Por María del Pilar Viqueira
En pleno despliegue de maniobras para debilitar causas que involucran a dirigentes del kirchnerismo como paso previo a emprender una reforma judicial indeterminada cuyo contenido solo fue sugerido por el ala más exaltada del kirchnerismo, la Oficina Anticorrupción (OA) ya hizo su primer aporte al plan tendiente a garantizar la impunidad de expoliadores de arcas estatales.
La semana pasada, renunció a las querellas en “Los Sauces” y “Hotesur”, en las cuales están procesados Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos.
Entre otras justificaciones, la repartición que comanda Félix Crous expuso que no tiene suficientes recursos humanos y que el impulso de la acción está garantizado por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) y por el Ministerio Público Fiscal.
Para la OA, no hay significación institucional, económica ni social que amerite que siga acusando en los procesos por alquileres simulados de habitaciones e inmuebles de la ex familia presidencial a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, como modo, según se sospecha, de ingresar dinero blanco al patrimonio de los Kirchner, en concepto de devolución de favores varios.
A criterio de la oficina, debe concentrarse en casos más complejos y de “mayor actualidad” que “demanden particular experticia en delitos de corrupción”.
La polémica medida ya motivó la presentación de denuncias en contra de Crous, por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y prevaricato.
Sin embargo, el funcionario adelantó que la OA desistirá de más expedientes. Así, confirma que ignorará el tenor del decreto 102/99, que establece que debe constituirse en parte querellante en actuaciones que involucren al patrimonio estatal, y que su cometido es aliviar la situación procesal de Fernández de Kirchner y sus socios.
No podía esperarse otro curso de acción de Crous. Firmante de la solicitada fundacional de Justicia Legítima y asiduo panelista del programa ultra K 678, fue el mandadero estrella de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó en la trama “Maldonado”.
Cabe recordar que Crous salió eyectado de la titularidad de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin) por su rol en aquella pesquisa.
En plena búsqueda del artesano, fue enviado por su superior para relevar la labor de la fiscal del caso, Silvina Ávila, y para apuntalar la tesis de la desaparición forzada.
Una vez en la Patagonia, Crous -que llegó a comandar la Procuvin en el marco de la tanda de nombramientos irregulares que concretó Gils Carbó- validó los dichos de personas que no se identificaron y que instalaron la versión “Unimog”; es decir, que aseguraron haber visto cómo introducían al joven en una camioneta de Gendarmería Nacional.
Poco después se determinó que uno de los testigos era Matías Santana, mejor conocido como el “mapuche de los binoculares”.
El reporte que hizo el actual titular de la OA motivó que Ávila pidiera y lograra que el primer juez de la causa, Guido Otranto, cambiara la carátula del expediente.
Sin embargo, poco después la fiscal le remitió un informe al Ministerio de Justicia señalando que no había motivos para afirmar que el tatuador estuviera sin paradero conocido en contra de su voluntad.
Además, describió un cuadro de poca colaboración por parte de los principales interesados en su localización y expuso que era difícil recolectar elementos probatorios. “Todos los relatos de los presentantes de los diferentes hábeas corpus no arrojaron un hilo conductor para determinar lo que había acontecido y en qué circunstancia”, confesó.
Las conclusiones de Ávila desacreditaron la única versión que promovieron el kirchnerismo y sus aliados: la desaparición forzada.
En ese contexto, el emisario de Gils Carbó recibió un informe de inteligencia atribuido a la Policía Federal que aseguraba que Gendarmería secuestró a Maldonado.
Gils Carbó aprobó que el documento anónimo se le entregara a Otranto. Luego, blindó a Crous cuando se determinó que era burdamente falso.
No solo no pagó ninguna factura por sus reprobables acciones en las actuaciones por Maldonado, sino que al designarlo como relevo de Laura Alonso en la OA el presidente Alberto Fernández lo definió como “un extraordinario fiscal” al que nadie podía imputarle nada “salvo ser de Justicia Legítima”.
La táctica que se le encomendó a Crous en diciembre de 2019 era previsible. De hecho, dos meses antes de que tomara el control de la OA el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal Federal y prohibir que la dependencia pudiera abandonar querellas en casos en contra de ex funcionarios públicos.
“El Estado no podrá desistir de su querella cuando haya sido aceptada su intervención en el proceso penal, salvo en los casos expresamente previstos por la ley, bajo apercibimiento de las sanciones administrativas o penales que pudieran corresponder», establecía la iniciativa.
