Cooperación para recuperar los Estados

Intendentes temerosos de que el Coronavirus sepulte sus carreras ponen en riesgo la misma noción de Estado.

Por Javier Boher
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El temor es una herramienta política interesantísima. Pese a ser muy antigua, eso no la hace menos efectiva. No hay dudas de que el Covid-19 se ha convertido en una amenaza real, pero también en un eficaz instrumento político.

La idea de que un virus mortal amenaza con quitarnos todo lo que conocemos ha habilitado a políticos de distintos niveles y colores para que actúen más allá de sus atribuciones o potestades.

Los estados son organizaciones que cuentan, entre sus características, con el control del territorio y la capacidad de tomar decisiones políticas obligatorias para todos. El miedo nos ha expuesto, otra vez, a la posibilidad de encontrarnos a las puertas de Estados que no satisfacen adecuadamente esas características.

La amenaza constante de que todavía no ha llegado el pico, que todavía no hemos experimentado fríos de verdad o que se puede saturar el sistema rápidamente si no se respeta el distanciamiento social, empujan a algunos intendentes a tomar decisiones unilaterales para evitar el peor pico, el del caos y la división social.

Muchos de los casos que se detectaron en la última semana tuvieron la particularidad de ser en localidades pequeñas, esas a las que habitualmente se las piensa a salvo de la pandemia. “Pueblo chico, infierno grande” reza el dicho, y así parecen estar viviendo la situación.

Amenazas de vuelta atrás en la cuarentena, voluntarios municipales sin preparación o cobertura legal más allá de alguna resolución emitida por el municipio y ciudadanos crispados e indignados por la traición de sus vecinos que se contagiaron son algunas de las cosas que se vieron en la vorágine de los últimos días.

Esos voluntarios cortan rutas bajo un presunto paraguas de protección estatal, aunque lo único que tienen es el permiso de un jefe comunal temeroso de que el coronavirus sepulte -al menos- su carrera política. Algunos bloquean rutas (que pueden cobrarse alguna vida, como en el límite entre Córdoba y San Luis) y otros desconocen las normativas de algún nivel superior (provincias dando la espalda a la nación, municipios ignorando a la provincia), pero todos plantean un desafío a la misma noción de estado.

El control del territorio se ha convertido en una baza clave para negociar las medidas a adoptar, mientras del otro lado les responden pesadamente sentados sobre la billetera con los recursos que ayudan a sostener esas burocracias de menor escala.

La pandemia no solo ha dejado expuestos los errores y debilidades del sistema de salud (que sigue viejos modelos que poco a poco van mostrando sus limitaciones) sino también la ficción legal detrás de los relatos estatales que administran las situaciones sociales en las que estamos inmersos.

La firmeza con la que los estados provinciales imponen su autoridad sobre los municipios (o la nación sobre las provincias) no tiene que ver con la negación del principio federal sobre el que se funda nuestra organización política, sino con evitar una balcanización que termine consolidando de hecho el Ducado de Salsipuedes, el Principado de Villa Dolores o el Óblast autónomo de La Falda.

Sin dudas no pueden existir separados, sino que se necesitan de -paradójicamente en tiempos de coronavirus- mayores acercamientos políticos que se cimenten sobre la cooperación y coordinación de esfuerzos, para así ayudar a recuperar el funcionamiento normal de la economía, el orden y la realidad estatal.

Políticos y ciudadanos siguen teniendo miedo a los efectos de este virus desconocido. Aunque el temor pueda debilitar a las personas y las instituciones, sólo la voluntad conjunta de acompañarse para hacerle frente va a contribuir a despejar las dudas y alumbrar el camino para una salida ordenada.