El Suoem busca mantener el frente activo; Llaryora, avanzar

A diez días de la sanción de la ordenanza que redujo jornadas y salarios la conducción del sindicato se esfuerza por mostrarse activa frente a sus representados más que por torcer su suerte. El Ejecutivo, por su parte, busca dar vuelta la página y avanzar en la gestión.

Por Felipe Osman

Foto: Gabriel Alvelo

La lista Verde, oficialismo en el sindicato municipal, reunió el pasado viernes a los titulares de cada una de las agrupaciones que la integran para emitir un comunicado en el que, además de cargar contra el intendente, buscó ratificar el apoyo de cada espacio a la conducción encarnada por Beatriz Biolatto y Daniel Fernández.
En otras palabras, el oficialismo en solitario -ya que no se invitó a las agrupaciones y espacios gremiales disidentes- manifestó su respaldo hacia sí mismo. A los efectos prácticos, la reunión sólo parece haber servido para confirmar que la conducción atraviesa serios cuestionamientos internos. De lo contrario, sería difícil explicar semejante paranoia.
A la vez, desde el sindicato empezó a promoverse la firma, por parte de los empleados, de un formulario concediendo al Suoem su consentimiento “a los fines (de) que promueva (…) las acciones judiciales individuales y/o colectivas (…) con el objeto de (lograr) la declaración de inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal N° 13.033 y su inaplicabilidad”, es decir, de la ordenanza sancionada el viernes 8 de mayo. Así, el sindicato se apresta a iniciar nuevas acciones legales ante la Justicia, un escenario extraño para sus reclamos, que siempre prefirieron las reparticiones municipales y el Palacio 6 de Julio como arena, algo hoy vedado por el receso administrativo dispuesto por el Ejecutivo.
Mientras tanto, la gestión encabezada por Martín Llaryora sigue siendo un interlocutor esquivo. Es lógico, sancionada la ordenanza y habiendo pasado más de una semana sin que el sindicato haya logrado enhebrar un plan de acción medianamente efectivo, el Ejecutivo se dispone a dar vuelta la página y concentrarse en otros frentes.
Desde luego, sabe que el conflicto con el sindicato municipal no es un asunto terminado, pero advierte que no merece ser el foco de sus preocupaciones, al menos, hasta el regreso de los municipales al Palacio 6 de Julio, fecha que se presume postergará cuanto le resulte posible.
La evaluación es la siguiente: el oficialismo entiende que del ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza), núcleo de las prestaciones que debe ofrecer el municipio, barrido y limpieza marchan bien, mientras el alumbrado es el único servicio, entre estos, que empieza a sufrir algunos problemas.
Los primeros están por ahora blindados por una relación razonable del municipio, y particularmente del Esop, con el sindicato de recolectores (Surrbac), que atraviesa momentos de seria debilidad: está intervenido como también los está su mutual, tiene a gran parte de su conducción jaqueada por una causa judicial que se dirime en los tribunales federales, y tiene a uno de sus líderes máximos en prisión. A escasas semanas de salir bajo fianza, Pascual Catrambone volvió a quedar detenido en el marco de una causa de violencia de género.
Adicionalmente, otra fortaleza con la que cuenta el Ejecutivo es el programa de servidores urbanos, que a través de acuerdos con cooperativas lo mune de la fuerza de trabajo necesaria para sostener iniciativas de gestión aún en el marco de un conflicto con el Suoem.
Así las cosas, desde el Palacio 6 de Julio esperan que el conflicto empiece a trasladarse hacia las Áreas Operativas que, entre otros servicios, tienen a su cargo el alumbrado, por el cual empiezan a recibirse reclamos desde los centros vecinales.

Bonificaciones
Más allá de este balance, en el que la gestión percibe tener controlado el frente abierto con el Suoem, no debe perderse de vista el hecho de que éste podría recrudecer ante un nuevo avance del Ejecutivo, ahora sobre las bonificaciones establecidas en la ordenanza de remuneraciones.
Éste, vale destacar, no se daría a través de una ordenanza, ya que no sería necesario modificar el texto de la norma. Bastaría con una decisión administrativa que revisara los criterios con los que las bonificaciones por “mano de obra especializada” venían concediéndose y estableciera criterios más restrictivos.
Estos conceptos extraordinarios llegan a significar, para sus beneficiarios, un plus de hasta un 40 por ciento del salario básico y alcanzan a la gran mayoría de los municipales que se desempeñan en tareas administrativas, con lo cual debería esperarse una amplia resistencia.