CGT, molesta con Schiaretti por la “forma” no por el “fondo”

La disposición aprobada por la Legislatura alcanzará a 15 mil agentes pasivos. Municipales y bancarios encabezan el ranking. Gremios reprochan al gobernador la ausencia de diálogo, aunque reconocen que la medida era inevitable.

Por Yanina Passero
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En tiempos de confinamiento obligatorio la imaginación es un recurso altamente valorado para pasar el tiempo. No haría falta un gran esfuerzo creativo para construir mentalmente cómo hubiera amanecido la ciudad si la reforma jubilatoria que promovió el gobernador Juan Schiaretti se hubiera aprobado en el contexto de la “vieja normalidad”. La banda sonora la hubieran ofrecido las bombas de estruendo y el escenario, la ciudad sitiada por líderes y activistas sindicales.

Hacemos por Córdoba aprovechó la oportunidad política que le abrió la cuarentena, pero no estará exento de costos. Al criterio sanitario del aislamiento le surgirán retadores poderosos no sólo de orden económico y productivo, también social. La reclusión como única herramienta para contener los contagios de Covid-19 convive con la política pura y dura, con conflictos de intereses que licuan el heroico objetivo de proteger la salud del pueblo.

Como sea, la reforma jubilatoria y su armonización con el sistema nacional era una asignatura pendiente. El rojo de la Caja de Jubilaciones se hizo insostenible y la Provincia ya demostró que no tiene espalda para cubrirlo. El gremialismo cordobés también lo sabía. Entonces, puede argumentarse que, si era necesario e inevitable afectar los haberes de 15 mil pasivos con salarios que superan los $ 68 mil, mejor hacerlo en momentos donde la paz social estaría garantizada por los criterios que emanan de la emergencia y la pandemia.

El Suoem, uno de los gremios con mayor capacidad de daño que firmó el documento ayer en la vieja casona de la CGT Regional Córdoba, hubiera montado un presente griego para los vecinos de la ciudad apenas se aprobó la ordenanza que reduce a seis la carga laboral de los empleados públicos y recorta en 14,28 % los salarios de toda la planta, con excepción del personal que dependen de las secretarías de Salud y Educación.

Después de casi cuatro décadas de revestir la presea de “intocables”, el intendente Martín Llaryora, con cobertura de El Panal, avanzó en la restructuración del gasto. La conducción intentó aplicar sus métodos de protesta, pero terminaron con imputaciones judiciales para todos sus miembros expectables por romper la cuarentena el día que se apostaron en la sede del Concejo y sólo se conforman con mantener piquetes “fantasmas” en algunas reparticiones. Sin empleados en actividad, perdieron el enojo social por la ausencia de servicios, capaz de torcer la voluntad del jefe municipal más necesitado de fondos y aguerrido.

Con esa experiencia a la vista de todos, y el regreso a la fase tres de la cuarentena, llegó el turno de Schiaretti. Casualmente, la reforma previsional afecta a en mayor medida a los municipales porque de los 15 mil exagentes alcanzados, cinco mil pasaron por las dependencias del Palacio 6 de Julio. En el segundo lugar del ranking se ubican quienes se retiraron cumpliendo funciones en la actividad bancaria (4000); son seguidos por los retirados de EPEC (2500) y por 1500 miembros del Poder Judicial. La cifra se completa con exlegisladores, funcionarios y personal jerárquico que aportó a la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

El Suoem, asumiendo el doble ajuste, afirma que no sacará a los jubilados a las calles. Es razonable. La misma decisión tomaron todos los caciques sindicales por lo que la vía judicial asoma como única herramienta. Por ahora.

Esta supuesta voluntad de respetar la cuarentena de los líderes cegetistas apunta a derribar unos de los argumentos de los alfiles del Panal para justificar la aprobación de una reforma previsional en dos horas, este es, búsqueda de la paz social que no se hubiera logrado en sin las restricciones epidemiológicas.

Para la CGT ese vericueto discursivo carece de sentido lógica. No lo dirán en voz alta, pero conocen los números tan bien como el equipo de Finanzas de Schiaretti y admiten que la reforma era inevitable. Si la premura del oficialismo marcará un quiebre en una relación histórica entre peronistas, afirman que no. Al fin y al cabo, hay un pedido del presidente Alberto Fernández al quien todo el arco sindical apoyó.

Sin embargo, dejan trascender que el movimiento obrero está molesto por la “forma” en la que se enteraron del ajuste y su expeditiva aprobación, no con el “fondo” de la norma porque los números rojos de la Caja son inapelables.

Un fragmento de la entrevista que la legisladora oficialista, Sara García, brindó a Cadena 3 resume el malestar. La dirigente sindical que, junto con José Pihen votaron en contra, afirmó que recibió a las 11 de la mañana del miércoles el proyecto de 33 páginas. “No sólo hay que leer, hay que releer e informarse e ir comparando; eso es trabajar con seriedad y eso me hubiera evitado a mí escuchar a legisladores de la oposición enojados diciéndonos atorrantes, sinvergüenzas, delincuentes”, lamentó.