Maniobras para debilitar causas, la previa de la reforma Judicial

Los dichos de una jueza militante prepararon el terreno para instalar la urgencia de abordar un proyecto cuyo contenido se desconoce. La ex presidenta intenta usufructuarlos para evitar las esquirlas del pacto con Irán y Fernández confirmó que se revisará el funcionamiento de la Corte.

Por Maria del Pilar Viqueira

En plena crisis sanitaria, económica y social por la cuarentena, con el Judicial y el Legislativo casi paralizados y frentes de conflicto abiertos en todos los ministerios, el Gobierno instaló la necesidad de abordar su promocionada iniciativa de reforma de la Justicia, cuyo contenido se desconoce.
El terreno para impulsar el proyecto lo preparó la jueza militante Ana María Figueroa, quien dijo que fue presionada por un emisario del Gobierno de Cambiemos.
Se desconoce si las declaraciones de la vocal de la Cámara Federal de Casación Penal fueron espontáneas o si respondieron a un plan, pero las lecturas y tergiversaciones del arco oficialistas sobre sus afirmaciones generan sospechas fundadas.
Cabe recordar que a principios de mes, entrevistada por un periodista radial, Figueroa denunció que fue presionada durante la Administración de Mauricio Macri.
Sin dar nombres, afirmó que un ex funcionario del Ministerio de Justicia se apersonó en su oficina para indicarle cómo sentenciar en una causa.
Cuando el conductor del programa le pidió que precisara en el marco de qué expediente ocurrió el hecho, respondió: “No lo tengo muy presente, pero me parece que fue el de la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán”.
Cristina Fernández de Kirchner usó Twitter para difundir su propia lectura de la versión de Figueroa: dio por sentado que se refirió al actual procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, y a las actuaciones sobre aquel pacto que la tienen como procesada como presunta encubridora de los iraníes sindicados como autores del atentado a la AMIA.
Mahiques reaccionó casi al instante. “Me gustaría que Figueroa aclarase que jamás acudí a su despacho y que no existió el intercambio que se insinuó”, escribió en la red social del pajarito.
El bochornoso cruce obligó a Figueroa a hacer un descargo. “No dije que era Mahiques, dije que era una alta autoridad. Realmente fue muy complicado”, manifestó, aclarando que el reportero fue quien se refirió a Mahiques, no ella.
Horas después, aunque la pregunta que sobrevolaba válidamente en era por qué Figueroa no denunció en tiempo y forma su calvario, referentes del Gobierno ya intentaban sacar rédito político de la entrevista. Oscar Parrilli anticipó que pediría la nulidad del fallo dictado por la Casación en las actuaciones por encubrimiento en las que es consorte procesal de la vice mandataria. Aunque no se trate de la causa a la que aludió Figueroa, el precipitado senador expuso que la voluntad de los jueces estuvo viciada al confirmar su incriminación y la de su jefa política.
En tanto, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero adelantó que se retomaría la discusión por la reforma judicial.
Ni la desmentida de la camarista ni el paso en falso de Parrilli frenaron a Fernández de Kirchner, quien expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el confuso episodio narrado por la magistrada acreditaba su condición de víctima de “lawfare”.
Ese planteo generó una denuncia por parte del abogado de los querellantes por el presunto encubrimiento a iraníes en la pesquisa por el ataque a la AMIA, Tomas Farini Duggan. Sin medias tintas, el letrado aseguró que el escrito de la ex mandataria hablando de “persecución” por parte del macrismo contiene citas falsas de Figueroa, “como si todo hubiera estado planificado de antemano”.
Por lo pronto, el Gobierno ya reclutó a operadores para acelerar el tratamiento de su agenda indeterminada para el Judicial. Luego de que Alberto Fernández confirmara que el proyecto está listo para ser enviado al Congreso, el titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, Alberto Lugones, respaldó la implementación de cambios para que el sector logre “un mayor acercamiento a la realidad”.
Paralelamente, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal y discípulo del ex supremo Eugenio Zaffaroni, Alejandro Slokar, estimó que la modernización de estructuras “es indispensable”.
Además, para ratificar su lealtad, Slokar, miembro de Justicia Legítima, sostuvo que el anuncio de reforma fue “el pasaje más aplaudido” del discurso inaugural que dio Fernández en las sesiones ordinarias del Congreso.
Ayer, el presidente insistió con que es vital “tratar de ordenar el sistema y terminar con los espacios cerrados que le permitían a muy pocas personas manejar un poder enorme”.
Fernández confirmó que su iniciativa incluye revisar el funcionamiento de la Corte Suprema y advirtió que aunque piensa que no debe aumentar el número de ministros escuchará a expertos.
Se descuenta que el listado de especialistas incluirá a Zaffaroni, quien en 2013, cuando aun integraba la Corte y se debatía la polémica “democratización de la Justicia”, recomendó ampliar la cantidad de miembros del tribunal, con funciones diversificadas.
La otra alternativa que sugirió fue poner en marcha una reforma constitucional para dividir las competencias actuales del Máximo Tribunal.

Núcleo duro
Hasta ahora, los únicos que ventilaron propuestas concretas para modificar la Justicia integran el núcleo duro del kirchnerismo.
En plena campaña, el Manifiesto Argentino pidió la aniquilación del Judicial como poder del Estado y su reemplazo por un “servicio”. Es decir, reeditó la fallida democratización de la Justicia, con esteroides.
Por su parte, Zaffaroni habló de la necesidad de reformar la Carta Magna, de implementar “parches” en la estructura del Judicial, de revisar expedientes por corrupción que involucran a ex funcionarios kirchneristas y de intervenir la Justicia de Jujuy por la situación procesal de Milagro Sala.