Piden que vocal del TSJ explique vínculo con geriátrico de Saldán

La legisladora de CC-ARI, Irazuzta, reclamó que López Peña comparezca ante la Comisión de Asuntos Constitucionales

La legisladora provincial de la Coalición Cívica-ARI, Cecilia Irazuzta, reclamó que el vocal del Tribunal Superior de Justicia Sebastián López Peña explique a la Cámara su relación con el geriátrico de Saldán, que se convirtió en el foco de contagio más importante de covid-19 en Córdoba, y por lo cual fueron imputados dos médicos.

Irazuzta presentó un proyecto de resolución que busca involucrar a la Legislatura en un tema que conmociona a la sociedad cordobesa, y que alentó el lunes pasado a los médicos de toda la provincia a realizar movilizaciones en apoyo a los imputados. En Córdoba, la manifestación, realizada en autos, fue extraordinaria.

De aprobarse el proyecto de la lilista, López Peña debería comparecer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, ya sea que la reunión se haga de manera presencial o por videoconferencia.

El geriátrico Santa Lucía de Saldán, adonde se produjo el primer foco importante de covid-19 en la provincia de Córdoba, y que luego irradió hacia la Capital y otras ciudades del interior, sería propiedad del padre de López Peña, según señala Irazuzta, y este no fue imputado, como sí los médicos.

La investigación judicial resultó en la imputación de los médicos Lucas Figueroa y Marcelo Lázaro, quienes fueron acusados de ser los responsables de la trasmisión de la enfermedad, en base a los artículos 45 y 202 del Código Penal. Pero, enfatizó la legisladora, “el dueño del geriátrico y responsable legal, Rafael López Peña, padre del vocal Sebastián López Peña, no ha tenido la misma suerte que los doctores Figueroa y Lázaro en la causa judicial por los contagios”.

“Va a ser una oportunidad para López Peña de explicarse. Y también creo que está de por medio el deterioro de la legitimidad e imagen de la Justicia en su totalidad”, dijo.
Para Irazuzta, “la sociedad observa que una de las máximas autoridades del Poder Judicial puede estar implicado y eso agrava la crisis política y moral de nuestras instituciones”.
Por ello, consideró que “la Legislatura debe ser parte de este control porque así lo dispone la Constitución y porque fue quien prestó acuerdo para su nombramiento”.
“Creemos que las causas para no imputar al señor López Peña permiten distintas hipótesis.

Por un lado, que efectivamente no existían razones suficientes para considerar que cometió delito alguno como sí ocurrió con los médicos antes nombrados. Pero, por otro, que el vínculo existente entre el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña, y su padre, provocó la falta de imputación, ya sea por un pedido expreso del vocal o bien por deferencia del fiscal para con López Peña”, continuó.

Parcialidad

“Lo ocurrido el 25 de mayo pasado –agregó en relación a la movilización multitudinaria en protesta por las imputaciones- demostró el sentir de los médicos y ciudadanos por la injusticia y parcialidad en el trato al personal de salud”.

“Los vecinos de Córdoba salieron pacífica y ordenadamente a protestar. Nuestros médicos y enfermeros, que desde el inicio de la pandemia han actuado con vocación de servicio, lo han hecho en condiciones a veces deplorables y con tratos discriminatorios y encima se imputa a los médicos Figueroa y Lázaro, en una investigación apresurada y bajo sospechas muy fuertes de abuso de poder, tráfico de influencias o injerencia indebida por parte del juez”, finalizó Irazuzta.