Se vacía la Justicia: López de Filoñuk perdió estado judicial

La Cámara Federal cordobesa respaldó lo decidido por el magistrado Vaca Narvaja y desactivó a la fiscal. La funcionaria puede recurrir el decisorio.

Por María del Pilar Viqueira

Liliana Navarro y Eduardo Avalos, de la Cámara Federal cordobesa, confirmaron que una presentación de la agente Graciela López de Filoñuk solicitando la prórroga de las intervenciones telefónicas ordenadas en una causa es ineficaz porque ya no tiene estado judicial. Lo propio resolvieron con respecto a los subsiguientes pedidos que hizo la funcionaria.
Así, al desestimar la apelación de López de Filoñuk, ratificaron el fallo dictado el 22 de abril por Hugo Vaca Narvaja, quien entendió que la fiscal perdió aquella condición el 13 de ese mes, cuando el presidente aceptó su renuncia.
Cabe recordar que López de Filoñuk presentó su dimisión el 28 de febrero y que ese mismo día el procurador General interino, Eduardo Casal, la convocó para que siguiera activa.
Entre otras consideraciones, el tribunal expuso que López de Filoñuk dejó de ser fiscal cuando Alberto Fernández aceptó su renuncia porque ese fue el acto administrativo válido.
Bajo esa premisa, consideró que las decisiones precisas de Casal constituyeron “meros pronunciamientos administrativos”.

Convidado de piedra
“Resulta absolutamente equivocada la apreciación de los apelantes en el sentido que el
presidente de la Nación carece de competencia para aceptar la renuncia de los fiscales invocando una supuesta violación a la independencia y autonomía funcional del Ministerio Público”, añadió la Alzada.
En esa tesitura, opinó que la potestad del procurador de aceptar renuncias no surge de manera expresa de la ley orgánica del Ministerio Público y que aunque pudiera entenderse que es una competencia implícita no podía excluirse la intervención que le cabe al primer mandatario. “No puede ser un ‘convidado de piedra’ ante la renuncia de un fiscal”, enfatizó.
Se descuenta que la Cámara se pronunciará en el mismo sentido al definir la suerte de la apelación que promovió Gustavo Vidal Lascano, cuya continuidad también fue desconocida por Vaca Narvaja.

Reforma
Cuando el Congreso se preparaba para debatir la reforma del régimen jubilatorio, los magistrados objetaron la nula participación que tuvieron en el diseño de la normativa.
Uno de los principales inconvenientes que observaron fue, justamente, que derogara la posibilidad de cubrir vacancias con jubilados; es decir, el estado judicial, un mecanismo al que destacaron como valioso frente a la ola de renuncias que comenzaba a registrarse.
En Córdoba, los federales se dividieron. Alberto Lozada, fiscal general de la Cámara Federal, descartó que la iniciativa tuviera finalidades económicas y sostuvo que se buscaba un vaciamiento. Enrique Senestrari apoyó la reforma. Incluso, dijo cuánto gana.
Lozada presentó su renuncia. Lo propio hicieron López de Filoñuk y Vidal Lascano.

Previa
En la previa de la discusión de la legislación los vaticinios sobre presuntas maniobras para generar un éxodo en la Justicia y acomodar a funcionarios militantes parecían exagerados, pero el panorama institucional pasó de incierto a agitado tras la escandalosa sesión en Diputados en la cual el FdT sentó al embajador Daniel Scioli para llegar al quorum y darle media sanción.
Horas antes de ese vergonzoso episodio, Susana Pernas, secretaria general de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, afirmó que el texto afectaba la independencia del Poder Judicial.
Hasta el vocal de Justicia Legítima José Massoni cuestionó las intenciones del Gobierno. Si bien aclaró que el colectivo, siempre sumiso con el kirchnerismo, no pondría obstáculos, pidió que el proyecto se discutiera con todos los sectores involucrados.
No obstante, el 13 de marzo el oficialismo y sus aliados lograron sancionar la ley.

Letargo
Días antes del fin de la feria de verano, cuando colapsó nuevamente el sistema que la Justicia Nacional y Federal usa hace más de 10 años -el Lex 100- Julio Piumato, titular de la UEJN, aseguró que Argentina estaba “imposibilitada de impartir Justicia normalmente”.
El letargo de la Justicia Nacional y Federal no solo se debe a las falencias históricas del Lex 100, sino a la falta de avances a la hora de cubrir vacantes.
El año pasado, las denuncias por la omisión tratamiento de pliegos formaron parte de la escena parlamentaria post PASO y se apilaron los ruegos para que la Cámara Alta se ocupara del tema.
La por entonces senadora y precandidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó la resistencia a nombrar sentenciantes, fiscales y defensores oficiales seleccionados por concurso.
Cabe recordar que la negativa se daba mientras dirigentes políticos y referentes intelectuales del kirchnerismo le formulaban advertencias a los jueces que investigan causas por corrupción, propiciaban revisiones de sentencias y hasta proponían la supresión del Judicial.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) pidió definiciones y recordó que, en definitiva, las vacancias impactan en los ciudadanos.
Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado en el cual estimó que en las declaraciones de los miembros del por entonces arco opositor subyacía la vocación de hacer efectiva la injerencia política sobre la Justicia.
El calendario electoral se cerró con la victoria de Fernández, quien al asumir anunció una reforma indeterminada.
A partir de ese momento, la coalición gobernante comenzó a ventilar su interna “presos políticos versus detenidos arbitrariamente” y a apelar a la narrativa “lawfare”.
También instaló la épica del privilegio con la iniciativa que, finalmente y pese a las críticas, modificó los regímenes jubilatorios especiales y suprimió el estado judicial.