Después de las reforma previsional, qué sigue

El recorte de fondos que el Tesoro Provincial tendrá que derivar a la Caja de Jubilaciones es importante pero sólo alivia, no resuelve las urgencias económico-financieras. La renegociación de la deuda pública ya comenzó. Con los empleados estatales se reanudan las paritarias en julio.

Por Gabriela Origlia

Las finanzas provinciales crujen y Córdoba no es una excepción. La reforma previsional exprés busco resolver una parte de las urgencias con un ahorro para este año que se estima entre $6500 millones y $7500 millones. La obra pública ya está prácticamente frenada porque buena parte de esas partidas fueron para las nuevas prioridades de este año: salud y asistencia social. La agenda de la pandemia del Covid-19 implica, en todo el país, modificar asignaciones y tratar de ahorrar en donde se pueda para cubrir los gastos que crecen.

El recorte de fondos que el Tesoro Provincial tendrá que derivar a la Caja de Jubilaciones es importante pero sólo alivia, no resuelve las urgencias económico-financieras. En abril –mes donde la cuarentena pegó de lleno- la recaudación provincial cayó 23% interanual (las cargas con peores comportamientos fueron, obviamente, Ingresos Brutos que mostró una baja real de 21% y Sellos, 49%). Dos años acumula la reducción, que está acompañada también por un achicamiento de los giros de coparticipación.

En lo que hace a gastos salariales, el acuerdo salarial cerrado con la administración pública alcanza hasta julio y será de 16%; los docentes completan 20% ese mismo mes. Ahí se abrirá otro debate. Igual que todas las administraciones, el gobernador Juan Schiaretti no podrá acompañar este año la inflación (ya la cláusula gatillo quedó en el olvido) si no quiere complicar aún más la posibilidad de cumplir con los pagos.

Los empleados estatales seguramente estarán obligados a seguir el camino de los privados que optaron –en medio de la crisis- por privilegiar los puestos de trabajo y no las alzas salariales. Claro que los estatutos hacen que a los agentes públicos no se los pueda despedir; en ese caso la prioridad sería cobrar y no terminar como los de Chubut que están percibiendo sus ingresos en cuotas.

En la estructura de empresas públicas cordobesas, Epec es la de más presupuestos y problemas. El año pasado en un programa de ajuste de costos logró recortar $770 millones aunque aspiraba a que fueran $1100 millones. Este 2020 la estrategia sigue; queda menos por hacer en materia de horas extras porque ya hubo un tijeretazo y también se bajó la cantidad de kilovatios liberados.

Los números positivos de la Epec son en sus resultados operativos, pero el panorama cambia al analizar la situación financiera. De hecho, este año, al inaugurar las sesiones legislativas el Gobernador dijo que la empresa cerrará por primera vez en años con un balance superavitario y pidió defender que sea “estatal y eficiente”. La compañía tiene una deuda en dólares; para hacer frente a capital de trabajo y deudas con Cammesa emitió un bono de US$100 millones que vence el 18 de agosto de 2022 y que amortiza capital y paga servicios de intereses semestrales.

A comienzos de este año el Tesoro Provincial se hizo cargo de dos compromisos por US$30 millones de la empresa eléctrica, los derivados de los US$300 millones del Título de Deuda Local Clase I con vencimiento en 2026. El monto pendiente es de US$ 262 millones.

En materia de deuda pública, ya está abierto el camino de la renegociación. A comienzos de este mes, por decreto se contrató al Banco de Córdoba (Bancor) como agente financiero de la Provincia para ese proceso que incluye los tres bonos en dólares colocados bajo ley extranjera. El grupo suma US$ 1.685 millones en vencimientos entre 2021 y 2027. Completan el grupo JP Morgan y HSBC, entidades que participaron en las colocaciones originales.

Además, está el bono CO26 de US$300 millones colocado bajo ley argentina que seguramente también será renegociado. Vence en 2026 y paga una tasa anual en dólares de 7,125%. Las autoridades provinciales confían en que el perfil de Córdoba agilice las negociaciones y permitan llegar a buen puerto; entienden que los acreedores “distinguen” entre los distritos.

Un trabajo de la consultora Abeceb señala que 14 de los 24 distritos del país tienen deuda denominada en moneda extranjera; acumulan pasivos por US$19.500 millones lo que equivale al 73% del total de sus deudas. El panorama es muy heterogéneo.