Costo educativo municipal: la oportunidad de debatir sobre educación pública

El alto costo que paga la ciudad por sus docentes es la excusa perfecta para debatir (y recuperar) la educación pública.

Por Javier Boher
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La decisión del intendente Martín Llaryora de avanzar sobre el área educativa de la municipalidad ha dejado mucha tela para cortar. Tema sensible, es difícil meterse en el laberinto espinado de la educación pública.

La educación es uno de esos temas que en la conciencia colectiva está protegida por un halo de santidad. Por un lado es maravilloso, porque señala la importancia que los argentinos le seguimos dando a la formación académica (gracias Sarmiento por tanto).

Sin embargo, esa relevancia la convierte en un tema difícil de encarar, en donde políticos, docentes, padres y sindicatos prefieren no innovar. Nadie se cuestiona el fondo, sino solamente cuanta plata le toca poner o recibir a cada uno.

El altísimo costo que pagan los cordobeses por una educación mediocre obedece a la forma en la que se han ido trastocando las realidades desde que Ramón Bautista Mestre lanzó al municipio a la aventura de tener escuelas.

Por aquel entonces, el grueso de las decisiones educativas se tomaban en la Capital Federal, lejos de las realidades de los barrios periféricos a los que se propuso llegar la labor educativa del radical. En ese contexto era necesario la intervención del municipio para garantizar la igualdad en el acceso a la educación pública.

Ya en los ’90, los terribles números de la administración menemista empujaron a Domingo Cavallo a transferir la educación y salud públicas a las provincias, achicando el gasto nacional pero aumentando considerablemente el de los distritos que a partir de entonces tenían nuevas obligaciones. Poco se habla de ese impacto en la crisis de endeudamiento y quebranto que desembocó en diciembre de 2001.

Así, la educación pasó a estar más cerca de las necesidades de la gente. La provincia pudo aumentar su oferta (aunque todavía la gente recuerde las escuelas-fachada de De la Sota) y progresivamente fue quitándole sentido a la prestación municipal del servicio, que fue encareciéndose en la misma medida en la que el gremio obtenía más beneficios de parte de los sucesivos gobiernos.

Hay que ser claros: nadie puede quejarse de que los docentes y directivos municipales cobren el doble que los docentes provinciales o privados. De lo que sí se queja la gente es de la baja calidad de su trabajo, la negativa a ser evaluados, la resistencia a la formación continua y los recurrentes planteos gremiales que los sacan de las aulas, que es a dónde pertenecen los docentes.

Según los números del presupuesto 2019, cada alumno de la escuela primaria le cuesta a la provincia alrededor de un 15% de lo que le cuesta a la ciudad. De hecho, si se toma la totalidad del presupuesto educativo provincial, y se lo divide sólo por los alumnos de las escuelas primarias públicas (alrededor del 40% del alumnado público total en todos los niveles) la provincia pagaría alrededor de la mitad de lo que le cuesta cada alumno a la ciudad. Incomprensible.

Por supuesto que la provincia sigue siendo ineficiente e incongruente. Por ejemplo, mientras el área de innovación educativa va por el rápido carril izquierdo, la pata burocrática del Ministerio de Educación está de picnic al lado de un santuario del Gauchito Gil. La ineficiencia y pesadez siguen siendo la regla.

El debate está abierto. Aunque sea difícil meterse con un tema tan delicado, no se debe temer de encararlo. Es la única forma de evitar, a su vez, que bajo excusas eficientistas y tecnocráticas se avance sobre un bien tan preciado como la educación pública. Lo que se busca no es (ni debe ser) eliminarla, sino mejorarla. El debate está abierto.