Intentos de desacople del Covid unitario

El periodista de Cadena 3, Adrián Simioni, definió una característica del Covid-19 desconocida, hasta el presente, por la Organización Mundial de la Salud (OMS): que se trata de un virus unitario.

Por Pablo Esteban Dávila

El periodista de Cadena 3, Adrián Simioni, definió una característica del Covid-19 desconocida, hasta el presente, por la Organización Mundial de la Salud (OMS): que se trata de un virus unitario.

Así como el viejo dicho argentino sostenía que “Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires”, la preocupación de la Casa Rosada frente al coronavirus también parece más concentrada en porteños y bonaerenses antes que en el resto de los habitantes del país. Y no sólo por una cuestión demográfica -existe un alto grado de correlación entre densidad poblacional y posibilidad de contagios- sino también por las medidas que ha tomado el gobierno nacional en el marco de la pandemia en curso.

El carácter centralista del virus quedó en evidencia en la última conferencia de prensa que brindó Alberto Fernández. Aunque se cuidó de aclarar, y es un dato positivo, que antes de decidir nada consultó con los gobernadores Schiaretti y Capitanich, lo cierto es que la mayor parte de sus anuncios estuvieron vinculados con la situación en el AMBA antes que con las demás provincias. El hecho de que estuviera flanqueado por Axel Kicillof y por Horacio Rodríguez Larreta es una señal inequívoca sobre donde radica el núcleo duro de las preocupaciones presidenciales. La cuarentena sigue porque el pico de contagios en aquellas latitudes presenta un pronóstico ominoso.

La inclinación centralista del presidente podría comprenderse porque, claramente, el riesgo mayor se encuentra radicado en aquel territorio. Esto es innegable, más allá de las inquinas provincianas contra la capital y sus adyacencias. Sin embargo, esta lógica preocupación sanitaria no puede ser homologada, ligeramente, al resto de la vida económica y social de la Nación.

Tómese el caso del transporte de pasajeros. El servicio está paralizado en buena parte del país, no solo en Córdoba. La excepción es el AMBA. El pedido de empresarios, trabajadores y gobernantes del interior es que el gobierno nacional otorgue los subsidios necesarios para pagar los sueldos, del mismo modo que lo hace en el gran Buenos Aires. Por ahora no hay respuestas frente al reclamo.

No deja de ser curioso que el transporte funcione más o menos normalmente en áreas en donde, al menos en los papeles, la actividad comercial y los desplazamientos personales deberían estar mucho más restringidos que en el resto de las provincias. Así, se tiene que no hay transporte público allí donde la cuarentena se ha flexibilizado y que sí funciona en donde aquella se mantiene en los términos más rígidos.

Esta realidad fue puesta sobre el tapete por el intendente Martín Llaryora, quien se muestra impotente para reactivar el servicio en la ciudad de Córdoba. Lo mismo sucede con otras localidades importantes, cuyos intendentes están haciendo causa común con el cordobés para reclamar por una redistribución más justa de los subsidios que otorga la Nación.

No hace falta insistir en números que cualquiera puede conocer con facilidad. La parte del león se la lleva la región metropolitana más grande de la Argentina, una situación que ni siquiera Mauricio Macri -quién compartía este diagnóstico y se propuso corregir las asimetrías- pudo alterar. Aunque siempre podrá argumentarse que, en definitiva, cualquier intendente es libre de subir los boletos para recuperar algún equilibrio entre ingresos y gastos, no puede soslayarse que, al menos por algún tiempo, no habrá margen para tocar estas tarifas. La solución, por lo tanto, se encuentra otra vez en la cancha del presidente y sus funcionarios.

Por el lado del Panal también ha habido novedades que, en cierta forma, desacoplan la estrategia de Schiaretti de la gestión nacional. Ayer, el gobernador anunció la extensión de las caminatas recreativas y el descongelamiento de los deportes individuales para el fin de semana; en los hechos, toda la provincia estaría ingresando a una fase 4 ampliada. ¿Por qué se atreve a avanzar tanto cuando, apenas una semana atrás, el COE había decidido una nueva clausura del área central de la Capital?

Una explicación podría ser la estructural. Aunque Córdoba es, estadísticamente, la cuarta provincia en cantidad de contagios y en fallecimientos, la mayoría de los casos tuvieron origen en apenas tres focos y no son significativos sobre el total de la población. Por añadidura, buena parte de su territorio está dentro de las denominadas “zonas blancas”, es decir, lugares en donde no han existido infectados. Esto permite albergar cierto optimismo sobre el grado de circulación comunitaria que pudiera tener el virus en el distrito.

Pero esta interpretación es parcial, porque soslaya el componente político subyacente a la flexibilización anunciada. Es un hecho que Schiaretti ha tomado nota de que la pandemia ha dañado su imagen y que lo ha forzado a tomar decisiones -como la de la reforma jubilatoria- que tampoco ayudan a mantener su popularidad. Una encuesta publicada ayer por Clarín lo muestra en la zona media en el ranking de valoración de gobernadores. Mantener las cosas como estaban era permanecer próximo al imaginario del confinamiento que encarna el tridente integrado por Fernández, Kicillof y Larreta en una provincia refractaria a las recetas kirchneristas. Puede que, asimismo, el animus bellis de los comerciantes céntricos, manifestado con vehemencia el pasado viernes, haya colaborado también con la apertura.

No puede dejarse de lado, asimismo, la marcha de los médicos en contra de las imputaciones dispuestas por la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), cuyas dimensiones sorprendieron tanto a tribunales como al panal. Los equipos de salud son los que ponen el cuerpo contra el Covid-19, un rol que los ha santificado ante la opinión publica. Meterse con ellos es riesgoso, aunque quien lo haga sea un fiscal que sólo pretende hacer cumplir la ley. Por estos días es difícil discernir, al menos por parte del ciudadano medio, cual es el sector del aparato estatal que más se empecina en lastimarlo, se trate de la justicia, el Poder Legislativo o la administración pública.

En definitiva, tanto el reclamo de Llaryora como el desacople de Schiaretti, aunque diferentes en alcances y temática, tienen en común las intenciones de federalizar el impacto del virus. El intendente, reclamando por subsidios que, históricamente, han quedado circunscriptos al AMBA; el gobernador, intentando despegarse de la versión dura de la cuarentena que el presidente se empeña en sostener en la Capital Federal y en el conurbano, con los riesgos que esto conlleva para el humor social y la economía de la Argentina.