En su realidad paralela, judiciales presionan por la feria

La suspensión del receso de invierno para atender a las necesidades de los ciudadanos figura en el listado que difundió el gremio que comanda Cortelletti para justificar el paro

Por María del Pilar Viqueira

Los judiciales cordobeses dan la nota con un paro mientras millones de argentinos siguen encerrados sin saber de qué van a vivir y cientos de miles de empleados estatales y privados se exponen a diario al contagio de Covid-19 para proveer servicios esenciales por magros ingresos.
La suspensión de la feria figura en el listado que difundió el gremio que comanda Federico Cortelletti para justificar la medida.
El Tribunal Superior dejó sin efecto el receso invernal hace 10 días. Para ello, dio por hecho que una vez que se retome la actividad presencial se producirá un alto requerimiento del servicio de Justicia por parte de la ciudadanía, que debió posponer tanto el inicio como la tramitación de causas por las restricciones vigentes.
Inmersos en su realidad paralela, los referentes de los empleados -que pese a la dramática situación de que atraviesa el país desde hace más de dos meses percibieron en tiempo y forma sus sueldos por encima de la media y se preparan para cobrar un aumento-, reaccionaron sin proporción ni sentido de la oportunidad.
En un comunicado, alegaron que el TSJ tomó aquella decisión “un poco para aliviar la presión del colectivo de abogados, otro poco para la tribuna mediática y otro tanto para no perder la costumbre de recortar derechos a sus trabajadores y trabajadoras”.

Entredicho
La Agepj venía de capitalizar un entredicho entre la Máxima Instancia y los letrados.
Cabe recordar que a principios de mayo, cuando los abogados reclamaron que el Judicial se activara, la jueza Marta Cáceres de Bollati les indicó que le cursaran sus pedidos al Poder Ejecutivo Nacional y adelantó que los tribunales seguirán apoyándose en la tecnología.
El sermón motivó que el Colegio de Abogados exigiera la definición de acciones concretas, que denunciara que el TSJ intentaba mostrarle a la sociedad una “aparente continuidad” que no es tal y que planteara que el esquema de trabajo remoto es “irremediablemente insuficiente”, por conculcar derechos.
En ese contexto, la Agepj adelantó que rechazaría toda iniciativa tendiente a medir el rendimiento laboral de los agentes. “Gran parte de la tarea judicial no es asimilable a producción por cantidades, no es medible como si de una línea de producción se tratara. Cada expediente toma diferentes caminos procesales, aborda diferentes materias reguladas por distintas leyes de fondo y forma y, por tanto, hay diversos tiempos de elaboración, con líneas argumentales distintas. Esto no se puede homogeneizar, lo sabe cualquier funcionario judicial y cualquier abogado litigante”, disparó.
La postura del grupo generó un nuevo frente de batalla para el TSJ y otra preocupación para los letrados.
Ahora, con el paro, que implica que los empleados que están en sus casas (el grueso de la planta) no ingresan al sistema ni contestan las llamados o los requerimientos de sus superiores, confirma que la vuelta a los edificios será muy dificultosa.
El propio sindicato lo reconoció al difundir las medida de fuerza: precisó que “no habrá un regreso pacífico a la actividad laboral en la capital” cuando la autoridad sanitaria lo decida si el Tribunal Superior no cumple los acuerdos salariales y “no cesa en su pretensión de avanzar sobre derechos laborales aprovechando las restricciones a la acción colectiva”.
En vista del panorama, los abogados protestarán hoy rodeando los edificios de Tribunales I y Tribunales II con sus vehículos. Nuevamente, piden que haya presencia de personal en las sedes.

Silencio
La Agepj todavía no se refirió a ninguna de las objeciones sobre los avances sobre derechos individuales que implica la cuarentena -para muchos, inconstitucionales- ni a la pesquisa en marcha por la presunta desaparición forzada de un trabajador rural en Tucumán, que estuvo sin paradero conocido más de una semana y apareció asesinado en Catamarca. Ese silencio contrasta con su profusa elaboración de comunicados durante la gestión de Cambiemos, un período durante el cual emitió opinión y tomó partido (en contra) sobre casi cualquier medida, incluso económica.
Mientras se intentaba localizar a Santiago Maldonado, por citar un ejemplo, tuvo alto perfil. Objetó la marcha de la investigación que se desarrollaba en el sur y apuntaló únicamente la hipótesis de la desaparición forzada.

Vacaciones
Ningún anuncio ni las propuestas enmarcadas en la plataforma Justicia 2020 le cayeron en gracia al gremio, pero la posibilidad de que se modificara la feria lo exasperó especialmente.
Cuando Garavano adelantó que se buscaría discutir el sistema de vacaciones, reaccionó con beligerancia. Adujo que la propuesta era una “intromisión” del Poder Ejecutivo y denunció que Justicia 2020 -la plataforma que contemplaba el debate- buscaba avasallar derechos adquiridos.
Hace apenas dos años, con motivo de la visita del ex ministro de Justicia para participar del acto que hizo el TSJ para poner en marcha el nuevo modelo de tratamiento de causas por violencia familiar elevadas a juicio (y entregar 30 pulseras electrónicas duales para reforzar la protección a las víctimas), la atención de los sindicalistas judiciales se dirigió a una acción protocolar del funcionario: emitió un duro texto cuestionando las condolencias que expresó en un obituario por el deceso de Carlos Chasseing, quien fue interventor de facto del gobierno de la provincia entre 1976 y 1979, cuyo hijo se desempeñaba en la cartera.
La Agepj puso en duda “el real compromiso del Gobierno nacional con la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.
El ex ministro debió aclarar que fue una formalidad, por tratarse de la muerte del padre de un trabajador del ministerio, y lamentó lo que definió como “chicanas fascistas”.