Llaryora achica 14,2 % sueldo municipal y ahorrará $120 M

Despojado de sus mecanismos de presión, los empleados públicos de la ciudad trabajarán una hora menos desde hoy. Suoem espera que se levante la cuarentena para responder el “ataque” y voltear el ajuste.

Por Yanina Passero
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El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, finalmente utilizará la cobertura política (y judicial) que le ofrecen desde el Panal. La pandemia por coronavirus representa una verdadera crisis en varias direcciones, pero abrió la oportunidad de corregir vicios que se fueron naturalizando por mala praxis política: la fuerte incidencia del gasto salarial sobre los ingresos propios del Palacio 6 de Julio.

Según datos proporcionados por fuentes oficiales de la Municipalidad, los haberes de los empleados sufrirán una reducción del 14,28 % desde este mes, con la vigencia de la ordenanza que habilitó la reducción en una hora de la carga laboral. El paquete legal que aprobaron los concejales de Hacemos por Córdoba el 8 de mayo y que fue publicado en el Boletín Oficial el viernes siguiente inaugura un nuevo capítulo en la ciudad, en virtud de las limitaciones en todos los sentidos que tiene el Suoem para resistir –como hizo siempre- y quebrar la voluntad del Ejecutivo.

En adelante, Llaryora podrá descargar de los $126 mil promedio que cobra cada estatal el porcentaje que significará un ahorro de $120 millones mensuales. Por supuesto, que en mayo la cifra se reduce a la mitad porque recién desde hoy se aplicará efectivamente la disposición, cuando inicie la semana laboral ordinaria.

De los microrecortes que se fueron coordinando desde las secretarías de Finanzas y General es el de mayor impacto si se lo compara con el congelamiento salarial y posterior reducción del 30 % a la planta política o el régimen de jubilación anticipada que, como objetivo de máxima, lograría un ajuste de $76 millones.

Estas medidas, más la reducción de las prolongaciones de jornadas y horas extra, sin duda que impactarán positivamente en un gasto fijo de $1.600 millones. Lo cierto es que la caída drástica de la recaudación que experimenta el Estado en todos sus niveles hace que el esfuerzo de contener el gasto se difumine.

La avanzada de Llaryora sobre uno de los “tabúes” de la Municipalidad abrió un escenario inédito, producto del contexto excepcional que acaeció desde el 16 de marzo, cuando la Nación inició el camino que pocas horas después terminó con la cuarentena y el aislamiento social obligatorio. Se supone que estas condiciones no serán para siempre y que la guerra que el Suoem siente que hoy no puede librar se desatará con virulencia apenas regresen sus empleados a sus puestos.

En off the record, fuentes del gremio encabezado por Beatriz Biolatto y Daniel Fernández, reconocen la derrota. Prefieren calificarla de “temporal”.

Pese a las limitaciones que rigen también para el ejercicio sindical y con su principal activo devaluado (la retención de servicios), los municipales captaron la centralidad que UTA o AOITA, por ejemplo, no pudieron lograr durante el largo conflicto en el sistema de transporte urbano e interurbano, respectivamente. Prometen la revancha si el Covid-19 los deja.

Con la ordenanza peronista en ejecución, la conducción “verde” espera que se relaje la Justicia y la política empiece a atender sus asuntos habituales para frustrar el sentido de oportunidad que mostró Llaryora. La pandemia obligó a romper el acuerdo histórico entre el sindicato y los intendentes de turno que preservaba el poder adquisitivo del municipal por encima de cualquier urgencia.

Sin duda, cuando la “nueva normalidad” alcance su máximo esplendor y las mayores flexibilizaciones sean permanentes, el Suoem cree que el oficialismo sucumbirá a sus viejos métodos para voltear la ordenanza. Por ahora, se conformarán con hacer lobby político y plantear las vías judiciales a lo que consideran una violación del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández.