El gobierno le esquiva al tema aborto (sondeos a diputados)

La Provincia lanzó ayer un programa de Salud Integral de la Mujer, por el día internacional de la salud femenina, pero sin mencionar el eje del reclamo feminista: la ley de aborto. Mientras se espera que la Rosada envié el proyecto al Congreso, la Campaña por el Aborto inició encuentros de “incidencia política” con legisladores nacionales.

Bettina Marengo

El tema de la legalización del aborto es espinoso para el PJ cordobés que, recién en la última etapa, comenzó un proceso de renovación generacional que podría darle mayor cabida entre sus cuadros. Como fuerza oficialista y mayoritaria, Hacemos por Córdoba tiende a evitar definiciones que le achiquen márgenes electorales y le ahuyenten adhesiones. Esto, más allá de las consideraciones sobre conservadurismo e influencia eclesial que atraviesan la cuestión.

Ayer, el gobierno provincial esquivó la mención al “tema aborto” en el lanzamiento del programa de Salud Integral de la Mujer (SIM) que se realizó en el Centro Cívico. La presentación se dio en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que a su vez coincide con el aniversario número 15 del colectivo feminista nacional denominado Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que en 2017 logró la media sanción de la ley de aborto en el Parlamento.

En contexto de Covid 19 y en cuarentena, el programa SIM, articulado entre los ministerios de Salud y de la Mujer, apunta a garantizar el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos, incluida contracepción de emergencia, prácticas médicas preventivas de cánceres femeninos, controles prenatales, protección contra violencia de género y contra adicciones. “Los números están mostrando que el temor a la pandemia hace que las mujeres estén yendo menos a los centros sanitarios”, destacó el gobernador Juan Schiaretti al anunciar el programa. Según datos de la cartera sanitaria que conduce Diego Cardozo, el 66% de las mujeres de Córdoba no están acudiendo a centros sanitarios por miedo al contagio del Covid-19. Por eso, el mandatario insistió con que las mujeres pueden asistir con seguridad a establecimientos no destinados a tratar el coronavirus.

Aunque el aniversario de la lucha feminista daba marco, en la exposición de las autoridades quedó afuera el aborto, incluso en los casos legales según el Código Penal y el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de 2012.

Al Congreso

Con el gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández decidido a enviar al Congreso, este año si el Covid lo permite, un proyecto propio de legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), más temprano que tarde el oficialismo provincial se topará con el tema.

En 2017, cuando la iniciativa de la Campaña obtuvo media sanción en Diputados, los legisladores de Unión por Córdoba votaron en contra (Martín Llaryora, Paulo Cassinerio y Juan Brügge) o se abstuvieron, como en el caso de la diputada Alejandra Vigo.

Antes de que la cuarentena frenara sus iniciativas de “incidencia política”, un grupo de referentas cordobesas de la Campaña por el Aborto Legal se reunió con el diputado Carlos Gutiérrez, jefe del bloque Córdoba Federal que integra junto a Vigo, Cassinerio y Claudia Márquez.

Quien acercó a las partes fue la concejala viguista Soledad Ferraro, a la sazón presidenta de la comisión de Género del Concejo Deliberante. En la reunión, que se hizo en El Panal, Gutiérrez habría adelantado su posición a favor de la ley de IVE y, según supo este diario, se comprometió a trasladar al bloque la inquietud de las feministas.

Con el cambio de escenario político y la maduración social del tema, en la Campaña consideran plausible (o aspiran a) que los votos en contra del peronismo cordobés troquen, al menos, a abstenciones. Sin embargo, es público el rechazo de Márquez y Cassinerio. En cualquier caso, el acompañamiento de Gutiérrez ya sería considerado un avance respecto al escenario de 2017.

En tanto, el aislamiento obligatorio hizo postergar un encuentro de las dirigentas del colectivo feminista con los diputados de Juntos para el Cambio. En este caso, las feministas cuentan con una diputada “propia” de la Campaña, Brenda Austin, quien fungiría como articuladora con los legisladores radicales. Del interbloque opositor, cuentan con el voto de Mario Negri, su titular.

En el Senado, los representantes cordobeses son los mismos que hace dos años, por lo que cuentan con el voto a favor de Laura Rodríguez Machado, Carlos Caserio y Ernesto Martínez.

Fuera del plano parlamentario, las integrantes de la Campaña apuntan a garantizar, por ejemplo, la provisión y accesibilidad del misoprostol en los servicios médicos de la Provincia y la Municipalidad. Y tener “incidencia política” con aliadas o cercanas en el gobierno, entre las que cuentan a la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, entre varias otras funcionarias.

El misoprostol es la droga que la OMS considera segura para abortos medicamentosos. Sin la legalización plena, el objetivo es asegurar el acceso en los casos legales, según el Protocolo de Abortos no Punibles de la Provincia. En esta línea, el 8 de abril pasado, unas 35 organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales de distinto tipo enviaron una carta al ministro Cardozo, para solicitarle que garantice la provisión del misoprostol para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). El medicamento tiene un costo aproximado de 5.000 pesos, lo que lo torna inaccesible para los sectores más pobres.

La nota, aun sin respuesta, fue enviada también a la jefa del Programa de Maternidad y Paternidad Responsable, Beatriz Fernández y, con copia a la ministra Martínez.