Por Yanina Passero
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Los concejales de la oposición identificaron como nuevo blanco al Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que asiste de manera vinculante al gobernador Juan Schiaretti en el manejo de la pandemia de coronavirus. Elaboraron un duro comunicado donde lo presenta como un organismo sesgado, es decir, que debería contar con otros actores sociales, políticos y del sector económico-productivo para tomar decisiones con un enfoque superior al sanitario. Resaltaron problemas de comunicación externa y, por último, advirtieron sobre la transferencia de responsabilidades políticas que supondría el poder de decisión y actuación del comité.
Juan Negri (Córdoba Cambia), Rodrigo de Loredo (Evolución), Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal Córdoba), Olga Riutort (Fuerza de la Gente) y Alfredo Sapp (UCR) lograron la réplica esperada y mover la interna peronista, sin proponérselo. Veamos.
El integrante del bloque Hacemos por Córdoba en el recinto de la ciudad, Diego Casado, hizo un descargo público en su cuenta en Twitter. “La verdad que sorprende querer hacer política con una desgracia mundial como la que se vive”, comenzó el hilo en la red social, basado en la nota publicada sobre el tema en este medio.
“En relación a tales expresiones, la ciudadanía tiene que saber que los concejales de la oposición fueron los primeros en ser llevados al COE para conocer las instalaciones y los alcances de las tareas desarrolladas en el lugar. En segunda instancia, el saber científico es objetivo, metódico y verificable y ninguno de los que opina, creo yo, tiene el título de médico. Además, los epidemiólogos se encuentran trabajando para salvar vidas, no para hacer política o sanatavirus como en este caso”, cuestionó el dirigente que se referencia con el sector que lidera la diputada Alejandra Vigo.
Hasta allí, una réplica formal de alguien que quiere defender las actuaciones del espacio al que representa. El problema apareció con las declaraciones siguientes. Además de dirigir mensajes personalizados a los protagonistas de su enojo, terminó salpicando a la gestión de Martín Llaryora por nombramientos políticos y dio por válida la denuncia por la causa de los Lecor.
Lo hizo en el apartado que dedicó a Riutort: “No entiendo cómo no conoce lo que pasa en la Municipalidad o en el COE, si tiene más nombramientos en el Palacio 6 de Julio que el propio Llaryora. De hecho, Gabriela Flores, su hija, trabaja en comunicación de la Municipalidad”.
También, metió en la bolsa a los exolguistas Fernando Masucchi, hoy referente de la unidad ejecutora de zona sur, y a Martín Llarena, quien fue presidente de bloque en el cuerpo pasado.
Hubo más para la excandidata a intendente al traer el caso judicial, archivado por cierto, que la involucró cuando fue secretaria general de la Gobernación durante la administración del entonces gobernador José Manuel de la Sota: “Nadie se olvida de los 50 millones de Lecor que le encontraron en una valija”.
Hubo párrafos muy duros para los radicales, pero lo cierto es que la sacaron barata si se comparan con las repercusiones internas que hubo en el PJ. A modo de resumen a Sapp le facturó la imputación que tiene por la investigación que lleva la justicia por el negocio de la basura durante la administración mestrista y la contratación de su hijo en el 107; a Negri le dijo que su familia “tiene más nombramientos en el Estado político que simpatizantes políticos”; a De Loredo lo trató de “yerno de” y a Quinteros le dijo que “quiere ser Luis Juez”.
Como sea, Casado borró sus polémicos tuits, delatando la incomodidad que generaron sus dichos entre los “compañeros”. En una reunión que encabezó Llaryora en el Quincho tiempo atrás, el concejal ya había sido advertido por sus conmilitones que meditara sus declaraciones públicas y trabajara en equipo para evitar ser comidilla de la oposición o los medios.
De todas formas, el dirigente de la Seccional 10° los tiene acostumbrados al juego propio. Por caso, hace unos días pidió rinoscopias para los funcionarios públicos y elevó un pedido de informe para que el Ejecutivo detalle la cantidad de camas, respiradores y kits reactivo de muestra con los que cuenta la ciudadanía.
