Córdoba, clave para extender congelamiento jubilatorio nacional

El congelamiento de los haberes jubilatorios nacionales, oficiado por la ley de Emergencia que el FdT aprobó al asumir, vence en junio. Alberto Fernández necesita prorrogarlo, sea por ley o por decreto. En el primer caso, los diputados de Schiaretti serán esenciales; en el segundo, las cuestionadas formas de la reforma provincial quedarán legitimadas para el kirchnerismo.

Por Felipe Osman

El 20 de junio vence la prórroga del congelamiento de las jubilaciones nacionales que el Frente de Todos aprobó en diciembre, a días de desembarcar en la Casa Rosada, conjuntamente con la Ley de Emergencia Económica.

En virtud de esta ley, el Congreso puso en stand by la aplicación de la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios que Cambiemos sancionó en la recordada reforma jubilatoria de 2017, y la reemplazó por una facultad privativa del presidente que periódicamente otorga dichas actualizaciones por decreto.

Dado que la salud financiera del país, lejos de mejorar, ha empeorado -algo que en gran medida se explica la llegada de la pandemia y la consecuente adopción de medidas sanitarias que inevitablemente repercuten sobre la actividad económica-, y que el oficialismo no ha logrado consensuar con Juntos por el Cambio un proyecto que modifique la fórmula acuñada en 2017, el Ejecutivo Nacional habría tomado la decisión de prorrogar seis meses más la suspensión de las actualizaciones según dicho cálculo, dejando durante ese lapso la movilidad jubilatoria en su propia lapicera.

Desde Buenos Aires entienden que el escenario económico y las altas tasas de inflación que se heredaron de la gestión macrista no permiten otra cosa, y que la relativa fragilidad del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, donde no cuenta con quorum propio y depende del Interbloque Federal (11 votos) y el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (8 votos) para tratar y aprobar sus proyectos, no hace posible instalar -de momento- un debate en torno a una nueva reforma jubilatoria que dé sostenibilidad al sistema previsional sin pagar altísimos costos políticos.

Así las cosas, la decisión de prorrogar el congelamiento sería un hecho, aunque la forma de llevar adelante esa prórroga aún no estaría decidida. Podría darse por una ley, para la que el oficialismo necesitaría de los votos de los interbloques que fungen como aliados circunstanciales del Frente de Todos, o mediante un decreto firmado por el presidente, sin ningún trámite legislativo.

Si el Frente de Todos se decantara por la primera alternativa, los votos de los diputados que revistan en los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo cotizarían en alza en momentos en que los gobernadores que controlan esas bancas tienen mucho que negociar con la Casa Rosada.

Entre ellos, Juan Schiaretti es el mandatario que más votos controla, con los cuatro escaños que Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez ocupan en la Cámara Baja, que se volverían poco menos que indispensables para inclinar la votación a favor del oficialismo, dado que Juntos por el Cambio -que cuenta con 116 votos, apenas tres menos que el Frente de Todos- ya ha expresado sus intenciones de reclamar la implementación del cálculo jubilatorio aprobado en 2017, y que la unidad del interbloque que integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica junto a otros socios menores sería absoluta al momento de posicionarse en contra de extender seis meses más la facultad que permite al Ejecutivo actualizar las jubilaciones por decreto.

Este poder relativo resulta muy importante para Córdoba, dado que la estrepitosa caída de la recaudación provincial durante los últimos meses (en mayo fue cercana al 30 por ciento interanual) hace imperativo negociar el mayor respaldo financiero posible para la Provincia.
Finalmente, también podría darse el caso de que el oficialismo nacional se decantara por avanzar en una prórroga al congelamiento de la movilidad jubilatoria por decreto, lo que dejaría las provincias representadas en los dos interbloques minoritarios al margen de la decisión.

Sin duda sería una forma más desprolija, con el peronismo nacional imponiéndose por el poder que ha sabido concentrar en cabeza del Ejecutivo, aunque dadas las circunstancias no parece un escenario demasiado improbable. Llegado el caso, la Provincia no podría sacar demasiado provecho de la situación, pero la cuestionada reforma previsional llevada adelante semanas atrás por Hacemos por Córdoba quedaría virtualmente legitimada por el oficialismo nacional, haciendo todavía más incómoda la posición de quienes, dentro y fuera del gremialismo, apuntan contra el Centro Cívico mientras se olvidan de mirar lo que pasa en Buenos Aires.