistema educativo municipal, fundado durante la intendencia de su padre, Ramón B. Mestre. “Apostar por la educación es invertir en nuestro futuro. No importa quién gobierne la ciudad, la defensa de la educación debe ser una política del estado municipal siempre. Es parte de nuestro activo, no de nuestro pasivo como nos intenta hacer ver el actual intendente”, fustigó.

Ahora la batalla se trasladará al Concejo. “Todas estas medidas tienden a dotar de racionalidad al Estado. No busca atacar derechos salariales, ni afectar las tareas que efectivamente se prestan en nuestras escuelas. Es buscar que la inversión que hoy tiene la Municipalidad de Córdoba en educación, vaya a donde tiene que ir, es decir al mejoramiento edilicio, y a la calidad educativa”, uno de los fundamentos del proyecto que se tratará en comisión desde la semana que viene.