Diputados mestristas reclaman que no criminalicen protestas

Carrizo y Romero advierten que la pandemia puede usarse para evitar críticas

Las manifestaciones que se vienen sucediendo en la ciudad de Córdoba, por los ajustes realizados por las administraciones del gobernador Juan Schiaretti y el intendente Martín Llaryora, han tenido repercusión en el Congreso Nacional, donde dos diputados mestristas impulsan un proyecto para pedir que no se criminalicen las protestas.
Los empleados municipales, los del transporte urbano de pasajeros, los médicos, los abogados y los comerciantes, han ganado espacio en las calles de la ciudad de Córdoba con diversos propósitos, y en algunos casos se han practicado imputaciones por violar las normas del aislamiento social.
Por ello, los diputados mestristas Soledad Carrizo y Hugo Romero, junto a otros opositores como Waldo Wolf, Gonzalo del Cerro y Claudia Naluj, expresaron su descontento con lo que llamaron la “criminalización de la protesta”.
“Con mucha preocupación hemos visto que escudados bajo un cumplimiento estricto y formal del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, criminalizan y restringen el derecho constitucional a la protesta pacífica”, dijo Carrizo.
Las imputaciones han ocurrido en varias provincias, pero respecto a las situaciones sucedidas en Córdoba, la diputada mestrista cuestionó “las detenciones e imputaciones producidas en la ciudad de Córdoba a participantes de la manifestaciones públicas realizadas por abogados del Colegio de Abogados de la Provincia,  la Red de Comerciantes Unidos de Córdoba, la Unión Tranviarios Automotor de Córdoba (UTA), y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem)”.
En ese sentido, explicó que “presentamos un proyecto para resaltar que el covid19 no debe transformarse en una herramienta y un justificativo desde el cual las autoridades públicas condicionen, restrinjan y mucho menos criminalicen otros derechos constitucionales”.
Carrizo manifestó que “queda claro que dos extremos constitucionales entran en tensión: el derecho fundamental a protestar frente al derecho a la salud, traducida en el poder de policía reglamentario en materia sanitaria que prohíbe la circulación”.
“Desde este paradigma de concesión de uno frente al otro por el cual se sanciona al ciudadano que protesta, se produce en realidad el vaciamiento total del contenido del derecho de libertad de expresión”, afirmó.
La diputada mestrista sostuvo que “conscientes de que ningún derecho es absoluto y por el contrario, deben ejercerse en conformidad a las leyes que reglamentan su servicio y con una visión integral y social, consideramos que limitar y restringir el derecho de protesta a través de una aplicación rigurosa del aislamiento social, no sólo termina viciando el verdadero espíritu de esta medida preventiva sino que nos aleja de una convivencia democrática”.

De Ferrari

Por su parte, la legisladora provincial Patricia De Ferrari (UCR) acusó que “el poder judicial y político de la provincia persigue de manera espuria y express a los médicos que estuvieron trabajando en el geriátrico de Saldán y tratan de esconder a la opinión pública la terrible  ineficacia de los organismos encargados de la gestión sanitaria, el COE en la asignación de recursos para infraestructura, equipos de protección personal y recursos humanos en todo el territorio provincial”.
“Todo esto –remarcó- se resuelve en la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UEFS)  a cargo de Díaz Reyna, puesto al que accede sin concurso público previo y que cuenta con lazos políticos directos con el peronismo de Córdoba”.
“Lo que no quiere que se sepa el gobernador Schiaretti es que aquellas falencias estructurales que tiene el sistema de salud y que impiden un abordaje eficiente de la pandemia, salgan a la luz y afecten su propia credibilidad, pero la realidad es que allí donde el Estado no pudo, no supo o no quiso llegar, los médicos autoconvocados, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado tuvieron que esforzarse para suplir haciendo las inversiones en infraestructura y en equipos de protección personal”.
Asimismo, manifestó que “el gobernador debería explicar también cómo puede ser que habiendo comprado respiradores artificiales, que se producen en Córdoba, no exigió al gobierno nacional que respetara el orden de prioridad ya que la transacción se realizó antes de que el Ministerio de Salud de la Nación decrete la compra monopólica de los insumos por parte del Estado Nacional, y se prestara la lamentable ida y vuelta de los equipos desde la fábrica local, a las dependencias en Buenos Aires para retornar en un acto demagógico y ofensivo para la capacidad y autonomía de la Provincia”.