El Frente de Todos sigue con atención el conflicto en la Municipalidad

“Preocupación” es la palabra utilizada para definir el escenario en el Palacio 6 de Julio. Aseguran que el intendente no habló de la ordenanza con los funcionarios del gobierno nacional.

Por Bettina Marengo

El recorte salarial para los empleados del Suoem que impulsó, vía ordenanza, el Departamento Ejecutivo Municipal que encabeza Martín Llaryora descolocó a la dirigencia del Frente de Todos, que asume “preocupación” por el escenario que abre. Pero en medio de una crisis sanitaria y de recaudación que asola a todos los niveles del Estado, el perfil bajo se impone y, aunque consideran que es una medida “no peronista”, en lo inmediato se mantendría la cautela declarativa.

Sí hay una concreta preocupación por dos motivos: por un lado, que la ordenanza capitalina sea una avanzada que provoque una seguidilla de imitaciones en los municipios del interior que hoy están dependiendo de los ATN que envía la Casa Rosada para costear gastos corrientes. Muchos intendentes y jefes comunales ya avisaron que tienen resto para pagar sueldos de mayo o junio como máximo. Y se trata de salarios que suelen estar debajo de la línea de pobreza.

Por otra parte, avisan que el temor viene de antes, vinculado a la “herencia recibida” por parte del exintendente Ramón Mestre.

Lo que se afirma en el entorno frentetodista es que Llaryora no hizo el ajuste sin contar con el aval y/o el pedido del gobernador Juan Schiaretti, que a escala mayor tiene sus propios problemas financieros y que comenzó con una poda en salarios y jubilaciones altas que podría profundizarse. En esa línea, en las actuales circunstancias, y con un virtual acuerdo político entre el mandatario cordobés y el presidente Alberto Fernández, desde el gobierno nacional no saldrían a moverle la cadena al perro.

Sin embargo, no pasó desapercibida en la dirigencia albertista la nota del periodista Horacio Verbitsky en la edición del domingo pasado del sitio web El Cohete a la Luna, donde criticó el recorte salarial de Llaryora “invocando la pandemia” y sostuvo que “el cordobesismo del gobernador Juan Schiaretti avaló la amputación”. Verbitsky es uno de los periodistas de consulta de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a la sazón, pata fundamental de la coalición peronista que gobierna el país. Varios de los dirigentes que accedieron a hablar del tema con este diario mencionaron el texto citado como una mirada del espacio.

Por lo demás, el intendente no habría llevado a la Rosada la ordenanza municipal. “No hay comunicación”, dijo una fuente “y menos para una reforma laboral”, agregó. En cualquier caso, el foco de la Nación está puesto hoy en otras urgencias como la negociación con los bonistas, que ingresó en cuenta regresiva. “No hay lugar más que para la pandemia y la deuda, no hay margen para otras discusiones políticas”, aclaran. Llaryora no habría querido jugar por fuera del ejido del gobernador, quien centraliza el vínculo del oficialismo provincial con la Nación.

Por ahora, la CGT

De momento, son los referentes gremiales alineados al Frente de Todos quienes salieron a hablar. La CGT Regional Córdoba ayer respondió duramente a los empresarios del G6 que aplaudieron el recorte en el municipio. El texto está firmado por su titular, José Pihén, y tiene letra de Ilda Bustos y Juan Monserrat, dos dirigentes del espacio albertista cordobés. La central obrera acusó al empresariado local (que ya ve acá una versión del “UTA case” del Ramón Mestre del 2017) ser “los principales beneficiarios de las acciones que lleva adelante el Poder Ejecutivo Nacional como los programas de fomento, la reducción impositiva, los PPP, los subsidios estatales para la promoción del empleo, la baja de tasas de interés en los bancos oficiales, la asistencia financiera para abonar el 50% de los salarios del sector privado”. Y en el caso de la Provincia, de “los reembolsos y desgravaciones varias en función de fomentar la actividad económica, todos realizados con el aporte de todos los cordobeses”. Fuera del tema Suoem, la CGT reclamó un apoyo concreto al gobierno de Alberto Fernández en “la renegociación de la deuda externa que lleva adelante “con el apoyo de los gobiernos provinciales”, algo que el G6 no hizo, a diferencia de sus pares nacionales.