Por Yanina Passero
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Paz social. Un concepto hermoso, en especial si se utiliza para comunicar que no se llevaría a cabo la movilización masiva que prometió el colérico gremio de los choferes del transporte urbano por deudas salariales, justo el día en el que regresaría la actividad comercial y profesional y la cuarta fase de cuarentena.
El intendente Martín Llaryora y referentes locales y nacionales de UTA sellaron un acuerdo en Tamse que le reportará un ahorro del 11,5 % y garantiza a las choferes y personal de la empresa estatal el mismo ingreso de bolsillo por cinco meses, a cambio de ceder el 75 % de los aportes que deben hacer sus empleadores por cada trabajador registrado. Un trato que tiene más de astucia política que de acuerdo de crisis porque el paro no se levantó ante la ausencia de garantías sobre la cancelación de la deuda salarial que acumula el último desembolso de abril y el anticipo de los haberes de mayo.
No es casual que Llaryora; la secretaria general de UTA Córdoba, Carla Esteban; y la mano derecha de Roberto Fernández, mandamás de los choferes a nivel nacional, Jorge Kiener, coincidieran en ese gesto de lunes feriado por la noche para presionar a la Nación por más subsidios. “El paro no se levanta. La solución no está en esta mesa, está en la Nación”, la contundente síntesis de la cumbre que hicieron circular los alfiles del municipio.
La pantomima del oficialismo y la cúpula gremial se dio horas antes de una reunión clave: hoy, en Buenos Aires, la FATAP, UTA y Transporte de la Nación continuarán las negociaciones para destrabar el extenso paro que se sufre en varias capitales del interior del país. Los actores reconocen que sin auxilio extraordinario, la crisis se profundizará porque ya dan por descontado que continuarán las fuertes restricciones en la prestación que impuso la pandemia de coronavirus.
Hasta ahora, la expectativa por el resultado de la nueva audiencia es baja, pero no pierden la esperanza constatada la realidad de que UTA no tardará en explotar por la falta de pago. Convive la necesidad sanitaria de contener el foco de contagio que supone el transporte público, los reclamos empresariales por asistencia especial si van a cubrir el servicio con una caída drástica de la recaudación y la puja política entre la Casa Rosada y las provincias por recursos. Son muchos cabos los que hay que atar por lo que se augura una jornada de largas deliberaciones.
Decíamos, si la Municipalidad y UTA apelaron a la estrategia política en la antesala de la reunión de este miércoles, Fetap también desenvainó armas en la víspera. Fuentes empresariales confirmaron a Alfil que no se acoplarán al trato entre el gremio y Tamse. “No lo podríamos cumplir”, admitieron desde la entidad.
Para fundamentar la postura aseguraron que, en las condiciones actuales, no están en condiciones de pagar salarios. Por ejemplo, la empresa Coniferal recibe en subsidios nacionales y provinciales $57 millones mensuales, pero en el rubro “gasto de personal” tiene comprometidos $90 millones.
Las alternativas son acotadas: “Hay que hablar de más ingresos o reducción salarial”. Lograr una mayor recaudación por corte de boleto en medio de una pandemia y el regreso paulatino a la actividad es una opción impensada. El planteo encierra el pedido que la cámara empresarial nacional reiterará hoy a las autoridades competentes: sin asistencia especial, los esfuerzos para mantener la paz social, esta alianza temporal con la UTA, se harán cada vez más lábiles.
