La rebelión sanitaria preocupa al Panal y Tribunales

En la Edad Media, se culpaba a demonios o pecados por las pestes que, de tanto en cuando, azotaban a la humanidad; ¿trasladaremos ahora estas creencias irracionales a quienes deben enfrentarlas con las herramientas que les da la ciencia y el conocimiento aquilatados desde la Ilustración? ¿Se criminalizará el arte de curar bajo el pretexto de una cuarentena que ya roza lo anticonstitucional?

Por Pablo Esteban Dávila

La manifestación a favor de los médicos del 25 de mayo sorprendió por su masividad. Convocada por los profesionales de la salud, consistió en una caravana de autos que recorrieron las principales arterias céntricas de la ciudad de Córdoba y respetando, de tal suerte, el ya famoso distanciamiento social.

El pretexto formal de la movilización fue la imputación dispuesta por la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES) hacia Lucas Figueroa y Marcelo Lázaro. Sobre el primero pesa el delito, en calidad de autor, de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas” en tanto que, sobre el segundo, recae una presunción culposa en idéntico sentido. Ambos son facultativos del geriátrico Santa Lucía de Saldán, el que fuera, quizá, el mayor foco infeccioso que tuvo la provincia desde que se declarara la pandemia en curso.

Aunque el expediente se encuentra cerrado al escrutinio público por el secreto de sumario, fácil es advertir el motivo de enojo de la comunidad médica sin distinciones. Acusar de un delito como el señalado por el fiscal Andrés Godoy (el titular de la UFES) es grave, especialmente cuando son los equipos de salud los que están en la primera línea de fuego contra el Covid-19. Si los acusados fueran efectivamente responsables -como sostiene el fiscal- su comportamiento sería casi una traición a sus colegas y a su propia profesión.

No parece tener mucho sentido. Si existen interesados en evitar contagios y la propagación viral estos son, precisamente, los médicos. A menos que se encuentren cooptados por alguna célula fundamentalista dispuesta a incursionar en el ámbito del bioterrorismo, no se explica que intenciones podrían tener los imputados en “propagar una enfermedad peligrosa” cuando ellos podrían ser las primeras víctimas de esta afección.

No puede soslayarse que el fiscal Godoy encendió una mecha que puede detonar varias bombas en estado latente. Como ocurre en este tipo de casos en donde, paradójicamente, la Justicia parece estar cometiendo una flagrante injusticia, las consecuencias pueden ser de toda laya. El Poder Judicial, ante todo, es el primer interpelado; el segundo, y en una posición también incómoda, es el Ejecutivo, de quien depende el sistema de salud pública. En ambos casos, preocupa la rebelión sanitaria que ha comenzado a insinuarse.

Es un hecho que ciertos fiscales se han puesto la camiseta de la cuarentena con particular vigor. En la fase inicial del proceso esto estuvo muy bien: lo inédito de la medida y la necesidad de disciplina social exigía una acción precisa por parte de quienes estaban obligados a hacer cumplir la ley. Pero, y a medida que los cuestionamientos sobre las sucesivas prórrogas del confinamiento comenzaron a hacerse oír, el Ministerio Público Fiscal no pudo -o no quiso- evaluar sus propios protocolos a seguir.

Tómese, por ejemplo, lo sucedido con la Red de Comerciantes Unidos, la organización que nuclea a los propietarios de negocios en el centro de Córdoba. El viernes pasado organizaron una manifestación con tapabocas y distanciamiento social ante lo que, argumentan, es la quiebra de sus emprendimientos. Leyeron un comunicado, cantaron el himno y se dispersaron. Una hora después, sus organizadores ya estaban imputados por el fiscal Godoy. Vale preguntarse: ¿y los derechos de reunión y peticionar a las autoridades donde están? Que se sepa, no hay Estado de Sitio declarado, por lo que las garantías constitucionales están todas vigentes. Además, si de peticionar se trata, es necesario recordar que las mesas de entradas de todos los organismos públicos están cerradas. ¿Cómo hacerlo entonces?

Sucede que la línea que separa a la cuarentena como un acto contrario a la libertad y el respeto a la Constitución es muy delgada. La aceptación comunitaria radica en su excepcionalidad y en su duración que, se supone, debe ser restringida. Pero cuando el aislamiento se transforma en una especie de regla permanente, que no admite prueba en contrario, comienzan a aflorar las preguntas incómodas para el poder que lo ha impuesto. ¿Tiene sentido continuarla? ¿Hasta cuando podrá utilizársela para aplanar una curva de contagios que, de cualquier manera, terminará por producirse? ¿No será -en definitiva- peor el remedio que la enfermedad?

Algunos han comenzado a tomar nota de esta situación. El gobernador, por ejemplo, advirtió claramente la aparición de los primeros síntomas de desobediencia y, tras haber consentido que en la semana pasada se regresara a la Fase 3 en la Capital, a partir de ayer autorizó nuevamente la flexibilización que prescribe la Fase 4. Es evidente que, entre el viernes y el martes, no cambió demasiado la situación sanitaria, pero sí lo hizo la predisposición popular. La gente quiere regresar a su vida y los retrocesos no forman parte de la hoja de ruta que esperan de sus gobernantes.

Estos son ingredientes que también matizaron la movilización de la salud, sin perjuicio de la comprensible incredulidad frente a las imputaciones recibidas. Se les pide a médicos y enfermeros un sacrificio extra para enfrentar un mal ominoso, pero luego se los acusa cuando, por el motivo que fuese, el coronavirus se empecina en desobedecer el juramento hipocrático. Es un doble rasero idéntico al que se ha visto en tantas ciudades, en donde, por un lado, se los aplaude desde los balcones mientras que, por el otro, se los amenaza para que abandonen sus departamentos ante el riesgo de contaminar a sus vecinos.

Este tipo de hipocresía es, lamentablemente, común en muchos ciudadanos, pero ciertamente preocupante en los fiscales que deben representar el interés público. E, incluso, si los doctores Figueroa y Lázaro fueran finalmente responsables de propagar el virus, no podría conjeturarse racionalmente que lo hubieran hecho adrede. En medicina, como en cualquier otra profesión, los riesgos existen. No en vano los médicos pagan seguros por mala praxis para cubrirse frente a todo tipo de demandas. Somos humanos y, como tales, falibles. Si alguien cree que, por el hecho de enfrentar a un virus desconocido, los facultativos están obligados a convertirse en autómatas infalibles pues se equivocan.

Además, en el caso del referido geriátrico, la cadena de responsabilidades comenzó mucho antes. Es probable que, en todo el país, no haya existido nadie que, en el primer día del aislamiento social preventivo y obligatorio, haya identificado aquellos establecimientos como lugares aptos para contagio entre una población especialmente vulnerable. Y, después de que el brote hubiera tenido lugar, también puede que se haya verificado una serie de imprevisiones -ajenas por completo a los acusados- que permitieron que el problema pasara al Hospital Italiano y, desde allí, se extendiese hacia otros sectores.

Fiscales y jueces deberían entender que la epidemiología no es una rama del derecho penal. Si fuera así, se podría juzgar y condenar a médicos y enfermeros por sus resultados, no por sus protocolos. En la edad media, se culpaba a demonios o pecados por las pestes que, de tanto en cuando, azotaban a la humanidad; ¿trasladaremos ahora estas creencias irracionales a quienes deben enfrentarlas con las herramientas que les da la ciencia y el conocimiento aquilatados desde la Ilustración? ¿Se criminalizará el arte de curar bajo el pretexto de una cuarentena que ya roza lo anticonstitucional? Es indispensable repensar lo que se está haciendo y, fundamentalmente, porqué se hace. La excusa de salvar vidas no puede ser el pretexto para echar por la borda garantías y derechos que, como la medicina moderna, también costaron siglos conseguir.