Los delirios sovietizantes de la diputada Vallejos

El kirchnerismo continúa en la búsqueda de la revolución. No se sabe exactamente si se trata de la bolchevique de 1917, la de la Sierra Maestra de 1958 o la de Pol Pot en 1975, pero revolución al fin. Es el sueño del pibe que, cada tanto, intenta hacerlo realidad.

Pablo Esteban Dávila

No hay caso. El kirchnerismo continúa en la búsqueda de la revolución. No se sabe exactamente si se trata de la bolchevique de 1917, la de la Sierra Maestra de 1958 o la de Pol Pot en 1975, pero revolución al fin. Es el sueño del pibe que, cada tanto, intenta hacerlo realidad.

Debido a que las fantasías revolucionarias no son del agrado del peronismo tradicional -el partido de gobierno es hoy una especie de mamuschka gigante, que contiene sucesivas miniaturas que se tornan más progresistas a medida que disminuyen su tamaño- los revolucionarios K hacen uso del foquismo para propagar sus ideas. La pandemia en curso y la cuarentena dispuesta para detenerla parece el momento ideal para difundirlas, atento a las excepcionales circunstancias por la que atraviesa el país en general y la economía en particular.

Esta vez, la vocería insurreccional ha corrido por cuenta de la diputada nacional Fernanda Vallejos, discípula de Axel Kicillof en los tiempos en que fungía como ministro de Economía de Cristina Fernández. Vallejos propone, lisa y llanamente, que el Estado nacional se quede con parte de las acciones de las grandes empresas a las que subsidia con diferentes aportes para sus empleados. “Estos fondos -sostiene la legisladora- no pueden ser lisa y llanamente un regalo”, especialmente cuando existen “noticias de que varios grupos económicos” que han sido beneficiados con estos aportes han protagonizado “episodios de fuga de capitales”, de acuerdo con una denuncia del fiscal Federico Delgado.

La idea es interesantísima. Como el Estado aporta a las grandes empresas para el pago de sueldos, pues debe capitalizar este aporte dentro de estas compañías, convirtiéndose en socio con voz y voto en sus directorios. Contribuye a justificar moralmente el propósito el fantasma siempre funcional de la fuga de capitales, un extremo que la justicia todavía debe probar. Para los K es un precio que el gran capital debe pagar para agradecer la bonhomía del gobierno nacional & popular, resignándose a una suerte de estatización en tantas cuotas como subsidios deban proveerse.

La genialidad adolece, no obstante, de algunas cuestiones opinables. Por caso, que el aporte monetario que Vallejos destaca no se realiza a las empresas sino directamente a sus empleados, a través de la ANSES. Es una ayuda para pagar sueldos, no para mantener su valor de mercado. Además, y esto es lo central del caso, las compañías con dificultades para mantener sus nóminas se encuentran en tal situación porque el propio gobierno les ha prohibido que funcionen normalmente debido a las restricciones impuestas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sus problemas existen por una disposición expresa del Estado nacional, no por otra razón.

Es posible que la diputada homologue esta idea con lo sucedido con la crisis de las hipotecas sub prime que azotara la economía mundial hacia 2007. En los Estados Unidos, el país en donde se inició aquella deflagración financiera, la Casa Blanca movilizó un imponente paquete de ayuda para las corporaciones que, inexorablemente, se dirigían a la quiebra. La forma de hacerlo fue, precisamente, adquiriendo participaciones accionarias para mantener su capitalización bursátil. Lo que probablemente ignore Vallejos es que, a pesar de lo delicado de la situación, en ningún momento el gobierno estadounidense se propuso nacionalizar ninguna de aquellas empresas. Tan pronto la crisis hubo de amainar, el Departamento del Tesoro se apresuró a colocar en el mercado, con valores de venta mayores a los de compra, las acciones así adquiridas obteniendo, de paso, ganancias extras para los contribuyentes.

Como se advierte, el azote del Covid-19 es muy diferente precedente señalado. La actual parálisis se encuentra originada en draconianas medidas sanitarias, sin precedentes en la historia contemporánea. Vale decir que el sector privado está inmovilizado por imperio de una política pública, no por desmanejos empresarios o por alguna burbuja financiera generada por especuladores sin alma. De prosperar la iniciativa que se comenta, la Argentina perpetraría una de las mayores violaciones a la propiedad privada de las que se tengan noticia.

Sin embargo, las veleidades sovietizantes de Vallejos probablemente abreven, más que en algún espejo internacional, en las teorías de Amado Boudou, uno de los ideólogos más dañinos que haya tenido el matrimonio Kirchner. Como se recuerda, fue el exvicepresidente quien convenció a Cristina, en 2008, de estatizar los fondos de pensiones que manejaban las AFJP desde 1994.

Dado que las AFJP podían invertir los aportes de sus beneficiarios únicamente en un portafolio que prescribía la propia ley de su creación, las opciones que manejaban eran sumamente conservadoras. Una de las posibilidades era, precisamente, hacerlo en empresas de servicios públicos o grandes compañías energéticas que, por la especificidad del sector, no revestían riesgos especiales.

Al momento de su estatización, las AFJP llevaban invertidas fuertes sumas en este tipo de empresas, YPF entre otras. Boudou entendió que, como sucesora de las administradoras privadas, la ANSES tenía ahora derecho a reclamar un lugar en el directorio de aquellas, forzando al extremo el espíritu y la letra de la ley que había permitido este tipo de inversiones. Este fue el origen del desembarco de un, hasta entonces, desconocido Axel Kicillof como director estatal en la petrolera argentina que, hacia aquellos años, todavía era de propiedad de la española Repsol. Este fue el preludio de su posterior expropiación.

Como se advierte, el pasado no ayuda a desplegar una mirada indulgente a las ideas de Vallejos. Es como si, con el pretexto de alguna cruzada soberanista o de una crisis que exige mayores facultades al Estado, el kirchnerismo sacara a relucir sus dagas y se propusiera a avanzar sobre el sector privado con los argumentos más pueriles. Además, y para alentar sospechas sobre si todo esto se trata o no de una afiebrada ensoñación individual, ningún funcionario de Alberto Fernández ha salido a diferenciarse de la propuesta, como si en el fondo la Casa Rosada mirara con expectación este tipo de proyectos.

No son, claramente, buenas noticias para el futuro inmediato. En el ADN albertista el cromosoma del mercado, por ahora, brilla por su ausencia. Si a esto se le suman las restricciones impuestas sobre la concesión de créditos a tasas bajas al sector agropecuario (debe liquidar divisas para obtener algún beneficio), la ecuación es preocupante. ¿Quién financiará, por lo tanto, las inversiones que la Argentina necesita con desesperación tan pronto desaparezcan las excusas de la pandemia? ¿Las hará un Estado fundido por donde se lo mire? ¿O deberá hacerlo el sector privado, harto de impuestos y sujeto al tipo de amenazas que blanden, tan pronto advierten alguna rendija, connotados dirigentes del oficialismo? Las respuestas, de momento, son negativas para cualquiera de ambas posibilidades; nadie dijo que las revoluciones reactiven ninguna economía, ni que esta nimiedad inquiete a los revolucionarios.