Interna de UTA salva crisis política por transporte

Para evitar el paro “solidario” con el interior como proponía la oposición, el gremio aceptó la flexibilización salarial. Llaryora apostaba a esta solución para evitar tensar aún más la cuerda con la Nación, que no aumentó subsidios pero anexó a Fatap al programa de ATP hasta junio. Se levantó la huelga, pero el servicio se reanudará apenas el COE apruebe el protocolo.

Por Yanina Passero
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El paro más largo de la historia del transporte cordobés encontró su explicación en la conveniencia sanitaria; pero también en la puja cuidada que el gobernador Juan Schiaretti mantiene con la Casa Rosada por una mayor asistencia financiera tras la profundización de la crisis. Fue el intendente Martín Llaryora quien pateó el tablero y reclamó con otros pares una redistribución de los subsidios al transporte, constatada la negativa de su mentor en asistir el servicio urbano e interurbano.

Los alfiles del presidente Alberto Fernández buscaron dejar expuesta esa doble jugada al asegurar que la Nación giró a la Provincia $3000 millones extra para servicios esenciales y que el transporte no fue priorizado. El descargo corre por cuenta del senador nacional por Córdoba, Carlos Caserio.

Llaryora buscó quitar los fantasmas de “ruptura” al liderar una liga de intendentes del interior, afectados como él por una huelga de los choferes que cumplió ayer 26 días. En el Palacio 6 de Julio comprendieron, incluso, que los diputados de Hacemos por Córdoba se ausentaran de las videoconferencias donde se seguiría insistiendo en que la solución sólo se encontraría en la mesa nacional. Los llaryoristas lo explicaban: involucrar al Congreso implica un cierto activismo del mandatario provincial y una invitación a que el método se replique en otras provincias. La secuencia hipotética terminaba con Schiaretti sumando problemas al jefe de Estado.

Planteada las estratagemas políticas con Llaryora valiéndose por sí solo -al menos en apariencia para preservar las relaciones renovadas entre El Panal y la Casa Rosada- la expectativa se trasladó a la audiencia que se celebró ayer en Buenos Aires entre UTA, Fatap y autoridades de los ministerios nacionales de Trabajo y Transporte. Esta vez, el gremio de los choferes iría con una mayor predisposición para el arreglo en virtud de la fuerte interna que sacude a su titular, Roberto Fernández.

Su rival interno decretó un paro en Buenos Aires en las líneas de la empresa Dota para solidarizarse con los conductores de las provincias. Si fracasaba la negociación, la conducción que negociaba por los salarios de los choferes del interior del país se hubiera visto empujada a llamar al paro nacional, en otras palabras, a concretar la amenaza que se propuso no cumplir.

El pálpito de Llaryora no falló. La interna de UTA jugaría a su favor. Tampoco fue necesario tensar la cuerda con los empresarios como le pedía la oposición o insistir con el posicionamiento público del Gobernador (o un salvataje económico que desarmaría discursos y apuestas de mayor calibre). El gremio se sentó a la mesa dispuesto a cerrar el trato de flexibilización, aunque sin tocar el ingreso de bolsillo de sus representados. Tal como se preveía.

Según se desprende del acta “las empresas integrantes de FATAP asumen el compromiso de abonar el 100% del salario neto de bolsillo del personal a razón de un 88% en concepto de asignación no remunerativa y el restante 12% de manera normal, devengados en los meses de abril, mayo y para que corresponde al mes de junio de 2020”.

Decíamos, la convicción de UTA de que de esa pulseada saldría con un arreglo para evitar mostrar debilidad interna en el manejo de la crisis, también se correspondió con una importante concesión del gobierno de la Nación. Si bien la cuestión de fondo no puede resolverse en un tris, esto es la redistribución equitativa de los fondos no reintegrables para el interior del país con respecto a Capital Federal y AMBA, el Ministerio de Transporte facilitó el acuerdo entre las partes al permitir el ingreso de FATAP al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), creado por el decreto de necesidad y urgencia 332/20.

De esta manera, las empresas del sistema del transporte urbano de la ciudad recibirán un promedio de $28000 por empleado de mayo a junio para compensar la pérdida de ingresos por la caída abrupta del corte de boleto en el marco de emergencia sanitaria. Cabe recordar que el 70 % de los costos se cubren con la recaudación.

A este nuevo ingreso deben computarse los que ya recibían pos subsidios nacionales y provinciales, de manera tal que el costo operativo –salarios por $289 millones y gasoil por $100 millones- quedaría cubierto para desarrollar una cobertura normal del servicio, con la reducción de la capacidad de traslado que imponen las nuevas normas de bioseguridad.

Y es precisamente ese reajuste lo que demorará un tiempo más el restablecimiento de la prestación. El subsecretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad, Gonzalo Guevara, confirmó que la prioridad de la gestión sigue siendo la salud de los cordobeses, aunque trabajarán para que el servicio funciones cuanto antes.

Es por esto que hoy a las 11 se realizará una nueva videoconferencia con los intendentes y empresarios del sistema para poner en común las nuevas exigencias y estrategias. De las conversaciones y reuniones del oficialismo municipal surgirá un protocolo que será elevado al Centro de Operaciones de Emergencia (COE). La huelga de UTA se levantó, pero las condiciones y fecha de reanudación del transporte las marcará el organismo.