Caja: avanza reclamo unificado de gremios aportantes

El SEP puso a disposición de los gremios estatales de la CGT una acción judicial que elaboró su abogado, el laboralista Pedro Mendizábal. Se llevará a Tribunales a la brevedad. Hoy, el plenario de la Regional Córdoba decide detalles de la marcha del viernes. Relativizan advertencia de Mosquera.

Por Bettina Marengo
El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) ya tiene listo el reclamo de inconstitucionalidad de la ley de reforma y ajuste jubilatorio N° 10694 aprobada el 20 de mayo pasado en la Legislatura, y hoy invitará al resto de los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones a adherir al mismo. Lo hará en el marco de un plenario de la CGT Regional Córdoba en cual también se decidirán los detalles de la movilización callejera de este viernes contra “las ofensivas a trabajadores públicos y privados”.
El recurso judicial será presentado ante la Justicia provincial en forma digital, en los próximos días, o en forma presencial la semana que viene, luego de que los Tribunales vuelvan a trabajar con “nueva normalidad”, si el COE lo autoriza. Desde ayer, el texto del reclamo circula entre los gremios estatales. La idea es que sea la primera acción judicial colectiva encausada desde la central obrera que conduce el legislador y titular del SEP, José Pihén, contra la llamada ley de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba.
En cuanto a la acción del viernes, se trata de una caravana y bocinazo que la Regional Córdoba realizará por las calles de la ciudad, en simultáneo con otras regionales, similar a la que protagonizaron los médicos el pasado 25 de mayo para repudiar imputaciones. Hoy se resolverá hasta donde marcharán con los automóviles. La semana pasada, luego las salidas de distintos gremios en conflicto, el ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, advirtió sobre los “peligros” de este tipo de marchas en relación a la diseminación del Covid 19, y dijo que el COE podría derogar permisos de circulación a quienes “hagan correr riesgo” a la población. Desde la CGT manifestaron que no hay disposiciones oficiales en ese sentido y relativizaron la posibilidad de que se impida la circulación de los manifestantes.
El abogado que elaboró el texto de la acción judicial es Pedro Mendizábal, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Córdoba y asesor del SEP y del gremio de la Alimentación que conduce Hector Morcillo, entre otros. Además, fue el socio de estudio jurídico del último vocal que ingresó al Tribunal Superior de Justicia, el exministro de Justicia Luis Angulo.
Algunos de los gremios aportantes a la Caja ya han realizado presentaciones judiciales particulares contra el nuevo régimen. Entre ellos, Luz y Fuerza y Suoem (de la CGT Rodríguez Peña) y Unión de Personal Superior (UPS). También hubo reclamos de jubilados a título personal, representadas por el abogado Jorge Gentile. En ese sentido, fuentes gremiales indicaron que cada sindicato podrá impulsar en forma paralela los recursos de amparo para detener los recortes aplicados y los presentaciones en el fuero contencioso-administrativo por la cuestión de fondo.
El recorte previsional estableció que los aumentos a los jubilados se abonarán con un diferimiento de dos meses en relación a que perciben los activos. Además, calcula el haber  inicial sobre las ultimas 120 remuneraciones (diez años) y no sobre las últimas 48 (cuatro años). También se modificó el régimen de pensiones: se pagará el 70% de la jubilación desde la primera liquidación. Además, entre otras modificaciones, se establece un “aporte solidario”, que es una reducción del 20% sobre el haber de las prestaciones que paga la Caja cuando el beneficiario tenga otros ingresos. Cabe destacar que los nuevos cálculos dejan afuera los haberes de docentes, policías, equipos de salud, y de quienes ganen hasta $68 mil mensuales.
Además del recorte y reforma jubilatoria, hay varios frentes gremiales abiertos en Córdoba, en el sector público y privado. La situación de los trabajadores de la UTA, a quienes Fetap les adeuda salarios de abril y mayo, y el recorte de jornada y de haberes de los empelados del Suoem, tras la ordenanza sancionada por el intendente Martín Llayora, son algunos de ellos. Según una calificada fuente de la Regional Córdoba, ninguno de los gremios en conflicto está recibiendo apoyo de las autoridades nacionales en sus reclamos, aunque varios de ellos tienen conducciones cercanas al gobierno del Frente de Todos. Segun trascendió, el Ministerio de Trabajo que encabeza Claudio Moroni evitaría involucrarse en cuestiones locales, justamente con el argumento de evitar pisar la jurisdicción provincial, incluso en un gremio que tiene convenio nacional, como es la UTA.